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¿Una Ley de Concordia con quien llama ‘buscahuesos’ a las víctimas?

Antonio Avendaño. El Plural, | 22 marzo 2019

El pacto con Vox compromete a Juanma Moreno a sustituir la Ley de Memoria Democrática por una Ley de ConcordiaEl pacto con Vox compromete a Juanma Moreno a sustituir la Ley de Memoria Democrática por una Ley de Concordia, pero el consenso con la izquierda será imposible

ANTONIO AVENDAÑO Viernes, 22 de marzo de 2019

La memoria histórica regresó al Parlamento de Andalucía por dos caminos: el primero, por la mañana cuando un ex guardia civil y diputado de Vox llamaba despectivamente “buscadores de huesos” a quienes pretenden recuperar los restos de sus familiares asesinados por el franquismo; el segundo, por la tarde cuando con el voto de todos los grupos salvo el de Vox el Pleno aprobaba, aunque no en todos sus extremos, una iniciativa del PSOE instando al Gobierno de Juanma Moreno a cumplir la Ley de Memoria Histórica y Democrática.

Una soledad relativa

El partido ultraderechista se quedaba solo en esa votación, como también se quedaría solo un poco después cuando la Cámara votó su proposición no de ley instando al Gobierno central, a través de la Junta, a obligar a Salvamento Marítimo a no actuar como  “servicio de taxis con puntos de recogida de inmigrantes”.

La querencia de los diputados de Vox a cruzar determinadas líneas rojas está teniendo el paradójico efecto de unir ocasionalmente a la izquierda y a la derecha contra ellos. Se trata, no obstante, de una soledad no del todo solitaria, pues el grupo ultra cuenta con la indulgencia ante sus excesos de los 47 diputados de PP y Ciudadanos, que necesitan a los 12 de Vox para garantizar la estabilidad del Gobierno de Juanma Moreno.

“Una ley para todos”

El presidente intentó ayer tapar el boquete que puede abrirse en su flanco derecho anunciando que su Gobierno presentará en el Parlamento un proyecto de Ley de Concordia, según reza el compromiso firmado por el PP con Vox para hacerlo presidente. Moreno quiere que esa futura ley “mejore” a la actual de Memoria y represente de verdad a “todos los andaluces”.

Consciente de los apuros políticos que este asunto hace pasar a PP y Ciudadanos, el PSOE había presentado una iniciativa nominalmente orientada a instar al Gobierno al desarrollo efectivo de la Ley de Memoria, pero sigilosamente interesada en agudizar las contradicciones entre la derecha normal y la otra.

Una muestra de esas contradicciones la evidenciaba por la mañana el diputado ultra y ex guardia civil Benito Morillo, cuando en su intervención llamaba sin pestañear “buscadores de huesos” a las familias de las víctimas del franquismo cuyos restos intentan recuperar con ayudas públicas de la Junta de Andalucía. La consejera Patricia del Pozo (PP) se ha comprometido sin reservas a seguir otorgándolas.

Juez y parte

Morillo contrapuso los crímenes de los golpistas del 36 con los cometidos por “las milicias del Frente Popular” en Jaén o en Almería, pero nada dijo de la dignidad, el respeto y aun los honores con que el Estado español ha tratado a unas víctimas y a otras.

La intervención descarnadamente revisionista de Morillo desató la indignación de la bancada de la izquierda, lo que a su vez obligó a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, a mediar pidiendo a sus señorías “calma y respeto”. La mediación presidencial fue muy del agrado de los diputados ultras, que se pusieron en pie para aplaudirla.

Un cierto consenso

La iniciativa del PSOE –a quien Ciudadanos afeó unas prisas que contrastarían sospechosamente con su supuesta pachorra cuando era gobierno– instando al desarrollo efectivo de la Ley de Memoria se aprobó sin votos en contra, aunque no en todos sus puntos: ocho de los 21 obtuvieron el apoyo de todos los grupos salvo Vox y los 13 restantes –algunos de ellos con comprometedoras exigencias concretas de fechas y plazos– fueron rechazados porque las derechas votaron juntas.

Vox se quedó solo al votar en contra del punto que instaba al Gobierno andaluz a impulsar las 60 actuaciones ya aprobadas y autorizadas por la Junta en diferentes fosas (hay unas 700 en toda Andalucía).

También estuvo de acuerdo toda la Cámara, salvo Vox, en mantener el convenio con la Universidad de Granada para crear un banco de ADN que permita identificar a las víctimas y en tramitar los expedientes con los que se están inventariando los 50 Lugares de Memoria declarados por la anterior Administración autonómica.

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