El Supremo tiene que rechazar la petición de paralización que han anunciado nietos y el prior del Valle tiene dar su brazo a torcerRaquel Ejerique / Irene Castro

Lo más fácil es sacar el cuerpo: tres horas de trabajo y 3.700 euros de coste para levantar la lápida, sacar al dictador embalsamado y sustituir la piedra funeraria por pavimento de mármol negro

Para llegar a eso, el Supremo tiene que rechazar la petición de paralización que han anunciado nietos y el prior del Valle tiene dar su brazo a torcer y abrir la puerta de la basílica a los técnicos

El Gobierno asegura que la fecha y hora serán públicas, que entrará en el templo usando una fórmula legal y está determinado a sacar el cadáver antes de las próximas elecciones del 28 de abril

El Consejo de Ministros ha acordado este viernes la mudanza del cadáver de Franco. De un lugar público sostenido con dinero público como el Valle de los Caídos, a un cementerio privado o cualquier lugar que no sea la catedral de la Almudena, donde pretendían inhumarlo los nietos.

El Gobierno les ha dado 15 días extra para que se piensen dónde quieren llevar a su abuelo, siempre que no sea la catedral. Si no lo hacen o no hay acuerdo entre ellos, lo decidirá el Ejecutivo. Cuando pasen esos 15 días de plazo, otro Consejo de Ministros ordenará la salida del cuerpo embalsado y decretará dónde va el cuerpo. Según fuentes del Gobierno, todo el proceso será público, se dirá el día y la hora de la exhumación y la posterior inhumación.

Lo más fácil del periplo administrativo es la técnica para sacar a Franco. Tienen que ir unos especialistas, levantar la lápida con una pequeña grúa, guardarla en el lugar «que se determine», y «tapar el hueco utilizando baldosas de mármol negro Marquina», según el informe técnico de Patrimonio Nacional adelantado por El Periódico. Así, la basílica del Valle de los Caídos tendrá su aspecto original anterior al enterramiento con pompa y honores del dictador, en 1975. El informe calcula tres horas de trabajo para sacar el cuerpo. Para reponer el suelo y dejarlo similar a las baldosas que rodean ahora la tumba, se calculan otros dos días de trabajo. El coste total, 3.738,90 euros IVA incluido.

Pero para llegar hasta ahí, el Gobierno aún tiene que pasar algunas pruebas. Por ejemplo, que el prior deje pasar a los técnicos. Santiago Cantera, de juventud falangista y que ha oficiado homilías en honor al dictador, ha negado la autorización al Ministerio de Justicia. Aduce que hay un  conflicto entre los deseos de los Franco y lo que pretende hacer el Gobierno y ha anunciado que o se lo ordena un juez o no abre la puerta. Se atrinchera porque los acuerdos Iglesia-Estado firmados por el Vaticano y España decretan el carácter inviolable de los templos. Una medida que pretende garantizar la protección y libertad de culto, pero que en la práctica sirve a Cantera para no abrir para la exhumación.

La Iglesia española, con el cardenal Osoro a la cabeza, empezó diciendo que no iban a ser un obstáculo para la exhumación y que harían lo que ordenara el decreto. Sin embargo, con el paso de los meses han matizado este parecer. El portavoz de los obispos dijo recientemente en TVE que no podían tomar partido y que esperarían a una «decisión judicial», alineándose con la postura del prior.

La ministra de Justicia se ha mostrado firme tras el Consejo de Ministros del viernes. La Iglesia no va a ser un obstáculo y tendrá que cumplir la orden. Si no, ha sugerido fórmulas legales que se emplearán para entrar en la basílica, quieran o no lo monjes benedictinos: «El Gobierno puede tomar decisiones necesarias. Es un lugar de culto pero no excluye la actividad de la autoridad civil». Fuentes de la Conferencia Episcopal (el órgano de gobierno de los obispos) señalan que no tienen comentarios que hacer porque es cosa de los benedictinos. eldiario.es ha contactado con el prior, que tampoco ha respondido.

Además de los religiosos, el Tribunal Supremo tendrá un papel decisivo para que salgan o no los restos de Franco en los próximos días. Los nietos, además de alegar y oponerse al proceso administrativo que abrió el Gobierno, pusieron a final de año un contencioso administrativo contra el decreto para sacar a su abuelo ante el Supremo. Consideran que es una ley de caso único y que lesiona sus derechos como familiares. La justicia admitió a trámite la demanda. En diciembre, los nietos pidieron la paralización de la exhumación hasta que hubiera una sentencia sobre el caso, las famosas medidas cautelares. La respuesta del Supremo fue que aún no se había ordenado la exhumación y que volvieran cuando el Gobierno diera la orden. Los nietos han anunciado este viernes que van a pedir las ‘cautelarísimas’ para que se paralice todo. Si lo hacen, la decisión será rápida porque en ese caso el Supremo podrá decidir sin consultar a las partes. Si no obtienen el resultado esperado, los Franco podrán pedir las cautelares, que implican escuchar al Gobierno y esa decisión se podría retrasar algo más. La Fundación Nacional Francisco Franco y la Abadía benedictina también recurrirán en sentido similar a la familia.

El Gobierno, sin embargo, se siente seguro que del cadáver de Franco va a salir del Valle antes de las recién convocadas elecciones del 28 de abril y fuentes gubernamentales se muestran convencidas de que el Supremo no paralizará la exhumación, por lo que descartan esquivar la decisión judicial con una exhumación exprés.

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