Memoria y relato de la limpieza política de 1936-1939 en Navarra
Los asesinos de la guerra civil han gozado de impunidad no sólo jurídica, sino también historiográfica y memorialística
FERNANDO MIKELARENA – Miércoles, 11 de Mayo de 2016
La gestión de la memoria de la limpieza política realizada en Navarra en 1936-1939 por el bando golpista arranca de finales de los años setenta. Navarra fue uno de los territorios pioneros a nivel del Estado en la exhumación de los restos de los asesinados entonces y en la realización de listados de los ejecutados por el franquismo en los años ochenta, sobresaliendo la labor de José María Jimeno Jurío, gracias a cuyo trabajo podría elaborarse el libro publicado por el Colectivo Altaffaylla Navarra 1936. De la esperanza al terror, un hito fundamental. Por su parte, la gestión institucional de la memoria de los asesinados por el bando golpista, sobre todo desde el Parlamento de Navarra y desde los ayuntamientos más importantes, impulsada desde sectores a la izquierda del PSOE y desde el nacionalismo vasco, tendría que esperar a principios del siglo XXI, siguiendo la estela constatada en las Cortes españoles y en otros parlamentos autonómicos.
No obstante, aunque a lo largo de los últimos veinte años se ha avanzado notablemente en la gestión de dicha memoria, a nuestro juicio se comprueba una deficiencia estructural: el de la ausencia de un relato íntegro de lo sucedido que, por un lado, pondere adecuadamente sus dimensiones y aspectos formales y que, por otro, vaya más allá de las víctimas, abarcando también a los victimarios.
En relación con el primer aspecto, tal y como se puede comprobar en mi libro Sin Piedad. Limpieza política en Navarra, 1936. Responsables, Colaboradores y Ejecutores (Pamplona, Editorial Pamiela, 2015), Navarra fue, a pesar de no ser escenario bélico sino retaguardia estricta, una de las provincias que a, nivel relativo, más duramente padeció la limpieza política desarrollada por los golpistas.
Aunque las cifras de casi tres mil navarros o residentes en Navarra asesinados son menores que las cifras absolutas de asesinados de muchas provincias (sobre todo del sur del Estado español, en las que el número de los votantes de izquierda era mucho mayor), si ponemos en relación la cifra de asesinatos con el volumen de población reprimible (es decir, la población desafecta, según los criterios de los militares, carlistas y falangistas que apoyaron el golpe de estado) Navarra ocupa un lugar destacadísimo.
Con un valor de 81,70 asesinados totales por cada mil votantes al Frente Popular, Navarra ocupa la primera posición en la clasificación de las 37 provincias del Estado completamente estudiadas hasta el momento en lo relativo al número de asesinados por los franquistas. No obstante, en rigor, dado que la inmensa mayoría de los asesinados fueron hombres y dado que puede presumirse que la estructura del voto al Frente Popular se dividía, más o menos, a partes iguales entre hombres y mujeres, aquel valor podría reconvertirse en el de 163,40 asesinados por cada mil hombres votantes izquierdistas. O lo que es lo mismo, uno de cada seis simpatizantes de la izquierda de género masculino. Es decir, la izquierda navarra sufrió un proceso de aniquilación que perseguía condicionar el devenir político futuro.
La entidad de esas cifras no es fácilmente explicable, toda vez que no encaja con las conclusiones a las que han llegado los historiadores que se han preocupado por investigar de forma comparativa los efectos de la violencia política en la retaguardia de las guerras civiles a lo largo de la historia contemporánea en los diversos países y que apuntan a que en los territorios tempranamente controlados, como el nuestro, la represión no suele mostrar niveles intensos.
Además del número de los asesinados, otros aspectos como el de los cientos y cientos de detenidos durante las primeras semanas certifican que Navarra actuó de laboratorio experimental de una estrategia que perseguía la total anulación y amedrentamiento de los sectores que no apoyaron el golpe de estado. En este sentido, no hay que olvidar que la gestión de la limpieza política desarrollada en Navarra estuvo en manos de auténticos expertos en la la guerra desde los despachos, como Marcelino de Ulíbarri. Este carlistón pasaría de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, el órgano que gestionaría la limpieza política por el lado tradicionalista, a ocupar los cargos más altos de las responsabilidades represoras en el organigrama del estado franquista a partir de 1938 y sería el diseñador de la práctica de decomiso y vaciado sistemático de los ficheros de las organizaciones políticas y sindicales de izquierda y nacionalistas con el fin de implementar una represión científica.
Navarra, asimismo, habría sido un campo de pruebas en lo relativo al proceso de brutalización de ciudadanos corrientes instigado desde las autoridades militares y desde las milicias carlista y falangista con el fin de que el mayor número de personas posibles se mancharan las manos con sangre. Los responsables últimos del proceso de limpieza política (entendiendo por tales a los mandos militares y a los dirigentes de los órganos de gestión de la represión por parte del Requeté y de la Falange, así como a las élites socioeconómicas navarras que estuvieron presentes en ellos) supieron involucrar a numerosos sectores de la sociedad navarra que se mantuvieron en la retaguardia, llegando hasta la base de la misma y haciendo que muchas personas quedaran contaminadas por el mismo por medio de los rituales de cohesión primaria de grupo desarrollados en torno al ejercicio de la violencia.
Dinámicas de ideologización exacerbada, en los que también participaron la prensa y la Iglesia, alentaron la deshumanización del adversario político con sus mensajes de cruzada y de reconquista para así contrarrestar los posibles escrúpulos de conciencia de los milicianos derechistas de base. Republicanos de izquierda, socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas vascos fueron presentados como enemigos absolutos que no merecían ningún tipo de piedad.
Los responsables últimos de dicho proceso hicieron partícipes de su estrategia exterminadora no sólo a la red de ejecutores que pusieron en práctica la misma y que sería mucho más amplia de lo que nunca podamos llegar a conocer, sino también a toda una miríada de colaboradores que trabajaron en la sombra en labores de castigo y vigilancia de diferente naturaleza, garantizando así el silencio de todos ellos y su impunidad global de cara al futuro en todos los órdenes.
Por otra parte, la brutalidad de la limpieza política desarrollada en Navarra no sólo queda manifestada por las ya referidas elevadas cifras de asesinatos y de detenciones, sino también por el maltrato a los presos en los centros de detención, por las características de las sacas y de los asesinatos (en muchos casos, no producto de fusilamientos, sino de ejecuciones a cañón tocante) y por los rituales despiadados que tuvieron lugar.
El tremendo impacto de todo lo anterior provocó que los familiares de los víctimas, absolutamente desasistidas por parte de la sociedad navarra, tuvieran que asumir, e interiorizar hasta lo más hondo, el olvido y la desmemoria como pauta forzada de conducta ante la brutalidad del hecho represivo del que nadie podía conocer hasta dónde podía llegar ni su fecha de caducidad. En numerosas familias se renunció a la reivindicación de la memoria de sus familiares asesinados, represaliados o vejados, rompiéndose la cadena de la memoria para su transmisión a los miembros más jóvenes de las mismas con lo que éstos ya no pudieron disponer de la información necesaria para una toma de conciencia articulada en base al alcance de los acontecimientos en el propio linaje.
No obstante lo expresado en el párrafo anterior, hay que llamar la atención sobre el hecho de que el nacionalismo vasco y los republicanos de izquierda en el exilio consiguieron cumplimentar dos primeros listados de fusilados nada menos que en 1940 y en 1946 y que en esta última fecha explicitaron todo un programa de justicia restaurativa integral para el supuesto de que la democracia retornara a España en el que la reparación a las víctimas se veía acompañada del castigo a los asesinos.
Esa realidad descrita no había sido hasta ahora abordada en su plenitud ni por la historiografía ni por la memorialística, de forma que la gestión de la memoria de aquella limpieza política partía de un relato parcial e incompleto. Además, dicha gestión se ha caracterizado por su carácter reduccionista en cuanto que se ha olvidado de los verdugos. Las razones de todo ello han sido diversas.
En primer lugar, hay que mencionar la limitada disponibilidad documental ya que durante los años sesenta y setenta del siglo pasado casi toda la documentación más directamente explícita se hizo desaparecer de forma deliberada o fue objeto de expurgo selectivo. Por ello, la confección de un relato que aspire a cierta completitud (que sólo podrá ser aproximativa) tiene que basarse en una reconstrucción trabajosa a partir de indicios indirectos.
En segundo lugar, hasta el año 2000 pervivió el “pacto de silencio o de olvido” fomentado desde los partidos políticos mayoritarios durante de la Transición por el que, en aras del espíritu de la reconciliación, se adoptó una especie de convención de no remover temas acerca de la guerra civil que pudieran suscitar divisiones en la opinión pública. Esa política fue perjudicial porque fomentó en el caso de la derecha el negacionismo y la subestimación de las responsabilidades de los ideológica o familiarmente próximos en la generación de sufrimiento al adversario político. No obstante, a pesar de los avances, aquel pacto se ha prolongado, como ha quedado dicho, en relación con los victimarios, en una especie de convención mayoritariamente acordada.
En tercer lugar, relacionado con el final del párrafo anterior, aunque es verdad que durante décadas se ha inducido al olvido y a la desmemoria por parte de los poderes establecidos en relación con la limpieza política desarrollada por el bando franquista, mayor importancia, a nuestro juicio, ha desempeñado el vértigo al pasado de la misma sociedad, el miedo a desvelar que personas cercanas y familiares hubieran estado involucrados en actuaciones represivas. Obviamente el tema se complejiza asimismo porque no hay que olvidar que en los ochenta años transcurridos desde 1936 han tenido lugar en Navarra, así como en todas partes, mezcolanzas ideológicas de lo más variopinto dentro de las familias. De padres y abuelos falangistas o carlistas han salido hijos que se han posicionado en sectores de la izquierda y del nacionalismo. Y a la inversa, en familias de padres republicanos, socialistas, anarquistas o nacionalistas hay ahora hijos o nietos ubicados en la derecha. Ligado con todo ello, incluso cabría afirmar que la izquierda y el nacionalismo vasco en las últimas décadas han actuado con una mirada atemperada sobre todo aquello para no enajenarse el apoyo político de los hijos de los golpistas en el 36. Resulta llamativo comprobar que las responsabilidades de los carlistas han sido minimizadas, en parte por el relato de autoindulto de aquellas elaborado desde el propio carlismo desde fechas muy tempranas, en parte porque hijos y nietos de requetés abundan en todos los partidos actuales.
Por todas esas razones, los asesinos de la guerra civil han gozado de impunidad no sólo jurídica, sino también historiográfica y memorialística. Nadie se ha enfrentado a ningún procedimiento judicial en una interpretación in extenso de la ley de amnistía de 1977. Asimismo, hasta ahora la historiografía y la memoria circulante han aceptado la consideración de los responsables como un tabú a respetar.
Ante todo ello, nos interrogamos por la conveniencia de una perspectiva integral en la gestión de la memoria de la limpieza política acaecida en Navarra en 1936-1939: las víctimas no fueron víctimas porque sí, lo fueron porque hubo victimarios. No puede haber un relato sin verdugos. El derecho a la memoria de los asesinados y nuestro deber de memoria para con ellos así nos lo exige.
Ochenta años después, un debate público sigue pendiente: el relativo a la mayor tragedia padecida por la sociedad navarra a lo largo de su historia y a su proyección en el terreno de lo político. No sólo es que la limpieza política de 1936-1939 sirviera para la eliminación de todas las corrientes políticas que tenían proyectos alternativos para Navarra. Además, la gestión de la victoria permitió a la derecha navarrista, y a las élites en torno a ella, disfrutar del poder local y provincial en exclusividad absoluta y crear las estructuras y los imaginarios más convenientes para poder fortalecer su posición durante las décadas siguientes, instaurándose así una forma de pensar mayoritaria que condicionó altamente la Transición.
¿Memoria Histórica o Democrática? Incluso el título de la ley será debatido en la Cámara regional, como el tratamiento a los represaliados, las intervenciones arqueológicas, la supresión de órganos previstos en la norma, el apoyo institucional a los colectivos de derechos humanos… Y una Oficina de Atención a las Victimas que programan los populares. Análoga, por cierto, a la que cerró a nivel estatal el Gobierno de Mariano Rajoy.
La Mesa de la Comisión de Cultura ya admitió (el pasado 18 de mayo) la tramitación de 98 enmiendas al articulado que recoge el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. Ciudadanos es la formación más prolífica con 43, una de ellas repetida según la redacción del BOPA. PP acumula 29, Podemos diez menos y PSOE siete. Retoques a una ley que buscó «consenso» en la reciente visita a la fosa común de Puerto Real (Cádiz).
La República, fuera de la ley para C’s
El PP quiere que la ley de Memoria Democrática llegue hasta las primeras elecciones democráticas de 1977. Y Ciudadanos pretende eliminar el periodo de la Segunda República, del 14 de abril de 1931 al 17 de julio de 1936. A partir de ahí sí sería materia memorialista según la formación naranja, hasta la Constitución española del 78. Sacan, de este modo, la Transición de cualquier fiscalización legislativa.
PSOE y Podemos (ni IU, obvio) dejan el marco temporal que abarca la ley tal como surge del anteproyecto: Segunda República, Guerra Civil, Dictadura franquista y transición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía. Del 14 de abril de 1931 al 11 de enero de 1982.
La asignatura troncal del movimiento de recuperación memorialista son las exhumaciones. Un suspenso reiterado de las instituciones públicas en el segundo país con más desaparecidos forzados del mundo que en Andalucía sí tiene sustento en los últimos 15 años, con cuenta gotas a veces, desde la Junta. Una política de memoria reforzada en el último ejercicio y que tendrá un nuevo empuje en el segundo semestre de 2016.
A las actividades arqueológicas y los «restos recuperados» de víctimas del franquismo «en ningún caso» se aplicará la ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, según una enmienda del PSOE. Desde Podemos piden «dignificar» las fosas comunes en cementerios –suelen ser las de mayor tamaño– de modo que se asegure «su conservación para ser exhumadas».
El partido emergente plantea que el Consejo de Gobierno andaluz guíe y regule «el ejercicio de esta actividad forense» con un «desarrollo normativo». Ciudadanos deja varios retoques: que la ocupación de terrenos privados para intervenir una fosa «tenga un límite –de tiempo– máximo establecido», remitir a los ayuntamientos «un resumen con los territorios» que le afectan tras la actualización del mapa de tumbas ilegales y que pague la Junta si la preservación, delimitación y vigilancia de estas zonas supone «un sobrecoste».
Memoria en las aulas (pero condicionada)
El objeto del proyecto de ley de Memoria Democrática es «garantizar a la ciudadanía andaluza el derecho a conocer la verdad de los hechos acaecidos». Eso dice el texto. De ahí la importancia del tratamiento escolar de la materia y su entrada en el currículum educativo, una reivindicación asumida desde los partidos progresistas y matizada, cuando no condicionada, por los conservadores.
El PP exige libertad de cátedra y «respeto a la libertad de enseñanza de docentes y centros educativos». C’s supedita la entrada de contenido memorialista en las aulas a la aprobación como iniciativa legislativa en el Parlamento regional del Pacto Andaluz por la Educación. Que la Junta inste al Gobierno del Estado «para la creación de una Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo» es un objetivo de Podemos. Prevén una «sección andaluza» como «órgano autónomo» regido por el Derecho Internacional y, junto a los socialistas, subrayan el necesario desarrollo del Banco de ADN de represaliados y familiares.
Que la Junta no «mantenga» a las asociaciones
La Junta no debe apoyar la «creación y mantenimiento» de asociaciones memorialistas, según Ciudadanos. Es un compromiso ajeno a la ley, mantienen. El PP recoge la «reivindicación del colectivo» de crear una Oficina de Atención a las Víctimas. Coinciden en apelar al «espíritu colaborativo con la ley 52/2007» nacional en asuntos como la permanencia de simbología franquista y en suprimir el Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía. Los populares añaden el Consejo de la Memoria y los naranjas fulminan el Sendero de Memoria (rutas de dos o más Lugares de Memoria).
La ley contempla sanciones por infracciones que irían, de leve a muy grave, desde los 200 euros a los 150.000. PP rebaja la horquilla de 100 a 40.000 y C’s de 300 a 90.000. Ciudadanos requiere la elaboración de memorias anuales de costes de todo tipo de estudios, homenajes, jornadas o publicaciones que se lleven a cabo. Y hace hincapié en la necesidad de resoluciones judiciales para hacer partícipes de actos de reparación a empresas y organizaciones que aprovecharon el trabajo esclavo durante el franquismo.
El único partido que entra a revisar la exposición de motivos, y de manera concienzuda, es el PP. Extirparían párrafos completos. Los que aluden al golpe de Estado que provocó la Guerra Civil y «puso fin a la democracia», la violencia ejercida por la dictadura definida como «una enorme sangría para el pueblo andaluz» o la calificación del terror franquista como «crimen contra la humanidad». No agrada en las filas populares que Andalucía aparezca como «vanguardia» en «el desarrollo de políticas públicas de memoria». Tampoco la frase que recuerda a las «mujeres ultrajadas» y «muchas asesinadas, otras violadas, encarceladas, ‘paseadas’…».
Ni la derogación o modificación de «cualquier norma legal de carácter estatal que se oponga o contravenga» la legislación internacional en materia de derechos humanos, caso de la preconstitucional ley de Amnistía de 1977 que la ONU instó a España a derogar. Hasta el propio título de la ley será sometido a debate en el Parlamento andaluz. Para el PP, el nombre correcto sería Ley de Memoria Histórica de Andalucía. Según Podemos, Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. El resto lo mantendría como está: Ley de Memoria Democrática de Andalucía.
