Esta semana un juzgado valenciano ha archivado por prescripción las querellas por torturas contra el expolicía franquista Benjamín Solsona

 

 

Esta semana un juzgado valenciano ha archivado por prescripción las querellas por torturas contra el expolicía franquista Benjamín Solsona. A finales de diciembre, otro juzgado de Soria cerraba otra causa por la desaparición forzada de cuatro republicanos en Soria. La Justicia española ha dado la espalda a las víctimas de la dictadura en más de cincuenta ocasiones.

MADRID 16/01/2020 ALEJANDRO TORRÚS

La Justicia española puede decirlo más alto, pero no más claro. Los crímenes del franquismo no serán juzgados en España. Al menos, de momento. Los juzgados españoles han rechazado en más de 50 ocasiones en los últimos años las querellas presentadas por instituciones públicas y ciudadanos y ciudadanas por crímenes cometidos durante la Guerra Civil, el franquismo y la Transición.

El último archivo se ha producido esta misma semana. El Juzgado de Instrucción número 15 de València ha archivado por prescripción y en base a la Ley de Amnistía de 1977 la causa abierta tras las seis querellas interpuestas por torturas y otros delitos contra la integridad moral durante el tardofranquismo contra, entre otros, el expolicía de la Brigada Político Social del franquismo Benjamín Solsona, conocido también como el Billy el Niño valenciano.

El Juzgado valenciano, así como la Fiscalía, rechaza que los crímenes denunciados puedan entrar dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, que los convertiría en imprescriptibles, porque estos ocurrieron entre abril de 1971 y 1975 y las categorías de genocidio y lesa humanidad no fueron incorporadas al ordenamiento jurídico interno español hasta el 1 de octubre de 2004, en virtud de la reforma del Código Penal.

El no del juzgado valenciano a las seis querellas, que englobaban a quince víctimas, no es una excepción. Y los argumentos esgrimidos, tampoco. Los tribunales han rechazado hasta la fecha que los crímenes del franquismo sean crímenes de lesa humanidad, por lo que consideran que están prescritos y que, en cualquier caso, no podrían ser juzgados porque operaría la Ley de Amnistía de 1977.

Así, los tribunales han ido rechazando una por una las querellas interpuestas por los ayuntamientos, en colaboración con la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella de Argentina. Ha sido el caso de las querellas de Vitoria, por la matanza del 3 de marzo de 1976; por el de Pamplona, por los crímenes sufridos por sus vecinos y vecinas durante la dictadura; por el de Elgeta; por crímenes desde la Guerra Civil a 1980; Mondragón; Durango, por los bombardeos sufridos por la aviación italiana; Miranda del Ebro; Zaragoza; Bergara; y también las dos querellas que presentó el Consistorio de Barcelona contra seis jueces franquistas por sus actuaciones contra población LGTBI y contra el juez que firmó la sentencia de muerte a Puig Antich. Todas ellas han sido ya inadmitidas y los querellantes han presentado recursos ante las audiencias provinciales correspondientes y, en su caso, ante el Constitucional.

De hecho, la única querella presentada por un ayuntamiento que todavía no ha sido inadmitida o cerrada es la presentada por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. No obstante, según fuentes jurídicas cercanas al caso, esta querella tampoco parece prosperar en los juzgados ya que no se ha ordenado ninguna diligencia previa ni actuación.

Carpetazo a las querellas individuales

La Justicia también ha ido dando carpetazo a las querellas individuales presentadas por víctimas de torturas en un contexto de crímenes de lesa humanidad.

Es el caso de las tres querellas presentadas en Oviedo contra el expolicía Pascual Honrado de la Fuente; en Madrid contra el torturador Antonio González Pacheco, que acumula hasta siete querellas individuales y otra querella colectiva que aúna a cinco víctimas; o en Tolosa contra el exagente de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar, que recibió querellas de diez víctimas por torturas. Todas ellas fueron inadmitidas y ahora mismo están pendientes del recurso en la Audiencia Provincial.

Cabe destacar, no obstante, que la Audiencia Nacional también rechazó extraditar a Argentina a González Pacheco y a Muñecas Aguilar, donde sí están siendo investigados por un posible delito de torturas en un contexto de crímenes de lesa humanidad.

También fue inadmitida y el recurso se encuentra en la Audiencia Provincial la querella interpuesta contra el exministro de la Transición Rodolfo Martín Villa por los sucesos de Sanfermines de 1978, donde el militante de la sección vasca de la Liga Comunista Revolucionaria (LKI) Germán Rodríguez, que tenía entonces 23 años, cayó durante enfrentamientos con la Policía. El caso se cerró sin juicio ni responsables. La Justicia de Argentina, de hecho, también investiga a Martín Villa tanto por estos sucesos como por los acaecidos en Vitoria en marzo de 1976.

Las desapariciones forzadas tampoco se investigan

Asociaciones de Víctimas del Franquismo del cementerio de Paterna (Valencia) también presentaron doce querellas en los juzgados de la localidad valenciana por asesinatos y desapariciones forzadas en el conocido como Paredón de España durante la inmediata posguerra. En este lugar fueron ejecutadas 2.238 personas: 2.219 hombres y 19 mujeres bajo la acusación de «auxilio o adhesión a la rebelión».

Asimismo, la asociación Recuerdo y Dignidad también ha luchado en los tribunales con dos querellas por desapariciones forzadas en la provincia de Soria, que han sido acompañadas de sendas exhumaciones en fosas comunes. La primera fue el caso de la fosa de los maestros y la segunda querella fue archivada en estas fiestas navideñas cuando el juzgado había ordenado diligencias previas con el objetivo de poder identificar los cuerpos aparecidos en una fosa en La Riba de Escalote.

El caso de los bombardeos de Barcelona

El Centro de Defensa de Derechos Humanos Irídia también ha llevado varias querellas en su lucha contra la impunidad de la dictadura. Entre otras, este Centro lleva una de las que más tiempo ha conseguido mantenerse abierta en los juzgados españoles. Se trata de la querella que la asociación AltraItalia de Barcelona, que reúne a los italianos progresistas y antifascistas que viven en la ciudad, interpusieron por crímenes de guerra contra el Estado italiano por los bombardeos durante la Guerra Civil que según los historiadores causaron la muerte de unas 2.700 personas.

Esta causa es, a día de hoy, una de las pocas que se mantiene abierta y que ha conseguido avanzar. Según señalan fuentes jurídicas cercanas al caso ahora mismo se está intentando identificar a alguno de los pilotos italianos que participó en los bombardeos sobre la capital catalana. Se esperan noticias. De momento, no hay lugar para las víctimas del franquismo en la Justicia española.

https://www.publico.es/politica/50-noes-justicia-espanola-victimas-franquismo.html