La democracia española precisa de una profunda revisión del ordenamiento en materia de acceso a la informaciónPATRICIO FERNÁNDEZ

5 JUN 2019 –

Concluido el ciclo electoral, las tareas para la constitución de nuevos Gobiernos en España coinciden con la celebración, entre el 3 y el 9 de junio, de la Semana Internacional de los Archivos. Ello debería servir para que los nuevos responsables políticos tomasen conciencia de la necesidad de mejorar el funcionamiento de la Administración y de la relevancia de unas instituciones que, como ha recordado el Consejo Internacional de Archivos, permiten que los Gobiernos puedan rendir cuentas y demostrar su capacidad para promover la democracia. Una correcta política de gestión documental, ahora en entornos electrónicos, y una audaz política de archivos resultan imprescindibles para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública, y, asimismo, ofrecer herramientas fiables para que un Gobierno pueda explicar y defender sus acciones, con la oportuna fiscalización del resto de los poderes del Estado.

En los últimos años se ha hecho un considerable esfuerzo legislativo para responder a las demandas ciudadanas de mayor transparencia. Esa adecuación del marco normativo español ha coincidido con otras profundas reformas legales orientadas a la puesta en marcha de la Administración electrónica. Como resultado de estos cambios, las distintas Administraciones han puesto a disposición de los ciudadanos portales de transparencia, así como herramientas para atender solicitudes concretas de información. El esfuerzo realizado no debe desdeñarse, pero tampoco cabe ocultar las hondas insuficiencias e imperfecciones de unas políticas cortoplacistas que han primado el diseño de escaparates administrativos, vía web, sin abordar, con igual denuedo, la profunda transformación que precisan los engranajes de la Administración para hacerla más eficaz, y acomodarla a las demandas de transparencia y a las exigencias del entorno electrónico. Esas reformas no han servido para clarificar y actualizar el confuso ordenamiento jurídico en materia de acceso a los documentos públicos, lo que permite decisiones arbitrarias que dificultan el acceso de los ciudadanos a los archivos, consagrado en el artículo 105 de la Constitución, sin que tampoco ello garantice la protección de los intereses del Estado. La democracia española precisa de una profunda revisión del ordenamiento de acceso a la información, para dar cumplimiento a ese precepto constitucional.

Es necesario que los nuevos Gobiernos incorporen la política archivística a sus agendas y que la Administración General del Estado coordine

Esa imprescindible transformación administrativa que propiciaría una modernización real del Estado no será posible sin una política de archivos y gestión documental que garantice que la información pública que se ofrece está debidamente documentada; porque si esa información no procede de documentos auténticos y fiables, la misma no sirve ni para cumplir con los compromisos de transparencia, ni para la defensa de los derechos civiles, ni tampoco para instruir la toma de decisiones de una buena gobernanza. Es precisamente a ese buen gobierno al que deben ir dirigidos los programas políticos de los Ejecutivos que, en los distintos niveles de la Administración española, asumirán sus responsabilidades en las próximas semanas; y es esa la razón por la que las políticas de archivo deben dejar de ocupar una posición subalterna en los organigramas de los departamentos de Cultura para pasar a desempeñar un papel transversal y determinante en las agendas modernizadoras del país.

Los profesionales de los archivos conocen las técnicas que permiten una adecuada gestión documental, no sólo para garantizar la conservación de documentos auténticos y fiables, sino también para la racionalización de los procesos administrativos, la reducción de la burocracia y el cese de los usos privativos o partidarios de la información. Los archivos públicos son por ello instituciones fundamentales para el buen gobierno y para un correcto funcionamiento del Estado democrático, por lo que deben merecer la atención de los nuevos Ejecutivos.

Los archivos son también unas extraordinarias instituciones culturales. España conserva un asombroso patrimonio histórico documental que ha de ser preservado y difundido. Sin embargo, al igual que otros servicios públicos esenciales para el funcionamiento del Estado, los archivos han sufrido las restricciones presupuestarias derivadas de la última gran recesión económica, lo que ha agravado una desatención heredada ya de los periodos de bonanza. Hay infraestructuras insuficientes —con archivos históricos saturados desde hace décadas—, falta de recursos para la implantación de herramientas informáticas de gestión y digitalización de documentos, y plantillas exiguas que, pese a todo, sostienen los servicios.

Es necesario, así, que los nuevos Gobiernos incorporen la política archivística a sus agendas modernizadoras y que la Administración General del Estado ejerza su responsabilidad de coordinación entre Administraciones e impulse la cooperación entre las mismas para que se pueda hablar de un Sistema Español de Archivos que responda a la realidad del Estado autonómico y pueda abordar los retos de su modernización.

Patricio Fernández es facultativo superior de Archivos en Castilla y León.

https://elpais.com/elpais/2019/06/04/opinion/1559662628_351367.html