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Muerte y depuración: el plan del franquismo para los 80.000 campesinos extremeños que ocuparon tierras

Jesús Conde. El Diario, 13/04/2019 | 16 abril 2019

El régimen impuso el terror contra los miles de jornaleros que en marzo de 1936 se habían lanzado a la ocupación de 3.000 fincas de terratenientesFueron el núcleo de la represión en la provincia de Badajoz, una de las más castigadas con al menos 11.000 víctimas, una cifra que sólo supera Sevilla

El final de la guerra civil hace 80 años supuso la vuelta a un sistema caciquil y medieval en el mundo agrario, el sustento del que dependía toda la región

“Curtidos en el campo, del color de la tierra, rudos, veteranos (…) Solo a fuerza de labrar una y otra vez la yunta deja la tierra en condiciones de producir”.

Esta es la descripción que hacía el documental ‘Yunteros’, estrenado durante la II República, de los jornaleros extremeños. Escenifica el problema de los campesinos sin tierra. Labradores que trabajaban con yuntas rudimentarias mientras los beneficios iban a manos de grandes terratenientes.

Hasta 80.000 jornaleros se levantaron la madrugada del 25 de marzo de 1936 para ocupar unas 3.000 fincas siguiendo el llamamiento de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. Fue su respuesta a una estructura de la tierra desigual, contra un sistema arcaico de grandes latifundios que les sometía a una crisis de subsistencia desde hacía siglos.

El régimen franquista tenía un plan para ellos: muerte y depuración. Fueron el núcleo de la represión en la provincia de Badajoz. Acabaron en las cunetas junto con alcaldes, concejales, sindicalistas o militantes de partidos de izquierda.

El historiador Francisco Espinosa señala en sus investigaciones que el horror que se practicó en Extremadura “difícilmente tiene parangón”. La provincia pacense fue una de las más castigadas por la represión con más de 11.000 víctimas, una cifra que sólo supera Sevilla con 12.500. Mientras, las víctimas de la represión en la provincia cacereña fueron unas 2.000, según recoge el historiador J. Martín Bastos.

Los jornaleros, víctimas de la represión

El régimen se ceba con todos aquellos que habían participado en las luchas sociales. Centra su mirada en quienes habían participado en la reforma agraria, habían recibido tierras o habían sido partícipes de las acciones reivindicativas como la del 25 de marzo de 1936.

Los golpistas de Franco entran en agosto de ese año en Extremadura, procedentes de Sevilla, y ejercen una violencia ejemplarizante contra los que habían osado cuestionar el poder de la oligarquía.

Hay que tener en cuenta las características de los sublevados que llegan a Badajoz, el ejército de África. Apenas encuentran resistencia y tenían armamento más moderno. Entran “a sangre y fuego”, arrasan pueblos y asesinan a todos los ‘enemigos’ del régimen que encuentran en su camino. Muchos son fusilados de manera inmediata, mientras que otros son encarcelados y pasan posteriormente por los consejos de guerra.

Las tropas franquistas avanzan a marchas forzadas a lo largo de la provincia porque querían enlazar con el ejército del norte de Mola, que ya controlaba Cáceres, para dirigirse desde allí a Madrid. Tras su ‘limpieza’ dejan en la retaguardia a falangistas y la Guardia Civil, que se encargan de las operaciones secundarias y cogen el testigo del horror.

¿Qué supuso el franquismo para el campesinado?

La llegada del régimen franquista marca el devenir de una Extremadura eminentemente rural, donde la agricultura y la ganadería son el sustento básico de sus gentes. La dictadura supone el regreso al antiguo régimen, un sistema medieval que corta de raíz la senda de liberación del campesinado.

El historiador Ángel Olmedo explica que Badajoz fue la provincia en la que más se avanzó en el proceso de reforma agraria. La dictadura la deroga e incauta las tierras repartidas. Se las devuelve a los terratenientes, los antiguos propietarios. La masa de jornaleros vuelve a ser contratada como antaño en la plaza del pueblo. Pierden la capacidad de negociación y trabajan en unas condiciones de semi esclavitud.

El historiador recogió años atrás el testimonio de Antonio José Pozo, que relata “la vuelta del mercado de esclavos” de los jornaleros en los pueblos extremeños para ser contratados casi como ganado en las plazas.

Hay que tener en cuenta en este contexto que durante los años de la República se obligó a los grandes propietarios a la contratación de los parados a través de un listado de inscritos en los ayuntamientos. En los años 30 se habían firmado también los primeros convenios colectivos del campo, lo que genera que las oligarquías que tradicionalmente habían ostentado el poder en los pueblos de Extremadura se pusieran en contra.

Con la dictadura franquista regresan también las viejas tácticas represivas contra los jornaleros que recogían leña, bellotas, espárragos o cualquier elemento que pudieran ayudar a su supervivencia ante la miseria en que vivían.

Los pueblos de colonización

El régimen rechaza el proceso de redistribución de la tierra y se conforma con crear algunos proyectos de pequeños propietarios campesinos adeptos al nuevo régimen. Se pone en marcha el asentamiento de colonos en pequeñas explotaciones de carácter familiar bajo el respaldo del Instituto Nacional de Colonización (INC), creado en 1939 a imagen del organismo italiano de la dictadura fascista italiana encargada de la “bonifica integrale”. “Se basaba en la reordenación de áreas no explotadas, y el término ‘colonización’ desplazó al de ‘reforma agraria’”, señala Ángel Olmedo.

“El objetivo principal de la colonización y la creación de los pueblos de colonización era el mantenimiento de la propiedad privada, la modernización de la agricultura, mediante la puesta en regadío y otras mejoras técnicas, relegando el verdadero problema social que suponía las condiciones de vida de los jornaleros y pequeños arrendatarios”.

La creación de algunos pueblos de colonización servirá para lanzar campañas propagandísticas por parte de una dictadura franquista poco preocupada por la problemática de los campesinos, ocultando toda la labor anterior del gobierno de la II República y la represión que la dictadura efectuó sobre el campesinado.

Extremadura, una gran prisión

La consecuencia social de la llegada de la dictadura hace 80 años es el encarcelamiento de cientos de miles de personas, hasta 300.000 en todo el estado español. Acaban en cáceles y otros recintos habilitados a modo de prisión, como plazas de toros o cortijos en el caso de Extremadura.

Muchas de las personas republicanas y simpatizantes de la revolución social pasaron por juicios y consejos de guerra. Fueron condenadas a largas penas de prisión o fusiladas, mientras que otras murieron en las cárceles víctimas de las condiciones infrahumanas.

La plaza de toros de Badajoz es una de las primeras prisiones habilitadas, donde cientos de personas permanecieron a la espera de una posible muerte. Muchas de ellas fueron trasladadas al cementerio viejo de la capital pacense, cuyas tapias fueron testigos de los fusilamientos. Una mirada a ambos espacios implica un viaje a una matanza que copó las portadas de la prensa internacional de la mano de corresponsales que narraban una historia espeluznante con la entrada de las tropas de Yagüe al frente en agosto del 36.

El corresponsal portugués Mario Neves contó para el Diario de Lisboa escenas de horror, con asesinatos múltiples y calles teñidas de rojo. Con una columna de humo en permanente combustión. De este modo se deshicieron las tropas rebeldes de buena parte de las personas a las que sometieron.

Las cifras oficiales hablan de 11.000 personas víctimas de la represión en la provincia de Badajoz, aunque es muy probable que fueran muchas más. Hay que entender que se trata de una cifra provisional, elaborada con los datos contrastados. El listado crece a medida que algún familiar recurre a investigadores y las asociaciones en busca de pistas de su ser querido.

En otras ocasiones las víctimas aparecen a través de las fuentes indirectas, en la documentación o los consejos de guerra”, a lo que se suma  las investigaciones de los historiadores.

Extremadura, un gran campo de concentración

La región contó con al menos 17 de los 300 campos de concentración que se repartieron por todo el país, según las investigaciones del periodista Carlos Hernández.

El campo más numeroso fue el de Castuera, un ‘infierno’ de alambre y espinos por el que pasaron alrededor de 15.000 personas a lo largo de un año. La clasificación de los presos que llegaban, la represión sistemática y la reeducación bajo los valores del nacional-catolicismo resumen la esencia de este campo de concentración.

Una parte importante de los presos fueron utilizados además como ‘esclavos’ hasta 1970. Con ellos se puso a disposición del Estado franquista, y de las empresas privadas afines al régimen, mano de obra barata que se encargaba de construir obras públicas, líneas de trenes y otras infraestructuras.

En el caso extremeño destacan las colonias penitenciarias de Montijo, el eufemismo usado para ocultar al campo de concentración que mantuvo en tres municipios a 1.500 presos. Fueron obligados a construir parte del actual canal de Montijo y la presa que lleva el mismo nombre.

Represión económica y depuración

De forma paralela comenzó un proceso de represión económica con multas, incautaciones de bienes y cuentas bancarias. La Ley de Responsabilidades Políticas (febrero 1939) imponía sanciones económicas a todos los condenados por tribunales militares que se aplicaban, incluso, tras la muerte de la persona condenada. Hubo personas fusiladas que no habían pasado por juicio, y también sufrieron la represión económica o incautación de bienes.

Hubo otros tipos de represión, como la aplicada contra los funcionarios y que podía implicar el encarcelamiento, traslado, o la pérdida del empleo. Ángel Olmedo apunta a una ‘justicia al revés’: aquellos que habían sido fieles al gobierno legítimo de la República son acusados de rebeldes. Se suman multas o extorsiones para sacar dinero, bajo las amenazas de poder ser detenido y fusilado.

En torno a las incautaciones y robos perpetrados indica a modo de ejemplo al caso de Melchor González Alonso, que era alcalde de Navaconcejo (Cáceres) y que fue capturado, encarcelado y sancionado con una multa de 10.000 pesetas. Se trata de un caso que investiga en la actualidad este investigador, que señala que le expropiaron dos fincas, y aún así se pasó los tres años de la guerra encarcelado en Plasencia.

Es un proceso que se repite, y que hace que los bienes acaben en manos del régimen y de los partidarios. Es el caso también del exalcalde de Mérida Eugenio García Domínguez, regidor y concejal durante la II República. Se trata de un empresario exitoso, que tenía varias propiedades, entre ellas una fábrica de chocolate y unos grandes almacenes, que le fueron expropiadas a la familia tras ser fusilado en 1937.

Por otro lado fue especialmente dura la depuración del profesorado por el empeño de la República en la formación cultural de la población. Los contenidos educativos fueron ajustados y supervisados por los nuevos cánones políticos, religiosos y culturales del nacionalcatolicismo. Se calcula que un cuarto del profesorado acabó perdiendo su empleo y muchas fueron mujeres.

Ellas sufrieron una doble represión: por su vinculación con los ideales progresistas y por el simple hecho de ser mujeres. Antes de ser asesinadas por el franquismo muchas de ellas fueron violentadas, forzadas y vejadas.

La herida abierta del postfranquismo

La memoria de miles de extremeños tirados en cunetas durmió durante cuatro décadas. Su voz dormida despertó con el final de la dictadura franquista, cuando se levantaron algunas fosas y comenzó a hablarse de la memoria de las víctimas. Aunque las incursiones se frenaron en seco con el golpe de estado de Tejero.

La Asociación por la recuperación de la memoria histórica en Extremadura Armhex fue pionera en la exhumación de decenas de personas represaliadas. Le ha acompañado un minucioso proceso de investigación histórica y la búsqueda de testimonios de familiares. También han interpuesto denuncias por la permanencia de restos franquistas en plazas y calles.

“Si nos trasladamos a Extremadura, vemos cómo aún tenemos en la región a cientos de personas tiradas por las cunetas. Gente que necesita verdad, justicia y reparación”, señala Ángel Olmedo, que señala que en muchos pueblos perviven vestigios de la dictadura.

Alude además a una parte de la población que intenta ‘dulcificar’ la figura del dictador y su régimen. Gente que vivió ajena a parte de esos hechos, “que no los conocen, y que tienen una cierta comprensión de aquel régimen” al hablar de los pantanos y las obras hidráulicas que levantó, o de las carreteras, para justificarlos. “Y que se olvidan de la gran tragedia que supuso no sólo en pérdidas humanas, sino en atraso económico y de mentalidad”.

“Cuando estamos hablando de guerra civil y de dictadura franquista estamos hablando de personas que fueron asesinadas, perseguidas, encarceladas o humilladas durante décadas. Ha pasado demasiado tiempo sin que las víctimas de la dictadura hayan recibido el reconocimiento tras años de represión, el silencio o la indiferencia”.

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