El Parlamento de Andalucía aprueba el proyecto de Ley de Memoria Democrática

 

 

CULTURA – M.Andrade – Domingo, 14 de Febrero de 2016

EL PARLAMENTO APRUEBA EL PROYECTO DE LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

En España hay 100.000 personas desaparecidas, la mitad de ellas en Andalucía. Yacen bajo cunetas, junto a tapias de cementerio o en parajes antes apartados y quién sabe si ahora arrasados por ‘el ladrillo’. El proyecto de ley de Memoria Democrática que se redactó en la anterior legislatura, durante el gobierno de coalición PSOE-IU, inicia ahora el trámite parlamentario. Es el momento, claman las asociaciones memorialistas, de la justicia, la verdad, la reparación y el conocimiento de los hechos para evitar su repetición.

Gabriel Fernández Valladares siguió el pasado miércoles el debate del proyecto de Ley de Memoria Democrática en el salón de plenos del Parlamento. Llevaba una fotografía de boda de sus padres y, sentado en la tribuna de invitados, se aferraba a la imagen con emoción. La misma que le embarga y casi le impide pronunciar palabra cuando recuerda a su padre, Juan Fernández Rosillo, concejal del Ayuntamiento de Granada que fue fusilado, un 7 de agosto de 1936, en la tapia del cementerio de San José.

«Nos arrojaron de la imprenta. Éramos tres hijos: uno de 13 años, otro de 10 y yo, de 6», explica a duras penas a El Independiente de Granada. Los tres se criaron ‘recogíos’ por familiares. Pasaron muchos años antes de recuperar el patrimonio familiar. Y cuando hizo el servicio militar, recuerda, estaba ‘señalado’ en su expediente.

Hoy, a sus 86 años, Gabriel lucha «en el nombre de su padre» por dignificar su memoria, para conocer la verdad y para que no se repita.

Esa es la filosofía del proyecto de ley que siguió con atención en el Parlamento. Junto a él, además de destacados miembros de las asociaciones memorialistas de Granada, Francisco Matarán, hijo del maestro de Alhendín, Ángel Matarán. Él ni siquiera sabe dónde está su padre. Cree que en la fosa de Nigüelas, explica a este diario Francisco Vigueras, portavoz de la asociación Verdad, Justicia y Reparación de Granada. «Llevan toda su vida con una herida abierta», apunta para subrayar la importancia de la ley que se tramita en Andalucía.

Es una oportunidad para «devolver la paz a muchas familias», que piden «dignidad, justicia y reparación», apunta Rafael Gil Bracero, presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, que resalta «aciertos» de la norma como fomentar la investigación y divulgación e introducir en los currículos, desde Primaria a Bachillerato, la Memoria Democrática. «La única garantía para que no se repitan estos hechos es el conocimiento», destaca.

El texto que redactó IU y que ahora ‘se enriquecerá’ en el trámite de enmiendas

El texto que ha llegado al Parlamento fue redactado en la anterior legislatura durante el gobierno de coalición entre PSOE e IU, con las competencias de Memoria Democrática gestionadas por la formación de izquierdas, pero pudo aprobarse. De hecho, el exvicepresidente de la Junta y excoordinador de IU en Andalucía, Diego Valderas, también se encotraba en la tribuna de invitados. A él se dirigió la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, para agradecerle su labor. También a todas las instituciones que colaboraron en su redacción, muy especialmente a los colectivos memorialistas, que llevan años desempeñando una importante labor, un trabajo a veces «incomprendido», llegó a decir Aguilar.

El proyecto de ley ha superado el debate a la totalidad. Desde la Consejería de Cultura subrayan como «un gran paso» la ausencia de enmiendas a la totalidad. A partir de ahora se abre un proceso en el que Cultura espera que pueda «enriquecerse» el texto a través de las enmiendas parciales que presentarán los grupos.

Estructurado en siete capítulos, el proyecto de ley aprobado por el Parlamento se somete ahora al trámite de enmiendas parciales, que puede cambiar la redacción final. Estos son algunos de los aspectos más destacados del proyecto:

Establece la elaboración de un censo de víctimas. Amplía la consideración de víctimas (incluyendo a los bebés robados) y también el espacio temporal (desde la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura, e incluye la Transición hasta la entrada en vigor del Estatuto de Andalucía

Recoge un protocolo de actuación para la localización, exhumación e identificación de las víctimas. Banco de datos de ADN.

Prevé la reparación y el reconocimiento a las víctimas con investigaciones y homenajes. Declara el 14 de junio como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura.

Prevé la creación de un inventario de los Lugares de la Memoria y refuerza su protección.

Incide en la retirada de símbolos, escudos u otros elementos contrarios a la Memoria y establece para ello un plazo de 18 meses, facultando a la Junta para actuar con carácter subsidiario.

Las actuaciones de la Junta se articularán en torno al Plan Andaluz de Memoria Democrática, de duración cuatrienal, y planes anuales.

Se pondrá en marcha el Consejo de la Memoria Democrática de Andalucía, con carácter consultivo y en el que estarán las asociaciones memorialistas.

Creación del Instituto de la Memoria Democrática para el estudio, la investigación y el impulso de las medidas establecidas en la ley.

El currículo de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Permanente de Adultos incluirá Memoria Democrática.

Faculta a la Administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal.

De este proceso parlamentario que se abre ahora estarán muy vigilantes las asociaciones memorialistas. Vigueras pone palabras a un temor: «que traten de descafeinarla». La ley, en los términos presentados al Parlamento, que son el resultado de un amplio proceso de participación, «es muy necesaria» para dar un impulso a la memoria.

Recuerda Vigueras que aún hay más de 100.000 desaparecidos en España, la mitad de ellos andaluces. De la norma espera un impulso a «la lucha contra la apología del fascismo» y que permita acabar con la existencia de placas, letreros y lugares que aun hoy evocan la memoria de personas como «el instigador de la persecución de la Desbandá», recuerda a propósito de su visita al Parlamento, frente al que está enterrado Queipo de Llano. «Desde Almuñécar a Salobreña se perpetró un crimen masivo; el mayor atentando contra los derechos humanos. Fueron 5.000 muertos; el Guernica de Picasso refleja los bombardeos nazis que acabaron con 250 víctimas. Si Picasso llega a saber lo ocurrido en la costa, el símbolo de la Guerra habría sido la Desbanda de la población civil», reflexiona.

Bracero, por su parte, confía en que el trámite parlamentario pueda concluir en torno a julio, «si no hay dificultades añadidas». Cree que Andalucía está «en el buen camino», con una norma que recoge observaciones de la ONU. Y en este punto se refiere también a las personas desaparecidas para resaltar que, como apuntó el organismo internacional, «no parece lógico que en 2016 haya todavía 100.000 personas desaparecidas». Recuerda que la ley estatal aprobada en 2007 sufrió un parón. «Cero euros en los últimos cuatro años» se han destinado a la localización de víctimas en fosas. «El PP no se ha cargado la norma, pero de alguna forma la ha dejado sin que se desarrolle», reflexiona para concluir que la ley estatal se ha parado «en seco».

Hay un «deber moral» por parte de una generación, la de los nietos de las víctimas y desaparecidos, muchos de los cuales cuentan cómo su padre «no pudo hacer justicia». Bracero señala aquí cómo los procesos de violencia de lesa humanidad no solo afectana la primera generación. El estigma de víctima llega a los nietos, que aun hoy sufren «el drama del silencio», que es un «dolor muy interno». Y tras recordar que entre los años 40 y 50, los de mayor miseria, el Estado «revisó pueblo a pueblo para reparar a las víctimas del ‘dominio rojo’, agrega: «Es el momento de la reparación de esos daños. Si en España, 80 años después, no somos capaces de equilibrar ese dolor, flaco servicio le estamos haciendo a la democracia».

La posición de los grupos en el Parlamento

Para el PP andaluz el texto es «innecesario». Fue el parlamentario popular por Granada Juan Ramón Ferreira quien defendió la posición de su grupo, recordando que el propio PSOE así lo decía, cuando se debatió y rechazó un texto similar al que ahora ha llegado al Parlamento. A su juicio, esta ley «estira el debate al límite de lo posible», cuando «hay votantes, también de izquierdas, que no quieren hablar de leyes que despierten rencores y revanchas». Según la posición del PP, esta norma «pone en cuestión el espíritu de la Transición» y plantea «un intento de rescribir la historia y remover un pasado trágico». El PP rechaza especialmente incluir planes de estudio en Primaria, ESO y Bachillerato unos contenidos «controlados por el poder político», o que la norma abarque hasta el 82, «como si el franquismo hubiera durado hasta entonces».

Podemos, con la diputada Lucía Ayala, introdujo otro de los aspectos que suscita debate: el hecho de que las competencias de Memoria Histórica y Democrática se enmarquen en Cultura y en el marco legislativo del patrimonio histórico andaluz. A juicio de Ayala, «inconcebible», porque, aunque en el desglose de la ley se aprecian «muchas cosas buenas», esta normativa viene a «equiparar a víctimas de delitos de lesa humanidad con bienes materiales» objetos de estudios arqueológicos tal como está concebida. Por ello defiende que la ley se tramite por la Consejería de Justicia, al tiempo que expresa sus dudas sobre si la norma «se podrá ejecutar», al ser «todavía tan incierta la dotación presupuestaria» de la misma.

Ciudadanos advierte que «no encontrarán» a su formación en «un debate que ponga en tela de juicio la Transición, «por lo que representó para la democracia», aunque el parlamentario Sergio Romero (C’s) abogó por «reparar lo que haya que reparar, que es lo que este proyecto de ley pretende», para dar a los familiares el derecho a descansar en paz. Ciudadanos «va a poner todo de su parte» para que la Administración pública facilite esta labor, al considerar que «un país se mide por la dignidad que da a sus muertos», pidiendo que se cierre este capítulo «con altura política» y liberándolo de «cualquier politización».

Desde IULV-CA, la parlamentaria Inmaculada Nieto pidió una «tramitación sin sorpresas» de la ley, sin enmiendas que puedan «frustrar» las aspiraciones de las asociaciones de memoria.

Por su parte, desde el PSOE, María Márquez consideró que el debate se debe afrontar con «naturalidad y madurez democrática» y garantizó que trabajarán por lograr un acuerdo que suponga «construir entre todos un relato común y cerrar juntos las heridas para que los errores en el futuro no vuelvan a cometerse». /EUROPA PRES

http://www.elindependientedegranada.es/cultura/ley-olvido-que-no-repita-nunca