Vox rescata el lenguaje franquista y llama ‘caídos’ a los muertos de la Guerra Civil en su proyecto de Ley de Concordia
El texto iguala a víctimas de ambos bandos y vendría a derogar la actual Ley andaluza de Memoria Democrática
LAVOZDELSUR.ES 29 DE ENERO, 2020
Voz ha presentado en el Registro del Parlamento andaluz su proposición de Ley de Concordia, cuyo artículo primero recoge la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández.
El objeto de esta proposición de ley, cuyo contenido ha sido difundido por Vox, es dar “el reconocimiento debido a todos los caídos en la Guerra Civil, cualesquiera fueran los motivos que les llevaron a participar en el conflicto y con independencia del bando en el que lucharan, sin que sean objeto de discriminación y así rendirles los merecidos honores y cerrar definitivamente las heridas abiertas por el conflicto fratricida, logrando la ansiada reconciliación”.
La expresión ‘caídos’ es, como se sabrá, una denominación de la era del Franquismo, que por ejemplo denominó Valle de los Caídos al mausoleo madrileño donde hasta este verano se encontraban los restos de Franco.
A los efectos de esta ley planteada por Vox, “se considerarán víctimas todas aquellas personas que con motivo de la Guerra Civil hayan desaparecido o sea incierto su destino o la sepultura de sus restos”.
En la exposición de motivos de la proposición de ley, se señala que la actual ley de Memoria Histórica “es contraria a los valores de libertad y tolerancia que impulsaron la Transición, al perseguir la intromisión en la esfera privada de los españoles, su memoria individual, penalizar el trabajo de los historiadores si éste no se atiene a la interpretación de la historia que hace un partido político que no representa a la totalidad de los ciudadanos y, por último, alentar la profanación de tumbas sin el consentimiento de sus familiares“.
Para Vox, “no se puede determinar el pasado colectivo desde la perspectiva ideológica de los legisladores”. Añade en el texto de la ley que el “peligro de crear una verdad oficial es desembocar en un poder totalitario en que la disidencia no es un derecho sino causa de persecución política, personal o profesional”.
