Recta final para exhumar los restos de Franco… aunque no diga nada el Supremo
Sólo medidas cautelares que pueda imponer el alto tribunal antes del 10 de junio paralizarían el traslado de los restosSólo las medidas cautelares que pueda imponer el alto tribunal antes del 10 de junio (si le da tiempo) paralizarían el traslado de los restos.
FERNANDO PASTOR Jueves, 16 Mayo 2019,
El Gobierno está decidido a sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos el próximo día 10 de junio aunque no se haya pronunciado antes el Tribunal Supremo sobre los recursos presentados por la familia, la Fundación Francisco Franco y los monjes benedictinos de la Basílica que acoge la tumba. En esos recursos se ha pedido al Supremo la imposición de una serie de medidas cautelares, entre las que se incluye paralizar la exhumación antes de que el alto tribunal se pronuncie de forma definitiva sobre el tema.
Desde el Ejecutivo se han cerrado filas en torno a la decisión anunciada el pasado mes de marzo por la vicepresidenta Carmen Calvo de sacar los restos en apenas un mes y se preparan para consumarlo aunque en ese momento no se haya dicho nada al respecto por parte del Supremo. El Gobierno considera que se han completado y realizado todos los trámites legales y administrativos necesarios para cumplir con este proceso. El último de ellos, publicado en el BOE del pasado sábado, fue el traspaso al Estado de la titularidad del cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, que hasta ahora pertenecía a Patrimonio Nacional. Será en el panteón donde está enterrada Carmen Franco dentro de ese cementerio donde se vuelvan a inhumar los restos del dictador, una vez fuera del Valle de los Caídos.
Aparte del recurso contra la exhumación, la Fundación Franco ha presentado un escrito esta semana ante el Tribunal Supremo en el que denuncia la realización de ese traspaso de propiedad por un Gobierno en funciones sin que haya causas de urgente necesidad que lo justifiquen, de forma que exige de nuevo la paralización del proceso. Todas las demandas están en la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, que ya ha demandado al Gobierno el texto concreto del acuerdo del Consejo de Ministros donde se decidió la exhumación, para proceder a su análisis.
En su último escrito, la Fundación Francisco Franco ha advertido que la decisión del Consejo no podrá ser ejecutada sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y esta Sala se haya pronunciado al respecto”, si bien fuentes cercanas al Gobierno consideran que están legitimados para llevar a cabo el traslado aunque el Supremo se pronuncie después, con los hechos ya consumados.
Evidentemente, si el tribunal se pronuncia antes de la fecha límite marcada desde Moncloa e impone como medida cautelar que se paralice la operación hasta realizar un análisis legislativo profundo, el Ejecutivo no tendrá más remedio que acatar su decisión. Pero desde el gabinete de Sánchez se advierte que quedan por delante cuatro años de Gobierno para culminar esta decisión cuando los jueces le den vía libre, de forma que una espera impuesta por el Supremo para dejar zanjado el tema de una vez por todas no se ve con malos ojos, a priori. Desde el Gobierno se ha advertido en varias ocasiones que se trata de un traslado que cuenta con el respaldo de la Ley de Memoria Histórica, con lo que caben pocos resquicios legales para paralizarlo.
Tanto es así, que la previsión de los responsables de todo el operativo es llevar a cabo la exhumación en el Valle de los Caídos y la posterior inhumación en El Pardo de la manera más discreta posible, sin que haya una convocatoria pública ni un impacto social elevado. Se ha manejado incluso la posibilidad de hacerlo de forma secreta y sin advertir a nadie, tanto por preservar a la familia de los efectos perversos que pueda tener una difusión mediática de algo tan íntimo, como ante el compromiso de no generar con ello un fenómeno social que pueda suponer una exaltación elevada de los valores de una persona a la que se considera un dictador en la historia de España. Eso es precisamente lo que se pretende evitar con su salida del Valle de los Caídos y su entierro en El Pardo, y por ello mismo se ha evitado que los restos acaben en el panteón que la familia tiene en la basílica de La Almudena, en el centro de Madrid.
