Conferencia en la Hispalense: "Sevilla, la Universidad de los fusiles"
CGT Andalucía - 26 Enero (jueves) 2006

http://www.pangea.org/~spcgta/wl/html/modules/news/article.php?storyid=2391

A cargo de: Jaume Claret
Presenta: Laureano Rodríguez y Francisco Espinosa
Lugar: Facultad de Geografía e Historia (Aula Carriazo)
26 Enero (jueves) a las 19.30 horas

(Sevilla) La Universidad de los fusiles

Una tesis doctoral de la Pompeu Fabra rescata los nombres de los profesores de la Hispalense represaliados por el franquismo.

El Mundo. Sevilla.

FRANCISCO JAVIER RECIO

La vieja Universidad de la calle Laraña había revestido doce años atrás su fachada de Casa Profesa de los Jesuitas con las trazas regionalistas del arquitecto José Gómez Millán, y en sus aulas se empezaba a sentir el aire fresco que la República insuflaba desde principios de los años 30. Era todavía, desde luego, una universidad de elites sociales y económicas, pero los más jóvenes de sus profesores revelaban ya un espíritu crítico y una ambición investigadora que hacía presagiar un cambio trascendental.

Los fusiles que devolvieron a la ciencia y el pensamiento en España a siglos pasados hicieron blanco también en la Universidad de Sevilla, por más que esta institución, ahora en su quinto centenario, se resista a admitirlo. El golpe militar de julio de 1936 y, en su nombre, el general Queipo de Llano, transformaron la Universidad en un foco de reacción, sustituyendo a los más inconformistas por peones a su servicio.

El investigador de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona Jaume Claret ha estudiado para su tesis doctoral el efecto de la represión franquista en las doce universidades españolas de mediados de los treinta. La Hispalense, que ocupa un amplio capítulo de su estudio, se libró de los fusilamientos -fueron asesinados los rectores de Granada y Oviedo-, pero no de la persecución fría y terrible de los juicios y los expedientes.

La investigación de Claret -precedida por muy escasos estudios, entre ellos los de Manuel Peláez y Juan Luis Rubio- ha puesto sobre la mesa los nombres de profesores y catedráticos que, salvo excepciones, la Hispalense mantiene abandonados al socaire del olvido. Nombres como el de Francisco Candil Calvo, rector desde 1934 y hasta el 14 de agosto de 1936, cuando Queipo de Llano lo destituyó para nombrar a José Mariano Mota Salado.

Candil Calvo (1887-1959), un brillante catedrático de Derecho Mercantil que recaló en Sevilla tras pasar por la Sorbona (París), Halle, Leipzig (Alemania), Nápoles, Roma y Madrid, quedó relegado. Mota Salado da nombre a un colegio público en San Jerónimo, en cuya página web, curiosamente, aparece una extensa hagiografía en la que se obvia la forma en que accedió al Rectorado.

El nuevo rector cumplió la primera orden de Queipo elaborando un amplio informe sobre el personal docente y administrativo de la Universidad. Mota Salado se incluye en la relación, y dice de sí mismo: «persona de derechas, de buena conducta moral y religiosa, apolítico y cumplidor en exceso de sus obligaciones académicas».

Ese informe, mucho menos condescendiente con bastantes de sus compañeros de aulas, sirvió como documento básico para la represión que estaba a las puertas. En el mismo figuraban, entre otros, Rafael de Pina, catedrático de Derecho Procesal, del que se recordaba su condición de «diputado a Cortes de Unión Republicana, con intensas actividades políticas de carácter extremista». De Pina acabó en el exilio mexicano, donde volvió a dar clases y escribió un Diccionario de Derecho aún hoy largamente citado en los manuales y la jurisprudencia de aquel país.

El catedrático de Derecho Político Manuel Martínez Pedroso era desde 1932 asesor jurídico de la Delegación española en la Conferencia de Desarme de Ginebra y representante en el Comité del Consejo de la Sociedad de Naciones. Era, también, diputado por el PSOE, y así quedó reflejado en el informe remitido a Queipo: «Socialista con intensas actividades políticas de carácter extremista». Suspendido de su cátedra, huyó a Francia y prestó algunos servicios al Gobierno de la República. El régimen le embargó su biblioteca, unos quinientos ejemplares, que se adjudicaron a la Universidad y se incorporaron a la Facultad de Derecho.

Claret explica cómo la denuncia se convirtió, en ocasiones, en la vía de escape de los odios y las rencillas no sólo políticas, sino puramente académicas. Hubo casos sangrantes, como el de un profesor ayudante de Santiago de Compostela que, tras denunciar a su titular, obtuvo la plaza de éste y, como premio extra, su farmacia y su coche particular.

A veces, circunstancias ajenas a las políticas contribuyen a la sanción administrativa o moral. Es el caso del profesor José Cruz, casado con una alemana, y cuyo delator señala como de religión judía. O de Luis Recasséns, catedrático de Obstetricia, divorciado. «Ocurre en toda España: la represión no la ejercen sólo los militares o las nuevas autoridades, sino también los compañeros. Es una forma de someter a los indecisos y de cohesionar a los vencedores», explica Jaume Claret, que defenderá su tesis el próximo día 22.

La lista de represaliados en la Hispalense es más larga. En ella figuran también los nombres de Juan María Aguilar Calvo, catedrático de Historia de España y diputado de Izquierda Republicana; el catedrático de Derecho Internacional José Quero Molares, que en julio de 1936 estaba vinculado a los catalanistas y era miembro de la comisión mixta de traspasos entre la Generalitat y el Gobierno de la República. O el poeta Jorge Guillén, detenido en agosto de 1936 en Pamplona, que cruzó la frontera en 1938. Los hubo asimismo en Cádiz, cuya universidad dependía entonces de la Hispalense, como el eminente fisiólogo Leonardo Rodrigo Lavín, acusado de anticatólico.

También hubo algunos que lograron sobrevivir a la represión, como Ramón Carande, que estaba de excedencia en julio del 36 y al que amigos bien situados en el franquismo lograron salvar del expediente que ya se le había abierto. Y los que asumieron la nueva situación, como Conde García, primero sancionado y más tarde reconvertido en teórico del caudillaje. Y, por supuesto, los que abrazaron con entusiasmo el franquismo, como el catedrático de Derecho Civil Ignacio de Casso, nombrado en 1939 juez depurador de la mayoría de las universidades españolas.

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El pasado oculto de la Hispalense

El Mundo. Sevilla
TRIBUNA LIBRE

FRANCISCO ESPINOSA (historiador)

La Universidad de Sevilla celebra este año su quinto centenario. No hace mucho, con motivo de la apertura del curso académico, hubo declaraciones en el sentido de que los actos que tendrán lugar a causa del evento mirarán más al futuro que al pasado. ¿Se puede mirar al futuro ignorando y ocultando el pasado? En el contexto de recuperación de la memoria histórica en que nos movemos desde hace unos años esto sonó a que no se va a mirar el pasado oculto, es decir, lo acaecido en la Universidad sevillana a consecuencia del triunfo del golpe militar de julio del 36, que seguirá oficialmente tan tapado como hasta la fecha.

Algunas universidades han recordado a sus rectores desaparecidos. Así ha ocurrido en Valencia con el rector Peset, asesinado en posguerra tras pasar por la farsa de los consejos de guerra. En este caso se ha intentado rehabilitar su figura revisando el juicio y anulando la sentencia. Sea como fuere, el apellido del rector asesinado ya hace un tiempo que da nombre a una céntrica residencia universitaria de la ciudad. Por su parte, la Universidad de Granada inició en 2001 la recuperación del rector Vila, asesinado en octubre del 36, cuando contaba con 32 años. Primero le puso su nombre a un aula y más tarde, con motivo de la reedición de una de las obras que tradujo, le rindió un homenaje.

Tampoco los actos en memoria de quienes, aunque conservando la vida, fueron apartados de la Universidad parecen ejercer influencia alguna aquí. En Cataluña, por ejemplo, se recordó en abril de 2001 a los docentes represaliados por el franquismo, rescatando los nombres de las 120 personas depuradas en la Universidad Autónoma de Barcelona a partir de 1939. En el acto, al que asistieron entre otros los rectores de la Autónoma y de la Pompeu Fabra además de numerosos familiares, se inauguró un monumento en el campus de la Ciutadella que muestra y perpetúa todos sus nombres.

Ahora nos enteramos, por la investigación de Jaume Claret sobre la depuración franquista en la Universidad española, realizada desde la Pompeu Fabra bajo la dirección de Josep Fontana, de lo ocurrido en la Universidad sevillana. Ahora, vía Barcelona -aquí contábamos con muy poca cosa sobre el tema-, nos llegan los nombres de los depurados y sancionados, que por suerte conservaron la vida: entre otros Francisco Candil Calvo, Juan María Aguilar Calvo, Manuel Martínez Pedroso, Rafael de Pina Millán, Pedro Castro Barea, Felipe González Vicén, José Quero Morales, Francisco Javier Conde García, Guillermo Vilches Romero, José María de la Peña Cámara o José Moreno Ceniceros. Todos ellos republicanos o socialistas. Mención aparte merece, por excepcional, el ya entonces ex rector Ramón Carande Thovar, cuyos avatares como víctima de los depuradores son reconstruidos por Jaume Claret. Así, desde nuestra perspectiva, se entiende, por ejemplo, que don Ramón Carande, autor de importantes trabajos de investigación histórica todavía vigentes, haya dado nombre a un instituto, pero no parece que tenga mucho sentido que el nombre del individuo aupado por Queipo al rectorado en agosto del 36, José Mariano Mota Salado, designe a un colegio público sevillano. ¿Es normal y conveniente honrar de tal manera a un sujeto que, como recoge la investigación de Jaume Claret, justificó y se sumó al golpe militar, era contrario a la libertad de pensamiento, consideraba a la Iglesia «institución divina de naturaleza docente» y ocupó el rectorado tras serle allanado el camino por las armas de los sublevados?

No obstante, este olvido de quienes fueron apartados de la Universidad por el fascismo está en consonancia con otro hecho igualmente preocupante: en Sevilla y, por extensión, en el suroeste, la investigación del golpe del 18 de julio y sus consecuencias ha tenido que hacerse desde fuera de la Universidad. Con el pretexto de que la investigación histórica requiere distanciamiento temporal, la Universidad de Sevilla ha conseguido, salvo alguna excepción que confirma la regla, llegar al siglo XXI sin haber abordado a fondo las consecuencias del golpe militar en Sevilla y su área de influencia.

Evidentemente no debe de ser muy ajeno a este hecho el control que el Opus Dei ha ejercido hasta no hace mucho tiempo en ciertos departamentos a los que en otras circunstancias hubiera correspondido ocuparse del asunto.

Ni que decir tiene que el olvido actual guarda estrecha relación con la constante ocultación de nuestra historia reciente y que si, como en otras regiones y comunidades e incluso en otras zonas de la región como Granada, la Universidad hubiera abordado el golpe, la represión y la guerra ahora sería mucho más sencillo recordar a quienes fueron injustamente apartados de ella por sus ideas políticas. ¿No habrá lugar para ellos en el quinto centenario?