DGA sancionará a los pueblos que mantienen los símbolos franquistas
El Gobierno de Aragón comenzará a redactar en breve un proyecto de Ley de Memoria Democrática
Laura Castel. Martes, 22 Noviembre 2016
Plaza del Caudillo, avenida General Franco, calle José Antonio Primo de Rivera…al contrario de lo que pueda parecer, estas nomenclaturas aún siguen presentes en varios pueblos bajoaragoneses al igual que la simbología franquista. Sin embargo, deberán desaparecer en los próximos meses si quieren evitar sanciones. El Gobierno de Aragón comenzará a redactar en breve un proyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón. El texto contemplará la revisión de juicios sumarísimos o exhumaciones puntuales así como penalizará, por ejemplo, el incumplimiento en materia de retirada de símbolos y elementos franquistas de los espacios públicos. El objetivo es que la norma llegue a las Cortes en verano y se apruebe antes de final de año.
Cambio de nomenclatura
En el territorio son varios los municipios a los que afectará esta norma una vez entre en vigor y que han hecho caso omiso a la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno central. Esta norma ya instaba a las a las administraciones públicas a tomar las medidas oportunas para la retirada, en el ámbito de sus competencias, de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura.
Uno de ellos es Valdeltormo, que conserva cuatro vías con nombres franquistas: avenida General Franco (la mitad de la N-420 que atraviesa el municipio), y las calles José Antonio Primo de Rivera, General Mola y General Moscardó. En el próximo pleno municipal, que se celebrará en breve, el equipo de gobierno, del PAR, llevará el cambio de nomenclatura. Su alcalde, José Miguel Timoneda, asegura que no es una decisión que han tomado a raíz del anuncio de la ley sino que han decidido en los últimos meses porque han recibido una denuncia de un abogado y varias quejas del Justicia de Aragón. «No lo hemos hecho antes porque no había quejas en el pueblo», afirmó Timoneda, quien aseguró que ahora seguro que se generará «polémica».
Su caso no es único. En Valdealgorfa permanece una inscripción con el nombre de los «caídos» franquistas y de José Antonio Primo de Rivera, y en Castelserás aún se pueden ver escudos de la Falange y retratos de su fundador. En Alcañiz se conserva un monolito a Franco en la zona de la Val de Hueso con inscripciones y la plaza principal de Valmuel se llama «del Caudillo». El alcalde alcañizano, Juan Carlos Gracia Suso, al ser preguntado al respecto, aseguró ayer que el anuncio de la creación de la ley es una «cortina de humo» de DGA para «tapar su mala gestión». «Aquí lo que nos urge es el Hospital y la estación de autobuses, estas son nuestras prioridades», afirmó. No obstante, el pleno de Alcañiz deberá posicionarse porque el grupo Ganar presentará una moción para que la ciudad cumpla con la Ley de la Memoria Histórica que aprobó el Gobierno Central en 2007. La formación ya presentó un texto la semana pasada en la Comarca del Bajo Aragón que fue rechazado. «Queremos ver qué dicen los partidos porque nos sorprendió que el PSOE votara en contra en la Comarca», afirmó el edil alcañizano José Antonio Benavente, quien aboga por cambiar el nombre del colegio Emilio Díaz, por ser un alcalde que participó en la represión de la posguerra.
Por contra, otras localidades han retirado sus símbolos recientemente. Es el caso de Valderrobres, que quitó la cruz a los caídos al igual que hizo Caspe con el monolito a Primo de Rivera de la plaza Ramón y Cajal, sustituido ahora por una escultura en honor a al médico español. Por su parte, Andorra también comenzó hace un año a retirar los símbolos franquistas de las calles del municipio.
Una ley «inaplazable»
Respecto a la ley que prepara DGA, ya se ha constituido una comisión, presidida por el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, en la que se van a coordinar en su seno miembros de los departamentos de Presidencia y Educación, Cultura y Deporte, además de otras personas conocedoras de este ámbito legal. «Parece inaplazable y razonable la redacción de una Ley autonómica que permita avanzar en la senda del conocimiento de los hechos y circunstancias ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, en aras al reconocimiento y reparación de los aragoneses que fueron víctimas de violencia y represión en ese contexto trágico de nuestra Historia», dijo Guillén.
Se quiere sustentar la Ley sobre tres pilares o principios: Verdad, como la atención al “derecho a saber” y al abanico de medidas que el Gobierno puede implementar para facilitar el acceso a la información por parte de interesados e investigadores, algo que va desde el terreno de las exhumaciones al fomento de políticas de acceso y transparencia de la documentación que todavía puede aportar valiosa información.
El segundo gran principio es el de Justicia. Dentro del marco de las competencias autonómicas, la Ley pretende avanzar en la consideración de las víctimas de la Guerra y el Franquismo según lo hace el Derecho Internacional, esto es, como víctimas de delitos de lesa humanidad, algo que debería implicar el propósito de revisión de las sentencias franquistas.
Finalmente, el tercer pilar será la Reparación. En este campo se insertarán elementos como la gestión de los espacios públicos (significación y re-significación), la implicación institucional en el reconocimiento a las víctimas y el rechazo explícito al franquismo, las políticas educativas en materia de contenido curricular o las actividades culturales de difusión de episodios diversos de nuestro pasado traumático.
