La “segunda trinchera" y las expectativas del movimiento por la recuperación de la Memoria
Arturo Peinado - Octubre 2005

Aparecía hace unos días en la prensa la noticia de que diversos Estados nortemericanos pretenden eliminar toda alusión en su sistema educativo y planes de estudio a las teorías evolucionistas, tanto sobre las especies (darwinismo) como del propio universo (desde el Big Ban). Influidos por la llamada Coalición Cristiana, sustento financiero e ideológico del Gabinete Bush, encabezada por el reverendo telepredicador Pat Robertson (quien hace pocos meses propugnaba públicamente el asesinato del Presidente Chávez) estos estados se proponen aplicar en sus escuelas la teoría “creacionista" al pie de la letra. Según ella, el universo y el hombre han sido creados por la voluntad divina tal como recogen (literalmente) las sagradas escrituras.

Desde una posición “moderada" y con talante aparentemente conciliador, el propio Bush propugna en cambio que lo más democrático es la contraposición de ideas. Por tanto hay que enseñar las versiones “creacionista" y “evolucionista" dándoles la misma consideración. O sea, igualar la reconstrucción del proceso evolutivo sustentado en dos siglos de trabajo científico (aun con vacíos, contradicciones, revisiones...), y la versión fabulada, escrita hace más de 2.500 años, por unos escribas que en toda su vida probablemente no se movieron de una comarca.

Es un claro ejemplo de cómo los planteamientos más reaccionarios y la manipulación pueden abrirse paso justificándose con argumentos aparentemente “progresistas" y usando términos políticamente correctos: “reconciliación", talante democrático", “cierre de heridas".... Podríamos definir estas actitudes como “la segunda trinchera" de la derecha ideológica.

Hace pocas fechas el diario “El Mundo" lanzaba el coleccionable “La Guerra Civil Española" con la siguiente campaña promocional: “Primero la derecha dio su versión, después lo hizo la izquierda, ahora El Mundo le cuenta todo lo que pasó" (1). Aparte de la petulancia que supone el uso de término “todo" como categoría absoluta (lo cual es materialmente imposible, y el mero hecho de seleccionar datos contiene un inevitable componente subjetivo), tenemos ante nosotros un intento más sutil e inteligente de manipulación de la memoria colectiva que a lo que nos tienen acostumbrados los Vidal, Moa y otras lecturas veraniegas del tercer hombre de las Azores.

Por ejemplo, en la página 203 del primer volumen encontramos dos columnas en paralelo firmadas por Rafael Torres y César Vidal sobre las causas y orígenes de la Guerra. En la segunda se desgrana la versión franquista deslegitimadora de la República, aparentemente actualizada. En resumen, un cúmulo de argumentos totalmente rebatidos y desautorizados por la investigación histórica contemporánea. Pero al parecer, lo “moderno", lo “democrático" es comparar versiones, aunque ello signifique dar pábulo a una sarta de patrañas.

La derecha es consciente de que su “versión" sobre la guerra y el franquismo ha quedado desacreditada gracias al trabajo desarrollado durante 30 años por docenas de historiadores extranjeros y españoles, cuyas obras (tanto de carácter general como docenas de monografías de ámbito local o comarcal) han venido a definir las responsabilidades en el origen de la Guerra y constatar, por ejemplo, que la represión franquista anterior y posterior a 1939 fue mucho más amplia de lo que se había supuesto en un principio. Esto no es “la verdad" con mayúsculas que nos ofrece cada domingo Pedro J., sino como definió Reig Tapia, realidades objetivas y verificables.

Tras la desacreditada versión franquista sólo sostenida actualmente por los publicistas jaleados en medios de comunicación afines a la FAES y a su entramado ideológico-económico-mediático, la derecha ha retrocedido aparentemente en sus planteamientos a una segunda trinchera argumental: “todos fueron malos" (Payne), o “en ambos lados se cometieron crímenes" (sin el menor análisis cuantitativo y fundamentalmente cualitativo), o con mensajes subliminales, capciosos y malintencionados.

Lo verdaderamente preocupante no es que un ex militante del Grapo pueda derramar basura revisionista y negacionista (lo que en G.Bretaña o Alemania hoy constituye delito) en libros publicados por una editorial fundada por J.M de Oriol (secuestrado por el Grapo en 1977), sino que la versión “light" o “conciliadora" de exculpación del golpe del 18 de Julio sea asumida por responsables políticos del actual Gobierno del Reino de España, en nombre del cierre de heridas, la concordia y la convivencia. Es la asunción de “la segunda trinchera", por renuncia o acomodo

Tras la recepción de Falange por la Comisión Interministerial, la valoración altamente positiva que estos señores hacen de dicho encuentro (2), y las declaraciones al respecto de la Vicepresidenta del Gobierno sobre “cerrar heridas" reconociendo y compensando a las víctimas de ambos bandos, nos preguntamos: ¿acaso se pretende actualizar el censo de hijos de caídos, caballeros mutilados y héroes de la división azul, para volver a repartir puestos de la administración, estancos, gasolineras y despachos de lotería, tal y como se hizo en 1940?. (3)

Escribe el filósofo Reyes Mate: “(..)No es lo mismo la memoria de excombatientes fascistas que la de los asesinados en la cuneta de Piedrafita. La memoria de los primeros ya se realizó en el franquismo y sigue vigente en un presente en el que los vencedores de antaño han encontrado una benevolente legitimación; su memoria sólo servirá para reproducir la lógica violenta que les hizo temibles mientras pudieron. La memoria moral capaz de romper esa lógica letal es la de los inocentes que murieron sin razón. (...) Es su inocencia la que cuestiona cualquier sistema político, aunque sea el de la democracia, si ésta acepta como precio de su éxito el olvido de la injusticia cometida." (4)

Frente a otros compañeros que se oponen frontalmente a cualquier tipo de colaboración ante las previsibles conclusiones de la Comisión, mi opinión es que deberíamos valorar con la mayor objetividad, sin prevenciones, los posibles avances que pudieran darse por iniciativa del Gobierno en determinados aspectos, e incluso colaborar con ello: Ley de Archivos, legislación de la eliminación de símbolos y nombres franquistas, indemnizaciones y reconocimiento a las víctimas del fascismo, devolución del patrimonio incautado a organizaciones republicanas... siempre que su cumplimiento quede garantizado por Ley y que se establezcan asimismo plazos estrictos para su aplicación.

Pero la piedra de toque de los trabajos de la Comisión va a ser sin duda el tratamiento dado a la “anulación" de sentencias de los juicios franquistas. De momento, “La Fiscalía General del Estado aseguró el pasado mes de abril que no tenía intención de promover la revisión "generalizada" de los consejos de guerra celebrados durante el franquismo, ya que dicha revisión debe hacerse de forma individualizada y ante la presencia de hechos o pruebas relevantes que no pudieron ser valorados en su momento (5). Previamente encargó un estudio al fiscal Herrero Tejedor, quien concluyó que los recursos de revisión contra sentencias penales dictadas "en cualquier fecha" por tribunales militares deben ser resueltos por la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo" (6).

En consecuencia, no hay en principio intención de anular los juicios que condenaron a muerte o a largas penas de cárcel por “rebelión militar" a centenares de miles de demócratas, a pesar de la evidente indefensión, de las irregularidades procesales (consecución de “pruebas" y testimonios mediante tortura, juicios colectivos...), de la absoluta parcialidad de las defensas y de los tribunales. Incluso actualmente, los procesos de revisión se mantienen dentro de la jurisdicción militar, lo cual ya era una irregularidad en el momento de realizarse los juicios. No anulación, por supuesto, en nombre de la reconciliación, la convivencia y el cierre de heridas.

Ante esta situación aberrante (7), resulta casi anecdótico que un Fiscal General del Estado sienta el impulso de defender las sentencias emitidas por su padre, antiguo juez del siniestro Tribunal de Orden Público. O que el Ponente de la Sala de lo Militar del Supremo casualmente se apellide como aquel Ministro-Secretario General del Movimiento que fue mentor, entre otros, de Suárez, Rosón o Martín Villa (8).

Lo que no es de ninguna manera anecdótico, es la defensa de la llamada “seguridad jurídica". El mantenimiento de la plena vigencia de las sentencias franquistas, ¿acaso implica un reconocimiento explícito de que el actual régimen de restauración borbónica tiene su origen legal y obtiene su legitimidad, no de la Constitución de 1978, sino en el golpe de Julio del 36?.

Empezamos a vislumbrar que las intenciones de la Comisión Interministerial tenderán a la individualización de los procesos de rehabilitación, y por tanto la anulación selectiva de sentencias unidas a actos de homenaje, tocando todos los “palos ideológicos" con la pretensión de contentar y apaciguar ánimos y reivindicaciones: Carrasco Formiguera, Companys, Blas Infante, Zugazagoitia, Grimau,... En principio bien, ¿pero porqué tienen que continuar siendo firmes las sentencias que recayeron sobre docenas de miles de jornaleros, obreros, maestros o los militares leales a su juramento?.

Las organizaciones que perseguimos la Recuperación de la Memoria, estamos en la tesitura de participar o no en estos actos, e incluso respaldar y aprovechar los posibles avances legislativos, sobre archivos, retirada de símbolos, etc...

Pero lo que no es negociable es la exigencia de la anulación de todas y cada una de las sentencias del franquismo por ilegitimidad de origen de las instituciones que, surgidas del golpe del 18 de Julio, legislaron, juzgaron, condenaron, y en miles de casos ejecutaron, a los defensores de la democracia y la legalidad. Amnistía Internacional, el Equipo Nizkor y algunos de los mejores juristas del país han proporcionado la argumentación para esa anulación general (9), demostrando que no sólo es posible, sino indispensable.

Este debería ser el momento, pero no podemos estar a expensas de las conclusiones que pueda extraer la Comisión. Si nuestras expectativas de hacer justicia más de 60 años después no se ven ahora culminadas, tampoco debería suponer un drama ni un punto y final, sólo una oportunidad perdida, y no por culpa ni responsabilidad del movimiento social por la Recuperación de la Memoria.

(1) Ver el interesante análisis de Emilio Sales, “La actualidad de la Guerra Civil", en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=19727

(2) http://www.la-falange.com/nacional/noticias/memoriahistorica.htm

(3) http://www.nodo50.org/foroporlamemoria/documentos/2005/docsf_sept2005.htm

(4) Reyes Mate “Políticas de la memoria" EL PAÍS, 13 de noviembre de 2002

(5) Es decir, 65 años después los leales a la República tienen la obligación de demostrar su inocencia del delito de rebelión militar por el que todos fueron juzgados. Si esto tuviese nombre sería el de “esperpéntico" o “kafkiano".

(6) EL PAÍS, 3-10-2005

(7) Amnistía Internacional “España: poner fin al silencio y a la injusticia" 18-7-2005. (págs. 38 a 40).

(8) Alfredo Grimaldos “La sombra de Franco en la Transición" (Oberón)

(9) Castresana,C. “Debajo de las togas" EL PAÍS 18-11-2004; Martín Pallín,J.A. “Sin pasado no hay mañana", EL PAIS 15-06-2004; Jiménez Villarejo C. “Intervención en la Jornada sobre la Memoria Histórica y contra la Impunidad convocada por la Fundación "Entrepobles i URV solidária". Barcelona, febrero 2005