Una de 370: El PSOE olvida la memoria democrática en su propuesta a UP
Resulta preocupante la deriva del PSOE en materia de memoria democrática en relativamente poco tiempo04 septiembre 2019
«Al margen del carácter coyuntural que pueda tener este documento, lo que resulta más preocupante es la deriva que el PSOE está teniendo en esta materia de memoria democrática en relativamente poco tiempo», denuncia el autor.
El documento presentado por el PSOE con el tÃtulo Propuesta abierta para un Programa Común Progresista, con el objetivo declarado de establecer un punto de partida para una legislatura estable en la que se desarrollen polÃticas públicas garantistas en derechos, deja las siguientes reflexiones con relación a las medidas contenidas respecto a la recuperación de la memoria democrática y el reconocimiento y reparación a las vÃctimas del franquismo.
1. Las propuestas sobre memoria se encuentran ubicadas en el bloque «Feminismo, lucha contra la desigualdad social y calidad democrática», dentro del apartado «Calidad democrática y garantÃa de derechos y libertades de la ciudadanÃa», bajo el tÃtulo de «Memoria democrática». Son tres medidas de las 370 que se proponen en el documento.
2. Lo primero que llama la atención es que de las tres medidas tan solo una se refiere propiamente a las vÃctimas del franquismo (la número 234), mientras que las dos restantes (235 y 236) lo hacen a las vÃctimas del terrorismo (véanse las pp. 47-48 del documento). De entrada, se aprecia un grave error conceptual, como es el de ubicar a las vÃctimas del terrorismo en el mismo conjunto que las del franquismo; ambos colectivos bajo la rúbrica de «Memoria democrática».
Hay que insistir que no toda polÃtica relativa a vÃctimas de graves violaciones de derechos humanos es una polÃtica de memoria. La lectura de Walter Benjamin resuelve esta confusión. La memoria es el ejercicio de sacar a la luz aquello que permaneció en el olvido. Aquellas historias (sufrimientos, injusticias y violaciones de derechos) que no pasaron a las páginas de los libros de Historia. Y este no es el caso de las vÃctimas del terrorismo en España, que con toda justicia cuentan con polÃticas públicas de reparación que –aunque mejorables– superan los estándares internacionales de protección a vÃctimas de graves violaciones de derechos humanos. Pero sà es el caso de las de las vÃctimas del franquismo, que son las necesitadas de polÃticas públicas de memoria, dado que todavÃa permanecen en el olvido institucional –y los victimarios y sus crÃmenes, en la impunidad más absoluta–, sin ser reconocidas ni reparadas por el Estado español.
3. En este documento, la filosofÃa y retórica de la memoria se utiliza para el tratamiento de las vÃctimas del terrorismo. En las dos medidas correspondientes a este colectivo se utilizan los conceptos de «memoria, dignidad, justicia y verdad», asà como se reivindica «la memoria colectiva de las vÃctimas como una referencia ética esencial de nuestra sociedad democrática». Ninguno de estos conceptos se utiliza en la única medida que propiamente se refiere a las vÃctimas del franquismo: estas no parecen ser merecedoras, a diferencia de las del otro colectivo, de tales referencias. Al margen de la discriminación que este trato diferente supone para las vÃctimas de la represión de la dictadura –discriminación que produce una indeseable ‘revictimización’–, se pone de manifiesto una vez más el déficit de origen que las polÃticas de memoria tienen en el Estado español: su dependencia con relación a las del terrorismo.
4. Las vÃctimas del franquismo merecen, pues, una de las 370 medidas. En ella se propone el desarrollo de actuaciones de «reconocimiento y las vÃctimas de la guerra civil y la dictadura», señalando cinco de ellas: 1) declaración de dos dÃas de recuerdo: el 31 de octubre para todas las vÃctimas del franquismo, y el 8 de mayo para las del exilio; 2) retirada de la simbologÃa franquista del espacio público (medida ya recogida en la vigente ley de memoria histórica de 2007); 3) prohibición de la exaltación del franquismo en lugares de acceso público; 4) culminación del proceso de exhumación del dictador (hoy en manos del tribunal Supremo), junto con la «resignificación» del Valle de Cuelgamuros (sin señalar en qué sentido o con qué objetivos); y 5) retirada de las condecoraciones vinculadas a actuaciones realizadas en la dictadura.
5. Al margen de que la concisión sea debida en todo documento de este tenor, lo cierto es que con similar número de palabras se podÃan haber recogido medidas de forma más clara y directa, no tan abstracta y genérica. En primer lugar, el impulso para la aprobación de una ley integral de memoria democrática y vÃctimas del franquismo, que dote de soporte legislativo a las polÃticas públicas que se desarrollen para garantizar –esta sÖ la memoria democrática, tanto en su dimensión individual (derechos de las vÃctimas) como colectiva (incorporación y reivindicación de los valores republicanos en el estatuto de nuestra ciudadanÃa). Sin la legitimidad y obligatoriedad que implica el mandato legal para la actuación de los poderes públicos, nos queda tan solo el impulso que las Comunidades Autónomas, en ejercicio de sus competencias, quieran darle a la memoria.
En segundo término, es muy elocuente el silencio del documento con relación a la cuestión de las exhumaciones, sobre lo que no se indica nada. Por tanto, no se asume el compromiso, tan demandado por vÃctimas y asociaciones, de que estas se lleven a cabo por los poderes públicos. Tampoco se recoge la cuestión de la también demandada nulidad de las sentencias franquistas, lo que hace pensar que tampoco se pretende avanzar en vÃa legislativa hacia ella. De la misma forma se echa en falta una mÃnima referencia a polÃticas culturales y educativas de memoria, pese a que sà se propone la creación de un Centro para la Memoria de las VÃctimas… del Terrorismo. Entonces, ¿concisión o falta de avances en este sentido?
6. Asimismo, la enorme distancia entre lo contenido en el documento y las reivindicaciones de vÃctimas y movimiento memorialista hace dudar sobre la utilidad de la reunión mantenida por los responsables socialistas con representantes de aquellas el pasado 26 de agosto. Cualquiera que conozca mÃnimamente la dinámica del movimiento memorialista en España sabe de la seriedad de su trabajo y de la solidez de sus propuestas, con sus particularidades y diferencias. Pero sus propuestas distan mucho de verse adecuadamente relejadas en el documento en cuestión. Esperemos que esta distancia no se haya sentido también en otros ámbitos como educación, sanidad o vivienda, porque de ser asà dice poco que quienes pergeñaron esta estrategia (¿electoral o de gobierno?) de reuniones con organizaciones y movimientos sociales.
7. Pero, al margen del carácter coyuntural que pueda tener este documento, lo que resulta más preocupante es la deriva que el PSOE está teniendo en esta materia en relativamente poco tiempo. Ha pasado de presentar en el Congreso en diciembre de 2017 una proposición de ley de reforma de la ley de memoria histórica, donde se recogÃan las propuestas básicas del movimiento memorialista con bastante fidelidad (una proposición que decayó con el fin de la pasada legislatura en el mes de abril); a presentar en julio, casi estrenando esta legislatura, una proposición de ley de memoria histórica y democrática, de la que ya se han descolgado medidas tan importantes como la búsqueda judicial de las vÃctimas de desapariciones forzadas; hasta terminar en este documento con las limitaciones ya señaladas. Es cierto que estos tres documentos responden a momentos polÃticos bien distintos. Que en el primer momento el PSOE estuviera en la oposición, en el segundo en el Gobierno (en funciones), y en este tercero en una complicada situación cuasi electoral explica, pero en ningún caso justifica, esta disparidad de criterios. Una disparidad que tiene una nota común: siempre juega en contra de los derechos de las vÃctimas. Ni estas ni la sociedad española progresista a la que el PSOE apela en este documento pueden esperar más.
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