Los documentos del período represivo son esenciales para el ejercicio de los derechos individuales23/07/2019

Recientemente he tenido la oportunidad de leer el libro “El acceso a los archivos en España”, que ilustra con numerosos ejemplos los obstáculos que se encuentran los investigadores e historiadores, a la hora de levar a cabo sus trabajos de investigación sobre todo lo relacionado con la dictadura franquista.

Esas trabas se esconden tras algunas de las excusas más peregrinas: la protección de datos, la calificación “secreta” del material de los archivos, el problema de la escasez de recursos, la discrecionalidad del personal del archivo para decidir qué legajos son accesibles o no, la dispersión territorial de los archivos que, además, se ven afectados por marcos legales diferentes. Todo esto ha permitido seguir manteniendo la impunidad de la dictadura franquista, ya que se impide el acceso a la información que permitiría esclarecer una gran parte de los crímenes cometidos en ese período.

O se intenta censurar a posteriori, como pasó con el intento de censurar la historia de Antonio Luis Baena Tocón, que participó como secretario judicial durante el juicio que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández, y que recientemente ha agitado el mundo académico. Se pretende, así, seguir silenciando los crímenes del franquismo, así como otorgar impunidad a los criminales.

Un ejemplo de esta situación es el paradójico acceso a los archivos policiales en nuestro país. Cualquier investigador tiene acceso a los ficheros policiales, al menos hasta la inmediata postguerra. Pero la situación es muy diferente a partir de ese momento, cuando se intenta identificar a funcionarios policiales acusados de crímenes durante el franquismo o la Transición, a funcionarios judiciales o personal en instituciones penales.

Otro ejemplo nos lo proporciona el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, en el que la consulta de los fondos es libre, a no ser que se intenten consultar los datos de carácter policial, judicial, etc. y, para enredarlo más aún, aquellos “que afecten al honor de las personas”. Es decir, cualquier fichero que se quiera censurar.

Los archivos de la represión y los procesos transicionales

Los archivos tienen una influencia decisiva en las vidas de las personas. Nada sirve mejor como ejemplo de eso que la forma en la que los documentos son usados para servir a las finalidades represivas. La imagen de los archivos de los servicios de seguridad en los regímenes represivos ilustra claramente lo importante que son. Durante la vida de tales regímenes, las víctimas de los servicios de información política pueden sentir la importancia de los archivos, pero es sólo con la llegada de la democracia y la apertura de las fuentes, que la ciudadanía llega a ser plenamente consciente de su influencia en la vida de las personas.

El papel principal jugado por los archivos está caracterizado no solo por su función como elementos clave de nuestro pasado reciente, sino también por su valor administrativo en el ejercicio de los derechos individuales. No hay duda de que la dimensión histórica es de enorme importancia, pero las repercusiones sociales que los archivos pueden tener les da un papel público de la mayor importancia.

En algunos países, como Chile o Sudáfrica, esos archivos directamente fueron eliminados o desaparecieron en los procesos de transición. En otros países, como Alemania tras el holocausto nazi, los archivos de la Gestapo así como los de las SS fueron conservados. Estos archivos fueron usados en los juicios de Nüremberg.

Sin el acceso a estos archivos, dicho juicio no se podría haber llevado a cabo por las fuerzas militares Aliadas. Sin duda jugaron un importantísimo papel en la recuperación de la memoria. Los documentos acumulados por los órganos de represión son importantes para el recuerdo de la población, y sirven como un testimonio irremplazable.

Pero el argumento más importante a favor de la preservación de los archivos de la represión por los nuevos Estados democráticos está en la importancia que tales fuentes documentales tienen para las personas afectadas por el régimen anterior, como víctimas directas o indirectas del mismo.

Los documentos del período represivo son esenciales para el ejercicio de los derechos individuales: amnistía, indemnización, pensiones y derechos civiles generales (herencia y propiedad) en el nuevo contexto político.

La situación en España deja mucho que desear

Los archivos de la vigilancia, desde la Guerra Civil y el período franquista, ilustran el impacto que el contexto de la creación y las políticas de archivo pueden tener sobre el acceso a esos ficheros. Casi cuarenta años después de la muerte de Franco, las memorias del franquismo continúan siendo contestadas. En 1976, la Ley de Reforma Política fue aprobada y se llevaron a cabo elecciones democráticas en 1977.

No hubo Comisión de la Verdad ni se llevaron a cabo procesos criminales por abusos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura. El camino de España fue, en realidad, un “pacto de olvido”, que impactó también en el tratamiento de los archivos de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

Desde mediados de los años 1.990 se vio la aparición de grupos que activamente buscaban recuperar la memoria colectiva de la Guerra Civil y el franquismo. Esos esfuerzos continúan hoy en día en las políticas de memoria que desafían ese “pacto de olvido”. Ese desafío incluye la reclamación de los derechos de los ciudadanos a acceder a los archivos del régimen franquista.

Sin embargo, los resultados han sido diversos. Por un lado, la Ley de Memoria Histórica de 2.007 incluía la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, una institución cuyo principal activo es el Archivo de la Guerra Civil Española, localizado en Salamanca. Por otro lado, sin embargo, el paradero de los archivos del Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno continúa siendo un misterio.

Los archivos del régimen de Franco se enfrentan al auténtico desafío real de la dispersión de la documentación, tanto territorial como institucionalmente. En muchos otros casos relacionados con la transición de una dictadura a un sistema democrático se puede identificar una única autoridad central para los archivos de la vigilancia policial, pero esto no es cierto en el caso español.

También ha habido encendidos debates sobre la desclasificación de importantes documentos de la Guerra Civil. En 2013, por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias de la ONU señalaba en un informe que el gobierno español tiene la responsabilidad de encontrar información sobre los desaparecidos y perseguir criminalmente a aquellos responsables.

Ese Grupo de Trabajo identificaba como uno de los grandes problemas de España la resistencia a desclasificar los documentos gubernamentales, que impedía obtener información sobre las desapariciones. Los investigadores se han hecho eco de las preocupaciones sobre la falta de acceso a los archivos: en julio de ese mismo año, 142 académicos e investigadores firmaban una carta pública solicitando la inmediata apertura de los archivos militares.

Se puede afirmar que una de las razones para las dificultades de acceso a los archivos de la Guerra Civil y del franquismo es un legado del tratamiento de los archivos en España. El tratamiento de los archivos, durante la dictadura franquista, fue desorganizado, proporcionando una caótica memoria archivística.

Incluso cuando los regímenes han cambiado, puede ser difícil para una sociedad asumir su propio pasado de crímenes, y los archivos pueden a menudo verse como el ámbito apropiado en que controlar ese mensaje.

Miquel de Toro

Doctor en Historia Moderna y Contemporánea, especializado en nazismo, fascismo y extrema derecha. Redactor de El Estado.

https://www.elestado.net/destacada/uso-archivos-dictaduras/