El líder de los monjes benedictinos, responde que «el problema radica entre el gobierno español y la familia del general Franco»Raquel Ejerique

El abad de Solesmes (Francia), líder de los monjes benedictinos, responde a eldiario.es que «el problema radica entre el gobierno español y la familia del general Franco», cuyos intereses defiende el prior Cantera

Los acuerdos Iglesia-Estado establecen que los templos son inviolables: aunque el Consejo de Ministros apruebe la exhumación es necesario que la autoridad eclesiástica permita la entrada, algo a lo que se niega

Ni la Santa Sede ni el superior del prior, que fue candidato de falange y que oficia misas en honor al bando franquista, van a obligarle a ceder ante el Gobierno y esperan a la resolución del Tribunal Supremo

El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, tiene también el apoyo de su superior, el abad del monasterio benedictino de Solesmes (al oeste de París), y única autoridad -junto al Vaticano- que puede torcerle el brazo en  su decisión de no dejar entrar al Gobierno en la basílica donde está enterrado Francisco Franco. El problema, esperado por el Ejecutivo pero no por ello un problema menor, es que de momento ninguno de los superiores del prior va a hacer nada y Cantera es la autoridad competente para decidir que se abra o no a los técnicos la puerta de la basílica, ya que por los Acuerdos Iglesia-Estado los templos son inviolables. Fuentes eclesiásticas apuntan a que la Iglesia está esperando a que decida el Tribunal Supremo. Si, mientras estudia el recurso de la familia, no paraliza la exhumación, se abrirá la basílica. Pero la idea es no acatar la decisión del Gobierno sin que esté validada por un organo externo, en este caso el alto tribunal.

Cuando en junio del año pasado Pedro Sánchez anunció que se exhumaría al dictador del Valle de los Caídos, un lugar público financiado en su totalidad con dinero público, el prior recibió un documento notarial de los siete nietos de Franco en el que mostaban su oposición a la exhumación de su abuelo. Ese documento es la coraza que el prior está utilizando para aplacar los deseos del Gobierno y del Congreso para sacar de allí el cuerpo embalsamado. En una alegación enviada a la ministra de Justicia le ha dejado claro que no les va a dejar pasar. Al menos, hasta que decida el Supremo, «dado el carácter conflictivo de la decisión», como dijo a Dolores Delgado.

El Vaticano, la autoridad última, ya ha dicho que de momento no se va a inmiscuir y su portavoz ha señalado en una nota que «el asunto concierne a su familia, al Gobierno español y a la Iglesia local», obviando que uno de los suyos es quien impide el paso y esperando también acontecimientos políticos y judiciales.

eldiario.es ha preguntado al superior inmediato de Cantera, el abad Philippe Dupon, que, a través de su asistente y por correo, se ha echado también a un lado: «El padre s iempre compartirá la decisión tomada por la Santa Sede, en este punto, como en todos los puntos». Y continúa avalando la actuación del prior, a quien quita de la ecuación: » Parece que la cuestión del entierro de Francisco Franco no concierne tanto al monasterio de Valle como a su familia. El problema radica, por tanto, entre el gobierno español y la familia del general Franco». Es decir, ni la orden benedictina ni la Santa Sede tienen previsto intervenir porque consideran que no es cosa suya. El abad francés no ha respondido a las preguntas de si está de acuerdo con la decisión del prior ni si el Gobierno de Sánchez se ha puesto en contacto con él.

En un primer momento, el cardenal Osoro -hombre del Papa Francisco que es el líder del Arzobispado pero no el jerárquico del pior-  intentó convencer a Cantera para allanar el camino y mostró al Gobierno que la Iglesia no estaría (esta vez) de parte de Franco sino del cumplimiento del decreto ley aprobado en Consejo de Ministros y validado por el Congreso de los Diputados. Pero  Santiago Cantera se negó a acatar, visitó a su superior el abad del monasterio francés de Solesmes y volvió a España con la misma decisión, la de no dejar entrar en la basílica alegando que la familia no quería la exhumación y haciendo valer ante el Estado su autoridad eclesiástica.

Lo puede hacer porque así se lo permiten los Acuerdos Iglesia-Estado posfranquistas validados en 1979 y que tienen categoría de acuerdo internacional. «Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad», dice el artículo 1, dejando claro que el Gobierno no podría entrar en la basílica del Valle de los Caídos, donde yace Franco, si el prior se opone.

Además hay otro blindaje.  El informe de expertos nombrados por el Gobierno de Zapatero dejó por escrito en 2011 en su análisis que los cuerpos enterrados en la basílica (más de 33.000) son competencia pública, al considerar que conforman un cementerio estatal, excepto dos cuerpos: el cadáver de Franco y el de José Antonio Primo de Rivera, que son competencia del «abad, la suprema autoridad en la Basílica», ya que están en la propia iglesia, frente al altar mayor. En esta concesión que se hace al líder de los benedictinos sobre los cuerpos del dictador y el falangista puede encontrar un refuerzo Santiago Cantera, que  todavía oficia misas en honor al bando franquista y que fue candidato de Falange en las elecciones de 1993 y en las europeas de 1995.

Esta semana se abrirá el plazo para las últimas alegaciones de la familia, que el Gobierno resolverá en diez días. A partir de ahí, el Consejo de Ministros dirá cuándo y cómo se va a exhumar y a dónde irá el cuerpo de Franco, previsiblemente al cementerio de Mingorrubio (El Pardo), después de que un informe desaconseje La Almudena por problemas de orden público. Tras ese acuerdo de los ministros, los nietos podrán volver a pedir la paralización del proceso al Supremo como medida cautelar del contencioso que han puesto contra la decisión del Gobierno.

Si el Supremo no paraliza cautelarmente la exhumación, la Iglesia podría dejar de poner trabas y se podría sacar el cadáver, según fuentes eclesiásticas, aunque el prior siempre podría decidir que quiere esperar a un fallo definitivo del Supremo, lo cual eternizaría el proceso y lo podría malograr si hay un cambio de gobierno. Si el tribunal paraliza los trabajos como medida cautelar hasta que se emita un fallo, el prior hará valer su autoridad en la basílica, ya que tiene la capacidad de impedir que el dictador salga de la iglesia del Valle de los Caídos y dar al traste con el decreto ley y el acuerdo del Congreso hasta que emita un fallo definitivo el Tribunal Supremo.

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