Región de Murcia: Necesaria Ley de Memoria Histórica Regional
El franquismo y sus efectos no han desaparecido del todo de nuestra sociedadSi los sondeos electorales no fallan, a partir del 27 de mayo podrÃa hablarse de un cambio progresista en la Región, tras 24 años de hegemonÃa asfixiante del PP en el Gobierno regional
AsistÃ, hace unos dÃas, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la UMU a la presentación del libro De la República al franquismo: legalidad, legitimidad y memoria histórica, editado por Editum, y cuyo autor, Antonio López MartÃnez, ya fallecido, estuvo representado en el acto por su hija Juana, que al igual que el catedrático José López Hernández, catedrático de FilosofÃa del Derecho y editor de la obra, desgranaron detalles de lo que hubiera sido la tesis doctoral del autor de no haberle sorprendido la muerte. Al acto asistió también el prologuista del libro, el expresidente José Luis RodrÃguez Zapatero, quien expuso el proceso que condujo a la redacción y promulgación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplÃan derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura (en adelante, Ley de Memoria Histórica) y reconoció que fue una ley tardÃa.
Al finalizar su alocución, no pude intervenir en el acto, porque no estaba previsto un coloquio con los miembros de la mesa. De haber podido hacerlo le habrÃa recordado que, además de tardÃa, es una ley manifiestamente insuficiente, por varios motivos: no declara la ilegalidad del régimen franquista; no reconoce tampoco la ilegalidad de los tribunales y procesos judiciales sin garantÃas que dieron lugar a miles de ejecuciones (el texto habla de ilegitimidad, término que fue utilizado reiteradamente por Zapatero), y mantiene la impunidad sobre los crÃmenes y sus autores, al no derogar la Ley de AmnistÃa de octubre de 1977. Podemos decir que, a casi doce años de la promulgación de la Ley de Memoria Histórica, persiste la anomalÃa democrática de que el franquismo y sus efectos no han desaparecido del todo de nuestra sociedad. Pero, aterricemos en nuestra Región de Murcia.
Los trabajos de profesores y profesoras universitarios como Carmen González y Pedro MarÃa Egea Bruno, de investigadores como Fuensanta Escudero, Floren Dimas, VÃctor Peñalver y Antonio MartÃnez Ovejero, y la actividad también investigadora que desarrollan miembros de la Asociación de Memoria Histórica de Murcia han acotado la presencia de ese franquismo residual en un tema tan sangrante como la represión ejercida contra quienes, en la Región, defendieron la legalidad republicana.
Sin ánimo de abrumar con muchos datos, está documentada la cifra de 554 personas fusiladas en Murcia sólo en el periodo 1939-1942 tras Consejo de Guerra y sentencia del Tribunal Militar, ejecuciones que tuvieron como marco la propia prisión provincial, el polÃgono de El Tiro de Espinardo y las tapias del cementerio de esa pedanÃa. En el total regional, las 879 personas fusiladas ‘con juicio’ incluyen las que, en Cartagena, fueron ejecutadas en las tapias del cementerio de Santa LucÃa o en el campo de fútbol del Arsenal militar.
A esas vÃctimas hay que sumar las 67 muertes producidas en ese periodo por enfermedad, malos tratos o suicidios. La cifra de republicanos fallecidos en la Prisión Provincial de Murcia y en otros establecimientos habilitados (el convento murciano de Las Agustinas albergaba en marzo de 1940 a cerca de 980 presos republicanos), tanto dentro como fuera de la Región, asciende a 850 personas.
Súmense a estas cifras de vÃctimas las humillaciones y tratos vejatorios sobre las esposas de republicanos (rapado de cabello para escarnio público, obligación de ingerir aceite de ricino, etc.) y actuaciones como la depuración de funcionarios, las expropiaciones de bienes de familias republicanas y los casos de bebés robados para tener una idea aproximada del alcance de aquella represión.
Es sabido que el Gobierno saliente de Mariano Rajoy hizo alarde público de no haber consignado ni un euro para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Situación que ha sido contrarrestada, en parte, con leyes de memoria histórica y/o democrática por parte de las autonomÃas. AsÃ, han desarrollado leyes especÃficas AndalucÃa, Aragón, Extremadura, Asturias y Cataluña, estando en estudio, que sepamos, los textos de PaÃs Vasco y Cantabria.
La Región de Murcia debe sumarse a esa lista. Si los sondeos electorales no fallan, a partir del 27 de mayo podrÃa hablarse de un cambio progresista en la Región, tras veinticuatro años de hegemonÃa asfixiante del PP en el Gobierno regional. El nuevo Ejecutivo no deberÃa dejar en el olvido la redacción y aprobación de una Ley de Memoria Histórica y Democrática de la Región de Murcia, a la que, a la vista de la situación arriba expuesta en lo tocante a la reparación de las vÃctimas de la Guerra Civil y la dictadura, no serÃa difÃcil dotarla de contenido. Como actuaciones inmediatas, esa futura ley deberÃa de:
- Eliminar en los espacios públicos de toda la Región la totalidad de los sÃmbolos de exaltación al régimen franquista (con especial mención al callejero franquista presente en muchos municipios) y sus protagonistas, con un plazo obligatorio de ejecución.
- Instar al Gobierno de la nación al reconocimiento jurÃdico de los derechos de las vÃctimas de la dictadura, con un tratamiento igual al de las vÃctimas del terrorismo.
- Crear una comisión parlamentaria, con la presencia de una representación de las asociaciones memorialistas murcianas, para el estudio y seguimiento de todos los temas relacionados con la memoria democrática, en los que pueda tener competencias la Asamblea Regional de Murcia.
- Identificar los lugares de la Memoria regional más significativos, de los que destacamos: el Antiguo Hospital de Sangre de las Brigadas Internacionales, la prisión provincial, el edificio de los Nueve Pisos (Murcia); Arsenal, Dique de Curra, BaterÃa de la Parajola (Cartagena); Cárcel, plaza de toros (Lorca); Prisión central (Totana); Base y Escuela de Tanques (Archena); La Encomienda y Embalse del Cenajo (Calasparra); Prisión del Partido (Caravaca); JardÃn de la Memoria (Santomera), etc.
No hay en los programas educativos regionales referencias concretas a estos temas memorialistas, por lo que creo que la Asamblea Regional, en el ámbito de sus competencias, deberÃa tener en cuenta la necesidad de legislar en ese sentido.