VÃctimas de la «masacre» del 3 de marzo de 1976 en Vitoria acuden a la ONU para reclamar la Justicia que España niega
La Asociación de VÃctimas 3 de Marzo ha presentado una denuncia ante el Comité de Derechos HumanosMADRID A. TORRÚS
La Asociación de VÃctimas 3 de Marzo ha presentado una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos después de que la Justicia española archivara todas las querellas relacionadas con este caso al entender que los hechos ya están prescritos. Argentina, por contra, mantiene imputado al exministro MartÃn Villa, por entre otros, este asunto.
Vitoria. 3 de marzo de 1976. «¡Buen servicio! (…) Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. (…) Aquà ha habido una masacre (…). ÂPero de verdad una masacre». Asà calificaban agentes de la PolicÃa Armada su intervención en la huelga general que decenas de miles de trabajadores mantenÃan en Vitoria. Tres obreros murieron en el acto. Otros dos fallecerÃan horas después por las graves heridas sufridas. Otros, como Andoni Txasco, sufrieron secuelas de por vida. En su caso, los golpes de la PolicÃa Armada le destrozaron un ojo. El único por el que veÃa.
Nadie nunca ha tenido que dar explicaciones ante la Justicia por esta intervención policial. Por esta «masacre», como decÃan los propios agentes. Eran los años de la Transición y Rodolfo MartÃn Villa era el ministro de Relaciones Sindicales, mientras que Manuel Fraga ocupaba la cartera de Interior. Los dos continuaron sus carreras sin problemas. Pero vÃctimas y familiares, 43 años, después, siguen reclamando justicia. Pero en España poco o nada ha cambiado en este aspecto. Todas las instancias de la estructura judicial española, incluido el Constitucional, han rechazado investigar los hechos. Pero la lucha, para la Asociación de VÃctimas 3 de Marzo – Martxoak 3 Elkartea continúa fuera de España.
Por un lado, tienen una querella presentada en Argentina, donde se instruye la única causa judicial que investiga los crÃmenes del franquismo, que ha servido para imputar al exministro MartÃn Villa y para que la jueza MarÃa Servini pidiera al Gobierno español una relación de los policÃas que participaron en el dispositivo del 3 de marzo de 1976. Por otro, esta misma semana han presentado una denuncia/reclamación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un organismo encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolÃticos, suscrito por España, y cuyas resoluciones, indica el equipo jurÃdico, «son de obligado cumplimiento».
En un comunicado remitido a la prensa, las vÃctimas han señalado que han acudido a la ONU «obligadas» por «la polÃtica de impunidad mantenida por el Estado español que se ha negado y continúa negándose a investigar y enjuiciar los crÃmenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista».
«Esperamos obtener una respuesta positiva en cuanto al primer trámite de admisibilidad y que finalmente se nos dé respuesta sobre el fondo de la cuestión planteada mediante una resolución o Dictamen en la que se estimen las pretensiones ejercitadas, poniéndose de manifiesto la violación del Estado español del contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolÃticos», señalan las vÃctimas en un comunicado.