El Gobierno se atribuye la potestad de decidir unilateralmente en 15 días una nueva ubicación ante el rechazo de la familia a ofrecer una alternativa a La AlmudenaJAVIER CASQUEIRO

Madrid 15 FEB 2019

La disputa por la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos ha acompañado todo el mandato de Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros aprobará este viernes un “acuerdo motivado” con el último trámite para ejecutar por su cuenta y en 15 días la reinhumación tras constatar el rechazo de la familia a señalar un sepulcro alternativo. Patrimonio Nacional tiene un proyecto para hacerlo en horas, con una obra “menor” y por menos de 3.800 euros.

El Consejo de Ministros de este viernes no tendrá que aprobar ningún nuevo real decreto sobre la exhumación de Franco. Esa norma con la que se modificaron algunos aspectos de la ley de memoria histórica ya se acordó el 24 de agosto y sobre la misma se iniciaron en verano unos procedimientos administrativos que sirvieron para que el decreto fuese convalidado en septiembre por el Congreso con solo dos votos en contra. El presidente Pedro Sánchez llegó a pronunciarse sobre que la reubicación iba a realizarse “en breve”.

El procedimiento se ha prolongado ya siete meses. El Ejecutivo se justifica en su escrito final achacando toda la culpa de esos retrasos a los familiares de Franco y a fundaciones y asociaciones relacionadas con el dictador y el Valle de los Caídos por presentar todo tipo de recursos y querellas contra la instructora de la causa y miembros y funcionarios de los ministerios responsables y de Patrimonio Nacional, que gestiona el mantenimiento del recinto.

El acuerdo del Consejo de Ministros corroborará que, ante la falta de un consenso sobre la ubicación, tendrán que actuar unilateralmente. Y advierten: “Corresponderá al Gobierno la decisión sobre el mismo, lo que hará con máximo respeto a la dignidad de la familia y el decoro propios de una actuación como la prevista”.

El tono conminatorio del Ejecutivo se aprecia en esta referencia: “La decisión del Gobierno contará con todos los avales jurídicos necesarios que garantizan su legalidad”. Y remacha: “Transcurrido este último plazo procederá la ejecución material del acuerdo”.

Para ejecutar técnicamente ese acuerdo se cuenta, además, con un informe reclamado por la subsecretaria del Ministerio de Justicia el 15 de noviembre a Patrimonio Nacional sobre las actuaciones arquitectónicas necesarias en la basílica de Santa Cruz del Valle de los Caídos. Ese documento es el que se envió al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, donde está la basílica, para obtener el permiso para llevar a cabo las obras de cantería necesarias para retirar la losa berroqueña (226 centímetros por 119 y 20 de espesor) que cierra el hueco excavado en el suelo.

Una obra menor

Ese proyecto prevé que los operarios tendrán luego que mover el sepulcro y reponer el solado original con seis piezas de mármol negro Marquina idénticas a las existentes. Patrimonio específica que esos trabajos son sencillos y “menores” y los puede hacer cualquier funeraria en unas pocas horas pero no precisa ni qué empresa ni de dónde. Y asegura que desde el punto de vista patrimonial “no afectarían a las consideraciones arquitectónicas del inmueble”. El presupuesto estimado de esos trabajos es de apenas 3.738 euros.

El Gobierno se ha visto sorprendido por ese bloqueo y por el rechazo de los Franco a negociar alguna alternativa que no fuese la ubicación de los restos del dictador en la cripta familiar comprada en la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid. El acuerdo motivado que ha refrendado el Ejecutivo este viernes se argumenta jurídicamente en que disponen de un “mandato legal” para retirar la tumba del dictador de un lugar de culto y de un monumento impropio de una democracia. Y para descartar La Almudena se parapetan tras el informe de la Delegación del Gobierno en Madrid que advierte sobre que ese espacio comportaría “evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad tanto en la propia catedral como en el entorno”.

El informe gubernamental argumenta que la opción planteada por la familia en La Almudena no es asumible “por la exaltación que supone mantener nuevamente la tumba de Francisco Franco en un lugar accesible y abierto al público”.

El Ejecutivo insiste, sin embargo, en conceder un último plazo a la familia de 15 días para que precise un lugar de reinhumación diferente que cumpla con las condiciones estipuladas por la ley de memoria histórica y la seguridad pública. El albacea de los Franco ya ha indicado que la familia sostiene que no tienen ni quieren una tumba alternativa, que recurrirán la decisión del Gobierno al Tribunal Supremo y que pedirán medidas cautelares.

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