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El informe científico concluye que “la fosa es ilocalizable”

Canarias Ahora, 03/07/2019 | 4 julio 2019

Desterrada la esperanza de exhumar a los fusilados de San Lorenzo, en Gran CanariaNatalia G. Vargas   – Las Palmas de Gran Canaria

El estudio elaborado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, presentado este jueves después de casi un año de elaboración, establece que no hay “ningún dato fiable” que permita saber dónde está la fosa en la que estarían enterrados los represaliados del franquismo Juan Santana Vega y Francisco González

Los familiares de los fusilados de San Lorenzo, Pino y Paco González, han mostrado su hartazgo y afirman que los resultados son una muestra más del “boicot” que ha sufrido su lucha por parte de las instituciones políticas: “No aguantamos más, esto es más dolor para las familias”

Los científicos afirman que las lagunas documentales, la dificultad para localizar testigos orales directos y las constantes intervenciones que han sufrido los espacios analizados impiden localizar la fosa

Los familiares lamentan que no se les haya facilitado ningún dato del informe hasta ahora a pesar de que estuviera terminado desde febrero

Los resultados del informe científico al que se han aferrado durante más de un año los familiares de los fusilados de San Lorenzo ha desterrado su esperanza de exhumar a los represaliados del franquismo Juan Santana Vega, exalcalde de San Lorenzo, y al sindicalista Francisco González. “La fosa es ilocalizable”, concluye el estudio, elaborado por una comisión técnica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Las indagaciones comenzaron a realizarse en mayo de 2018, y las conclusiones se han presentado este miércoles 3 de julio en una reunión pública ante las instituciones que encargaron el documento: el ayuntamiento de la capital grancanaria y el Cabildo insular; y ante quien ha liderado la lucha: los familiares de los asesinados, Paco y Pino González.

“Nos hemos dejado la vida, pero no hay ningún dato fiable que nos conduzca a la ubicación exacta de la fosa número dos del cuartel seis del cementerio de Vegueta (donde estarían los restos de los dos represaliados)”, justificó el profesor Javier Márquez, que conforma junto a Javier Velasco, Beatriz Andreu y Candelaria González el equipo científico. Las lagunas documentales y la dificultad para localizar testigos orales directos “han dificultado” la investigación. Los testimonios tomados han sido prestados por Blas Rodríguez, hijo del sepulturero que “supuestamente enterró a los de San Lorenzo”, y un marmolista que aseguró haber presenciado “cómo se extrajeron todos los restos del cuartel número seis”.

“Se le ha dado más credibilidad a la segunda fuente que a la primera”, lamenta Paco González, que además, rechaza que las familias no hayan tenido hasta ahora ningún dato del informe a pesar de que estuviera terminado desde febrero. “Es un ejemplo más del boicot que ha sufrido nuestra lucha desde el primer momento”, subraya. Ante esto, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento capitalino ha respondido que el objetivo de este estudio ha sido aclarar las dudas que sembraron dos informes previos contradictorios entre sí, y que no se ha presentado antes por motivos “de agenda” de los familiares y por el período electoral. “No ha habido ninguna intervención política en la labor científica más allá de la aportación de los recursos necesarios”, puntualizó.

Beatriz Andreu especificó que, para ampliar los informes anteriores, se aumentó el margen de trabajo hasta los años 80. Por su parte, Javier Velasco señaló que el espacio estudiado está “muy intervenido” ya que “las fosas se abrieron varias veces después del enterramiento que nos ocupa”. Además, el comité científico destacó que la dificultad de la investigación reside en que los fusilados de San Lorenzo están “en una fosa común de uso público” y no cavada ad hoc: “No sabemos exactamente qué ha sido de estos restos, se entremezclaron con las de otras miles de personas que tampoco están localizadas”.

Los González manifestaron su hartazgo durante la reunión, la cual abandonaron antes de que concluyera por los “decepcionantes” resultados del estudio: “No aguanto más, si quieren algo, nos llaman”. “Los argumentos que nos han dado son los mismos que puso el antiguo edil de Memoria Histórica Sergio Millares, quien nos cerró las puertas desde el primer momento y se negó a la exhumación”, subrayó el presidente de la Asociación. “Estamos seguros de que se han reunido con él para este estudio”, añade.

Así, otra de las hipótesis que sostienen los familiares es que existen “presiones” para que no se practique la exhumación. “Pensamos que como el cementerio de Vegueta tiene tanto panteón y hay enterrada gente de mucho dinero, entre los que hay muchos que participaron en el genocidio, no interesa”. “Ahora mismo estamos noqueados, pero queremos que se abran todas las fosas, como se ha hecho en otros sitios, y si hace falta recurriremos a instancias judiciales”, ha declarado González. “No nos hacemos las víctimas, han asesinado a nuestros familiares”.

El director general de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Marino Alduán, ante la decepción de los familiares, insistió en la necesidad de tomar este informe como un paso más para seguir luchando y se comprometió a tomar en cuenta las recomendaciones planteadas por el comité científico en el estudio. “Tenemos que andar en el mismo sentido para evitar el avance de los cómplices del franquismo que siguen vivos hoy”, valoró.

Durante la reunión también se han puesto sobre la mesa las trabas puestas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la propuesta de la familia González de poner el nombre de Braulio a la calle David, en el Cruce de San Lorenzo, en homenaje a un bebé de cuatro meses asesinado durante el franquismo a unos 50 metros del lugar en cuestión. “Es inconcebible que nos pidan la partida de nacimiento y de defunción y que duden de su existencia”, lamentó el presidente de la Asociación. Por su parte, Doreste explicó que es una cuestión “de protocolo” para poder efectuar el cambio de denominación de la v

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