La dictadura supuso para cientos de miles de republicanos la pérdida de su dinero, bienes y propiedades

 

MADRID ALEJANDRO TORRÚS

El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos se comprometió a auditar «los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares». La dictadura, además de represión física, supuso para cientos de miles de republicanos la pérdida de su dinero, bienes y propiedades. El objetivo era doble: recaudar dinero y repartir el botín.

Por Dios, por España… y por el dinero. El golpe de Estado militar del 18 de julio que dio inicio a la Guerra Civil fue el comienzo de una feroz represión contra cientos de miles de republicanos. Decía el general Mola, en sus instrucciones, que «la acción» tenía que ser «en extremo violenta». Y lo fue. Pero la represión no fue sólo física. Una de las vertientes más importantes, y menos estudiadas, de la implantación de la dictadura franquista fue el saqueo o expolio al que fueron sometidos los vencidos. Incluso después de ser asesinados. Miles de familias republicanas vieron cómo les robaron sus casas, empresas, propiedades, dinero y por ende su posición social, su bienestar y sus posibilidades de ofrecer a sus descendientes un futuro mejor.

Un ejemplo es el caso de Virgilio Castilla, presidente de la Diputación de Granada en 1936, que fue fusilado el 2 de agosto de 1936 y años después fue condenado a pagar 250.000 pesetas como multa por haber pertenecido a un partido político durante la II República. Su hijo José Castilla contó a Público cómo las fuerzas de Franco le quitaron a él y a su madre la casa en la que vivían, el despacho de su padre y todas las pertenencias. Absolutamente todo. Hasta un hermano de Virgilio tuvo que vender su empresa de textiles para satisfacer la deuda que le habían impuesto a su hermano fusilado.

La familia Castilla solicitó en 2010 la devolución de los bienes incautados a la familia por el Estado franquista, que estaban valorados, según un informe pericial, en 262.832 euros. El Gobierno de Zapatero negó que la familia tuviera derecho a indemnización alguna en resolución firme del 15 de julio de 2011 al considerar que los hechos delictivos ya habían prescrito. Y situaciones como la familia Castilla se dieron por todo el Estado. Decenas de miles de familias sufrieron el expolio de sus bienes a través de diferentes vías y mecanismos y no tuvieron oportunidad de recuperar lo que la dictadura les arrebató.

La tarea, así manifestada, independientemente de si se comienza a estudiar en 1936 o 1939 parece inabarcable. ¿Por dónde debería comenzar y qué debería comprender una investigación sobre el expolio franquista? Los historiadores y expertos consultados por Público coinciden en destacar, al menos, cinco líneas de investigación para comenzar a deshacer la gran madeja que es a día de hoy la cuestión del expolio franquista:

— El expolio derivado de la Ley de Responsabilidades Políticas y del proceso de Incautación de Bienes.

— La participación de las empresas en este expolio y los beneficios que obtuvieron de su colaboración con las autoridades franquistas.

— El robo del dinero republicano.

— Las grandes propiedades que se quedaron familias como los Franco y otras grandes del régimen.

— El expolio cultural.

La investigación muestra a la perfección como la represión del nuevo régimen abarcó todas las modalidades posibles. Ejecuciones, encarcelamientos, depuraciones ideológicas y, además, la confiscación de sus bienes. La idea partía de que ningún republicano quedara sin castigo, pero también permitía recaudar fondos en una España empobrecida y, por otro, repartir las propiedades de los republicanos como si fuera un botín de guerra entre las familias que sí habían apoyado el golpe de Estado del 18 de julio y la implantación de la dictadura.

Así, Eiroa vuelve a recordar que la investigación sobre los bienes expoliados por la dictadura es una investigación «mucho mayor» que los bienes apropiados por la familia Franco. «Cuando hablamos de expolio debemos hablar de las propiedades que les quitaron a la gente corriente, a las asociaciones, partidos y sindicatos y también de los bienes y propiedades que se quedaron marqueses, duques, condes, militares, terratenientes y toda esa amplia gama de familias que apoyaron el golpe de Estado y que obtuvieron su premio, no solamente en nombramientos como altos cargos, sino en especies o bienes económicos», explica la profesora de la Carlos III.

Una guerra de clases»

No se puede obviar, tal y como recuerda Maestre, que la motivación económica y de clase fue uno de los factores que influyó en el golpe de Estado de 1936. «No fue el principal, pero sí influyó», dice el periodista a Público. «Una de las razones que influye en que las clases altas participen o apoyen el golpe es el intento por evitar por todos los medios posibles unas reformas que ponían en duda los privilegios labrados durante años por la clase dominante. Hay una frase de Franco en Lugo, tras la Guerra, que lo resume muy bien. Es la siguiente: ‘Nuestra Cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos'», explica Maestre. El ilustre republicano Max Aub también dejó escrito en su obra Hablo como hombre el componente económico del golpe de Estado: «La Guerra de España -la nuestra- fue una guerra de clases, quien no lo vea así no puede comprenderla».

El expolio franquista y la construcción de un nuevo Estado también significó la aparición de una nueva clase empresarial forjada durante los primeros años de la dictadura gracias al Boletín Oficial del Estado y beneficiándose directamente de la represión. Bien apropiándose de empresas que no les pertenecían, utilizando mano de obra esclava o haciendo desaparecer a sus empresas competidoras, regentadas por republicanos. Así, Maestre, que investiga este tema ampliamente en su obra Franquismo S.A., también emplaza a continuar investigando cómo algunas de las grandes fortunas de hoy día nacieron y se desarrollaron al calor de la represión franquista. Esto permitiría, como ya han hecho otros países que han sufrido una dictadura, que las empresas implicadas participaran de una especie de reparación para las familias que sufrieron la represión franquista.

«La Guerra de España -la nuestra- fue una guerra de clases, quien no lo vea así no puede comprenderla», escribió Max Aub

El periodista, no obstante, asume que la tarea será complicada y que no basta con comenzar a investigar. Sería necesario, por ejemplo, la derogación de la Ley de Amnistía, la anulación de sentencias franquistas, cambios en la Ley de Secretos Oficiales y la apertura de archivos que hoy día siguen cerrados. Aún con todo, la tarea se antoja complicada. «La responsabilidad societaria de muchas empresas que participaron en la represión franquista o que directamente se lucraron ha quedado diluida en muchos casos porque ya no son las mismas empresas. Con el paso de los años se han ido disolviendo en compañías cada vez más grandes. En muchos casos, será imposible trazar una línea continua y poder establecer una responsabilidad. Sin embargo, habrá otros casos en los que sí será posible establecer esa línea y, por tanto, se podrá pedir una restitución o una reparación económica», prosigue el investigador.

Aunque el tema tiene mucha más tela que cortar. Según los cálculos plasmados en la obra La España de Franco (1939-1975) de la editorial Síntesis, 13.251 millones de pesetas de dinero republicano quedaron fuera de circulación, así como 10.536 millones que habían sido depositados en cuentas corrientes y de ahorro. Una parte de los descendientes de las familias afectadas por el robo de este dinero sigue batallando a día de hoy para que el Estado les devuelva lo que quitó a sus familiares. Se han agrupado en la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista, conservan los recibís que las autoridades franquistas entregaron a sus familiares y continúan reclamando a día de hoy la devolución de su dinero con intereses. De hecho, el Congreso aprobó en 2017 una Proposición No de Ley para que el Estado devuelva este dinero a las familias afectadas.

Las 6.228 obras nunca devueltas a sus propietarios

Por último, cabría incluir el expolio cultural, posiblemente una de las líneas menos investigadas del ya de por sí poco investigado expolio franquista. La arqueóloga y doctora por la UCM especializada en Historia Antigua y Prehistoria Alicia Torija explica cómo a raíz de la Guerra Civil hay muchas obras culturales que habían sido catalogadas previamente por las autoridades republicanas y que tras el fin de la Guerra Civil desaparecieron, se desubicaron, se vendieron o cambiaron de propietarios en condiciones poco aclaradas. En este sentido, Torija se refiere a obras de arte, pero no sólo. También a piezas arqueológicas, cartas históricas o muebles y elementos que pertenecían al patrimonio nacional y que, después de la Guerra, pasaron a manos y colecciones privadas.

El problema, en este caso, es que es un expolio aún más difícil de investigar porque es dificilísimo que se dejen huellas o rastros para mostrar su antigua propiedad. Un ejemplo es en la arqueología. Si un objeto no estaba fotografiado, ¿cómo demuestras que era el tuyo y no otro?», prosigue Torija.

El catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Arturo Colorado y el profesor Isidro Moreno han elaborado una investigación que cataloga un total de 15.700 obras de arte para saber qué hizo la dictadura con las piezas de arte que el Gobierno republicano confiscó para salvaguardarlas de los bombardeos. La conclusión, tal y como contó El País, es que, de las obras que permanecieron en España, 7.657 de ellas fueron entregadas a sus legítimos propietarios, pero otras 6.228 nunca volvieron a manos de sus dueños.

Así, decenas de republicanos perdieron la propiedad de sus colecciones y obras o porque no pudieron reclamar sus bienes o porque estaban muertos, en prisión, en el exilio o temían represalias. Un ejemplo, tal y como describe este artículo de Fernando Olmeda es el de la colección de arte del militar José Sicardo, que vio como algunas de sus obras fueron entregadas a particulares como el conde del Valle o la marquesa de Falces. La investigación de Colorado también muestra que, además de adeptos al régimen, también fueron favorecidos por el expolio entidades como Falange o Sección Femenina.

La tarea es ingente y la devolución de las propiedades complicadas. Sin embargo, hay una sensación común: investigar con todos los recursos disponibles es el primer paso para conseguir justicia que, en este caso, no es otra cosa que recuperar lo que el franquismo robó en nombre de Dios y de España.

https://www.publico.es/politica/espana-dinero-expolio-rapina-usurpacion-franquismo.html