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El franquismo que no cesa

Xavier Caño. Nueva Tribuna, | 12 marzo 2019

Alguien ha escrito hace poco que Franco ha muerto, pero el franquismo noAlguien ha escrito hace poco que Franco ha muerto, pero el franquismo no. Eso explicaría, por ejemplo, los obstáculos que impiden al Gobierno de Sánchez sacar los restos del dictador del mausoleo del Valle de los Caídos para ser enterrados en otro lugar sin honores, fastos ni boatos. Trabas que no se explican solo por la actuación de la familia del dictador, pues también han presionado para impedirlo desde la política, judicatura, Iglesia y algunos medios de comunicación muy beligerantes al respecto. Una muestra, un tanto surrealista, de esa pervivencia del franquismo sería una decisión judicial que suspendió el traslado de los restos de Franco ¡por incumplir normas urbanísticas! Aunque ese obstáculo lo desmontó la propia Comunidad de Madrid. Pero tal vez explicaría también que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite el último recurso de la familia Franco contra la decisión del Gobierno de exhumar del Valle de los Caídos los restos del dictador.

Y lo cierto es que, a pesar de alardear tanto de que se hizo una Transición ‘modélica’ de la dictadura a la democracia, no fue tan así. Para empezar, el jefe del Estado tras Franco no fue elegido por partidos ni ciudadanía alguna sino designado por el propio dictador, lo que es realmente significativo y esclarecedor.

Cabe reconocer alto y claro que en el Reino de España no se ha borrado, ni de lejos, todo lo que pueda recordar al franquismo. Desde no haber ni siquiera abordado oficialmente el grave problema de los 140.000 desparecidos forzados enterrados en miles de cunetas, hasta el incumplimiento sistemático de la ley de memoria histórica que ningunea a víctimas y familiares y, sobre todo, la impunidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados por la dictadura desde 1936 hasta los sesenta.

La realidad innegable es que España no se ha ‘desfranquistizado’. No se ha hecho como sí se desnazificó Alemania tras el fin de la II Guerra Mundial. Lo hicieron los alemanes y si alguien saluda hoy con el brazo en alto al estilo nazi, aunque sea bromeando, es castigado. Y, por supuesto, en Alemania no hay ninguna Fundación Hitler sostenida con dinero público ni tampoco hay calles y plazas con el nombre de responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad como sí hay en España, ni hay tampoco cinco o seis fundaciones en homenaje y a la memoria de franquistas irredentos. Eliminar y erradicar el franquismo en este país es una asignatura pendiente nunca afrontada con voluntad política, y menos aún resuelta, que desvela la menor calidad democrática del Reino de España. La democracia es más que votar cada cuatro años.

Hace unos días, el rey Felipe VI, actuando como jefe del Estado, dijo en Barcelona que España es una democracia ‘completa’. Pero no lo es. Como tampoco es cierto que en este país no haya democracia, como pretenden algunos cerrados de mollera más movidos por emociones que por razones. ¿Sin embargo, como puede este país ser una democracia completa si aún no se ha desprendido del franquismo? ¿Qué otra cosa puede significar que en Andalucía haya irrumpido en el parlamento regional el partido franquista, antifeminista, agresivo y xenófobo VOX?

La desnazificación de Austria y Alemania fue impuesta por los aliados tras su victoria sobre la Alemania nazi. Cierto. Pero se hizo. Reforzada por los acuerdos de Potsdam, la desnazificación limpió posos y rastros nazis de la sociedad, cultura, educación, prensa, justicia, instituciones y política de Alemania y Austria. Ambos estados se desnazificaron y no es de recibo pretender descalificar esa desnazificación porque tiempo después hayan surgido grupos políticos xenófobos y autoritarios. Los grupos neonazis y xenófobos han nacido y se han desarrollado al calor de la crisis de 2008, las políticas de austeridad impuestas que empobrecieron a la ciudadanía europea y la contrarrevolución conservadora a favor de los más ricos, iniciada en Occidente en los ochenta, encabezada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher.

Investigar los crímenes del franquismo

En España no ha habido una eliminación del franquismo de la sociedad similar a la desnazificación alemana ni en pintura. Ni siquiera hay una conciencia colectiva de haber vivido bajo una dictadura criminal. Prueba de esa ausencia de conciencia colectiva es la presunta equidistancia con la que se han querido mostrar las actuaciones de la República y de la dictadura franquista, cuyos últimos años, por cierto, no fueron de ‘dictablanda’, como algunos han pretendido. La dictadura franquista fue esencialmente represora y autoritaria y murió matando. Las últimas ejecuciones del franquismo se perpetraron el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, donde fueron fusilados tres miembros del FRAP y dos de ETA. Esas últimas ejecuciones franquistas, poco antes de la muerte del dictador, provocaron una ola de protestas y condenas contra el Gobierno español dentro y fuera del país. Pero no abrieron el proceso para eliminar el franquismo.

Un obstáculo enorme para erradicar el franquismo es hoy la ley de Amnistía de 1977 porque eliminar el franquismo pasa necesariamente por reconocer, investigar y juzgar los crímenes de la dictadura. Y esa Amnistía de 1977 impide que siquiera se inicie, y aún menos avance y prospere, investigación alguna de los crímenes franquistas. En realidad, es un veto en toda regla a cualquier petición de verdad, justicia y reparación a las víctimas de la dictadura, descendientes y familiares.

La razón aducida por tan rechazable postura política es que hay que olvidar y no reabrir heridas. Pero, si una herida se cierra en falso y sin limpiar, se pudre, se infecta. Además de olvidar que países desarrollados de ‘nuestro entorno’ (Alemania, Austria, Italia) han emprendido y consumado los procesos para juzgar y borrar cualquier resto de las dictaduras que sufrieron. Se ha hecho en Italia con el fascismo y en Alemania y Austria con Hitler y el nazismo. En Alemania, cualquier intento de reivindicar el nazismo o a los nazis es un delito perseguido por los tribunales.

Una ley de punto final

Pero aquí se cumplieron cuarenta años de la ley de Amnistía de 1977 sin que pudieran ser investigados los crímenes de guerra y de lesa humanidad de la rebelión militar, guerra civil y dictadura. Ley inaceptable que viola la legislación internacional sobre derechos humanos porque impide cualquier investigación y juicio de los crímenes del franquismo como exige la legislación internacional de derechos humanos cuyos tratados ha firmado y ratificado España y por tanto la obligan. Así lo han denunciado varias ONG de derechos humanos y la propia ONU. Han denunciado a España por esa ley de Amnistía el Grupo contra Desapariciones Forzadas de la ONU, el Relator Especial de la ONU por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas Pablo de Greiff, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Esta última organización, cuando acusaron y juzgaron al magistrado Garzón por prevaricación por investigar crímenes de la dictadura, denunció sin atisbo de duda que «las autoridades españolas deben derogar la Ley de Amnistía de 1977, como ha propuesto la ONU, en vez de investigar a un magistrado que intentaba que se rindieran cuentas por los crímenes del pasado».

Ochenta años después, en España continúa sin reconocerse oficialmente lo qué pasó, quién ordenó las ejecuciones, quién practicó las detenciones, y qué sucedió a los 114.266 desaparecidos forzados judicialmente documentados. De todas las denuncias de crímenes contra la humanidad perpetrados por la dictadura franquista de 1936 a 1951 no se ha investigado ni uno. En 2008 se abrieron 47 causas más con la misma petición de investigación y juicio, pero todas se rechazaron con el mismo pretexto de la Ley de Amnistía del 77. Como también se rechazó investigar los crímenes franquistas en diciembre de 2016 porque PP, Ciudadanos y PSOE votaron en el Congreso de los Diputados contra una proposición de ley de Unidos Podemos que añadía un artículo a la ley de Amnistía del 77 que resolvía el problema. Ese artículo establecía que la amnistía que concedía esa ley no era aplicable a delitos de torturas, desapariciones forzadas, crímenes genocidas o de lesa humanidad perpetrados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Por eso el Congreso ha sido denunciado por organismos internacionales y ONG defensoras de derechos humanos que han acusado a la Ley de Amnistía española de ser una ley de punto final e impunidad de graves crímenes que nunca prescriben según el derecho internacional, como las leyes de punto final de Chile y Argentina bajo dictaduras militares. Pero en ambos estados finalmente sí se derogó la impunidad de las dictaduras.

¿Hasta cuándo se mantendrá esta injusticia en España?

https://www.nuevatribuna.es/opinion/xavier-cano/el-franquismo-que-no-cesa/20190312085049160922.html