El Gobierno ha dedicado casi un año al procedimiento, para el que llegó a pedir ayuda al VaticanoNJ.

Madrid 4 JUN 2019

La exhumación de Franco fue una de las primeras iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez y la que más interés internacional ha generado, pero el proceso ha sido mucho más complicado de lo que el Ejecutivo esperaba. Estos han sido los principales hitos del procedimiento, repleto de aplazamientos y giros de guion.

17 de junio de 2018. El plan.  EL PAÍS avanza en exclusiva que el Gobierno pretende trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos para cambiar de significado al monumento. Hace apenas dos semanas que Pedro Sánchez ha sido investido presidente al triunfar la moción de censura que presentó contra Mariano Rajoy.

18 de junio. La confirmación. En su primera entrevista como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez confirma en TVE la información de EL PAÍS. «España no se puede permitir símbolos que separen a los españoles. No es abrir heridas, es cerrar heridas, y apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios, incluido el del PP, para respaldar una decisión que el Gobierno de España por supuesto tomará, ya veremos el cómo y la fecha», asegura.

26 de junio. «Os pillará trabajando». En una conversación informal con los periodistas, preguntado por la fecha de la exhumación de Franco, Sánchez responde: «Os pillará trabajando». El presidente apunta a julio.

24 de agosto. «Es urgente porque vamos tarde». El Gobierno aprueba el real decreto ley que modifica la ley de memoria histórica, un proceso dirigido a la resignificación del Valle de los Caídos como lugar de reconciliación tras el traslado de los restos de Franco. El Ejecutivo da 15 días a la familia del dictador para que señale un nuevo lugar de enterramiento. «Es urgente porque vamos tarde, Franco no puede tener una tumba de Estado», asegura la vicepresidenta, Carmen Calvo.

13 de septiembre. Aval parlamentario. El Congreso convalida, con solo dos votos en contra (los de dos diputados populares que dijeron haberse equivocado) el real decreto ley para exhumar a Franco. El PP y Ciudadanos se abstienen.

28 de septiembre. La familia señala La Almudena. La familia Franco rechaza el traslado, pero si no es posible evitarlo, pide que los restos sean inhumados en la catedral de La Almudena, donde disponen de una cripta en la que yacen los restos de la hija del dictador, Carmen, fallecida en diciembre de 2017. Piden, además, que el nuevo entierro se haga con “honores militares”.

12 de octubre. El Gobierno asume que Franco irá a La Almudena. En conversación informal con periodistas en una recepción en el Palacio Real, la vicepresidenta, Carmen Calvo, asegura que «no puede hacer nada más que respetar» la decisión de la familia. «No depende de nosotros. No podemos decidir a dónde van los restos», añade.

29 de octubre. El Vaticano corrige al Gobierno. La vicepresidenta, Carmen Calvo, trata la exhumación de Franco con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Calvo asegura que acordaron trabajar de manera conjunta para encontrar una alternativa a La Almudena. El Vaticano matiza en un comunicado que no se opone a la exhumación de Franco, pero que “en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación”.

16 de diciembre. El Supremo rechaza el recurso de los Franco. El alto tribunal no accede a la petición de la familia de paralizar cautelarmente los trámites para exhumar al dictador, pero advierte que tendrá la última palabra.

28 de diciembre. Orden público. Un informe de 12 páginas de la delegación de Gobierno de Madrid concluye que los restos de Franco no deberían bajo ningún concepto enterrarse en la cripta de la catedral de La Almudena por motivos de orden público, de riesgo de amenazas terroristas, de colapso de la zona en fechas señaladas o de enfrentamiento entre partidarios y detractores dentro de la cripta, donde la policía no puede entrar por ser un lugar sagrado.

27 de febrero. Un juzgado de Madrid suspende el permiso de exhumación. El juez José Yusty, hijo y nieto de almirantes franquistas, célebre en la carrera judicial por sus ataques a la memoria histórica, suspende cautelarmente la licencia urbanística para la exhumación por considerar que levantar la losa de granito de 2.000 kilos de la tumba puede poner en peligro a los operarios. El Gobierno habla de “obstruccionismo” y recusa al juez.

15 de marzo. El Gobierno pone fecha a la exhumación. El Ejecutivo da por concluido el procedimiento administrativo y anuncia que el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos a El Pardo será el 10 de junio.

3 de abril. El Supremo pide al Gobierno el expediente. Ante el nuevo recurso de la familia Franco, el alto tribunal solicita al Ejecutivo una copia del acuerdo adoptado el 15 de marzo.

4 de junio. El Supremo paraliza la exhumación. El alto tribunal decide por unanimidad que no acceder a la petición de la familia para suspender cautelarmente la exhumación mientras no hay una sentencia firme sobre el fondo del asunto podría causar un «perjuicio» a los recurrentes «y especialmente a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan».

4 de junio.  El Gobierno no tira la toalla. En un comunicado, el Ejecutivo asegura que «no es extraño» que el Tribunal Supremo haya interrumpido «la ejecución de una decisión cuya legalidad tiene que revisar a instancia de parte», pero subraya que la suspensión cautelar «no indica nada sobre el fondo del asunto» y se manifiesta «convencido» de que el tribunal terminará desestimando el recurso de la familia y que «en los próximos meses» podrán retomar la operación.

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