Federación Foros por la Memoria
Comunicados y Documentos de la Federación
Noticias
Agenda
Artículos y Documentos
Home » Federación Foros por la Memoria, Noticias

El escurridizo rastro de la represión

Laopinióndezamora.es, 30.06.2019 | 1 julio 2019

El Procurador del Común insta a las administraciones a facilitar el acceso a los fondos del franquismo de los archivos, a propuesta de una asociación zamoranaCarlos Gil

Investigar con rigor la represión franquista no resulta tarea fácil, debido a las dificultades de acceso a la información de los archivos con la que se encuentran los interesados en trabajar en este campo. Es la conclusión a la que ha llegado el Procurador del Común, Tomás Quintana, después de analizar en profundidad la queja presentada por una asociación de Zamora por las dificultades de acceso a los fondos documentales referidos a las víctimas de la represión durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en Zamora.

El Procurador del Común concluye que no es tanto que desde el Archivo Provincial o desde la Consejería de Cultura se estén entorpeciendo este tipo de investigaciones, como que no existe una coordinación suficiente entre las distintas administraciones para procurar el cumplimiento de la ley de memoria histórica en el sentido de facilitar esta investigación.

«Concretamente solicitamos que nos señalase las posibilidades de acceder a través del Archivo Histórico Provincial de Zamora a la documentación correspondiente a la extinta Cárcel Provincial y, en su caso, las medidas que se hubiesen adoptado para facilitar este acceso», señala el Procurador del Común.

La Junta contestó señalando las medidas tomadas en este sentido por ejemplo, adelantando los plazos de acceso a 25 años desde el fallecimiento de la persona, si la fecha es conocida, o, en caso contrario, 50 años a partir de la fecha del documento. «Esta homogeneización con otras legislaciones estatales y autonómicas facilita el acceso a los documentos de la represión de la Guerra Civil y la dictadura de los documentos y archivos integrantes del Patrimonio Documental de Castilla y León».

Lógicamente, indicó el Archivo Histórico Provincial de Zamora, propiedad del Estado y gestionado por la Junta «solo puede garantizar el acceso a los fondos y documentos que estén depositados en él mediante transferencia del órgano productor de los documentos, no siendo responsable de la documentación obrante en otros organismos o edificios que no estén bajo su custodia».

En el caso concreto de la documentación solicitada por el grupo de Zamora, el archivo dispone de la escasa documentación procedente de instituciones carcelarias. Concretamente quince cajas con el título Cárcel de Zamora (1838-1962), una serie correspondiente al fondo documental del Archivo Municipal de Zamora, que «no arroja información sobre encarcelados durante la Guerra Civil, ya que el expediente de 1962 es una petición de garrote para el Museo de la Escuela de Estudios Penitenciarios, y el expediente inmediatamente anterior data de 1926». Hay otra serie de tres cajas de la Cárcel de Puebla de Sanabria, sobre la que «aunque no hay elaborado instrumento descriptivo, comprobadas las unidades se informa que las fechas extremas oscilan entre documentos anteriores a 1900 y 1950. Consta de documentación administrativa, correspondencia y unos pocos expedientes procesales de penados en 1936».

Para el resto de documentación, aclara Cultura, «las solicitudes de acceso deberán dirigirse al Ministerio del Interior, en concreto a su Archivo General que es el responsable de la coordinación del sistema de archivos dependientes de dicho ministerio, entre los que se encuentra la Cárcel provincial de Zamora».

Los autores de la queja aclaran que ellos no protestan por cuestiones de desatención o atención deficiente a nuestras solicitudes de acceso a fondos documentales, sino a aspectos organizativos que hacen que fondos documentales esenciales para nuestra investigación no sean accesibles desde nuestra Comunidad Autónoma o lo sean con grandes dificultades».

Por tanto, la formulación de la presente resolución, indica el Procurador del Común, «no parte de que se hayan constatado irregularidades concretas referidas al acceso a documentos relacionados con la memoria histórica, sino de la falta de cumplimiento del mandato legal dirigido a los poderes públicos en orden a garantizar el derecho de acceso a este patrimonio documental».

Por ello en su resolución pide Diseñar e implementar (o, en su caso, solicitar), la adopción de medidas normativas y ejecutivas dirigidas a garantizar el derecho de todos los ciudadanos a la consulta libre y gratuita de los documentos relacionados con la memoria histórica integrantes del Patrimonio Documental de Castilla y León, así como su protección, integridad y catalogación, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, y del Decreto 9/2018, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León.

También propone Tomás Quintana Impulsar la celebración de convenios con el Centro Documental de la Memoria Histórica donde, entre otros extremos, se prevean mecanismos de coordinación y cooperación con este para facilitar el acceso.

https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/07/01/escurridizo-rastro-represion/1175059.html