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«La Policía, Falange y los ayuntamientos informaron de los antecedentes políticos de los ferroviarios españoles»

El Norte de Castilla, 29-07-2019 | 30 julio 2019

El director del Museo del Ferrocarril de Madrid, Francisco Polo, estima que a unos 82.800 ferroviarios españoles se les abrió expedienteEl director del Museo del Ferrocarril de Madrid, Francisco Polo, estima que a unos 82.800 ferroviarios españoles se les abrió expedientes por pertenecer a sindicatos o partidos en la República

LA REPRESIÓN FRANQUISTA

Jorge Moreno .Lunes, 29 julio 2019

La obra de Francisco Polo Muriel (Mérida, 1965), ‘La depuración del Personal Ferroviario durante la Guerra Civil y el Franquismo (1936-1975’, fue presentada en Madrid, en junio pasado, por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y forma parte de su tesis doctoral. Este licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid (1992), es un especialista en la historia del ferrocarril en España, un conocimiento que, sin duda, le ha servido para ser el actual director del Museo del Ferrocarril en Madrid.

-¿De qué fuentes documentales se ha servido para el estudio? ¿Han sido difíciles de acceder?

-La principal fuente en las que se fundamenta mi trabajo de investigación ha sido el fondo documental que se fue originando en las compañías ferroviarias concesionarias para dar cumplimiento al procedimiento depurador, puesto en marcha por los golpistas a raíz de la primera directiva depuradora, publicada el 13 de septiembre de 1936 por la Junta de Defensa Nacional, el conocido Decreto número 108. A esta primera disposición le seguirían otras que fueron nutriendo ese fondo. La publicación de la Ley de Depuración de Funcionarios el 10 de febrero de 1939 y su extensión al personal de las compañías ferroviarias a partir del Decreto de 27 de febrero, por el que se disponía también la depuración de funcionarios de corporaciones y empresas concesionarias de servicios públicos, constituirían el armazón definitivo para la institucionalización definitiva del procedimiento depurador durante todo el franquismo. Toda la trazabilidad de ese proceso hasta finales de la década de 1970 se encuentra en esa fuente primaria. Dicho fondo documental no ha sido público hasta su incorporación al Centro Documental de la Memoria Histórica, hecho que se produjo en 2011 a raíz de un Convenio de cesión establecido entre ADIF y el Ministerio de Cultura.

-¿Qué compañías eran las principales Castilla y León?

-La Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España era la empresa ferroviaria mayor. Las ciudades de la región con mayor actividad ferroviaria y, por tanto, con un mayor número de ferroviarios fueron, por este orden, Valladolid, Miranda de Ebro, León, Salamanca, Venta de Baños y Medina del Campo. En Valladolid capital coincidieron líneas explotadas por las compañías del Norte y MZA y en el resto de la provincia llegó a haber también presencia de Oeste. Tras el triunfo del golpe de estado de julio de 1936 en la ciudad de Valladolid, esta acogería las sedes de las tres compañías, al ser destituidos los consejos de administración de las mismas en zona republicana. En mi investigación sobre el procedimiento depurador del personal ferroviario en el conjunto de las cuatro principales compañías (Norte, MZA, Andaluces y Oeste) he identificado a 82.831 empleados a los que se les incoó expediente, de los cuales 13.575 estaban adscritos a estaciones de Castilla y León, representando el 16,39% del total nacional.

-¿Cuáles fueron los efectos al inicio de la Guerra Civil?

-En la capital del Estado y en las provincias fieles a la República se destituyeron a los consejos directivos de las compañías ferroviarias y se constituyeron comités de explotación que se encargaron de administrar toda la red ferroviaria en territorio republicano. Esa organización administrativa se fue acomodando al escenario de guerra y a las vicisitudes propias del conflicto. El 15 de febrero de 1937, el Comité de Explotación de Ferrocarriles pasaría a denominarse Comité Nacional de Ferrocarriles y la red a su cargo recibiría el nombre de Red Nacional de Ferrocarriles.

-En los expedientes de depuración en Valladolid, ¿qué criterios se siguieron?

-Tanto en Valladolid como en el resto de ciudades españolas, el procedimiento depurador estaba sujeto a una normativa muy estricta que emanaba de las disposiciones legislativas decretadas por el gobierno franquista. Todos los trabajadores debían pasar por dicho procedimiento si querían mantener sus empleos en sus respectivas compañías ferroviarias. Por ello, con la solicitud de reingreso iba aparejada la apertura del correspondiente expediente depurador. A partir de ese momento estaban obligados a la presentación de una declaración jurada que se componía de un cuestionario muy extenso en el que tenían que dar cumplida información sobre su filiación sindical y política y en el que debían comunicar los nombres de los ferroviarios más significados y comprometidos con la República. También les interrogaban por los servicios prestados en territorio republicano. En función de las contestaciones y de los informes recibidos de la Policía, juntas locales de Falange, ayuntamientos y de la propia compañía ferroviaria, el expediente podía proponer la readmisión sin sanción o decretar alguna amonestación dentro de una escala que iba desde la censura escrita y el archivo de sus antecedentes políticos o sindicales hasta su separación definitiva del servicio, pasando por otras sanciones como el traslado de residencia, la postergación para ascender, o las rebajas de categoría.

-¿Hubo algún caso significativo de fusilamiento o encarcelamiento por su activismo que merezca ser recordado?

-Yo me quedaría con el recuerdo de aquellos ferroviarios, cuyo nombre aún desconocemos en algunos casos y que siguen enterrados en fosas comunes. En Castilla y León contamos con algunos ejemplos muy significativos en Miranda de Ebro, en Aranda de Duero y, más recientemente, en una antigua bodega de Medina del Campo, en donde podrían estar sepultados una veintena de ferroviarios.

Seguimiento familiar

-¿Las familias también sufrieron esta represión?

-Por supuesto, el despido a consecuencia del procedimiento depurador conllevaba un total desamparo para el conjunto familiar. Incluso se persiguió que los ferroviarios despedidos no se pudieran emplear en las empresas que trabajaban para el Estado en la reconstrucción de la red ferroviaria. Con el paso de los años estas prohibiciones se fueron levantando, al darse cuenta la propia Renfe que existía una importante carencia de mano de obra especializada que había sido expulsada por motivos políticos. La estigmatización de la familia fue la tónica durante los duros años de posguerra. Las propias viudas y huérfanos de los ferroviarios desaparecidos, fusilados o fallecidos en las cárceles debían someterse a un laberinto administrativo si querían acceder a sus respectivas pensiones. En algunos casos, la falta de documentación y la dejación de la propia empresa dilató durante años la aprobación de esos beneficios sociales.

-¿Qué papel tuvo posteriormente Renfe para recuperar a esta mano de obra especializada?

-La acción de Renfe para integrar a la mano de obra que había sido expulsada tras el procedimiento depurador, en torno a los 7.000 trabajadores en las cuatro principales compañías ferroviarias, estuvo muy condicionada por las disposiciones del régimen franquista. Durante la década de 1940, la dirección de la nueva empresa pública Renfe tuvo una fuerte presencia de militares de alta graduación en sus órganos ejecutivos, militares que habían participado activamente en el golpe de estado y en la reorganización administrativa de la empresa tras la nacionalización de las compañías privadas en el año 1941. La necesidad de contar con mano de obra especializada para afrontar la puesta en marcha del Plan General de Reconstrucción en la red ferroviaria, impulsó una segunda oleada depuradora que se fundamentó en la Orden Ministerial del 24 de julio de 1950. Este nuevo procedimiento perseguía la reincorporación a sus puestos de esos más de siete mil ferroviarios sancionados con la separación definitiva. Finalmente, de unas cuatro mil solicitudes cursadas, sólo serían readmitidos unos dos mil trabajadores. El régimen seguía persiguiendo muy de cerca la desafección y no permitió la reincorporación de buena parte de esos trabajadores. Ni el paso de los años ni la entrada de los gabinetes tecnócratas lograron modificar esa tendencia. Sólo el fallecimiento del dictador acabaría con esa presunción de culpabilidad padecida por toda la sociedad española durante el franquismo.

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