Transición política española: la utilidad del recuerdo
CAES [12.09.2005]

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30 AÑOS DESPUES

Alrededor del 20 de noviembre de 1975 convergen en el Estado Español dos procesos de signo diferente. Por un lado, se agudizan las insuficiencias del modelo de acumulación  capitalista, en particular la falta de adecuación del marco de relaciones laborales vigentes. Por otro, se agrava la crisis de un régimen político que, con la muerte de su fundador, acelera su descomposición.

En la última etapa de la dictadura  franquista, un nuevo movimiento obrero, ilegal pero de masas, se abre paso combinando el hambre de salarios de millones de trabajadores, con el hambre de libertad de una valerosa y bien organizada minoría, mayoritariamente comunista.

Este movimiento conquista mejoras sociales, impone su representatividad frente al sindicalismo oficial, e impide, hasta finales de los años 70, la aplicación de políticas duras de ajuste.

Por la brecha que abre el movimiento obrero, emerge un torrente de movimientos sociales: movimiento ciudadano, mujeres, presos, minusválidos, homosexuales, ecologistas, antimilitaristas, etc. que expresan las necesidades y deseos de la mayoría de la población.

Aparece así un poder constituyente que, sin tener la magnitud que le ha adjudicado la izquierda, sobre todo su sector radical, alcanza cotas importantes de participación y combatividad.(1)

La posibilidad de que la naciente democracia sirviera para alentar ese poder constituyente que, confrontándose con las fuerzas que sostuvieron el franquismo, acometiera una democratización, no sólo en las formas políticas sino también en el terreno económico y social, se canceló en base a los acuerdos entre un sector de las élites del antiguo régimen y la gran mayoría de la oposición democrática. Es de destacar la participación de la dirección del PCE en la corresponsabilización del movimiento obrero con dichos acuerdos. (2)

Este cambio de rumbo frena la lucha, desencanta a miles de activistas, que por primera vez tenían enfrente, no a los reaccionarios sino a sus propios compañeros, y ya sin la fuerza de la movilización, convierte en marginal cualquier propuesta que quisiera llevar más lejos los cambios.
A partir de aquí, la razón de Estado impone, entre otras cosas, que la defensa de las necesidades sociales solo es viable a través del crecimiento económico que tiene como condición el beneficio del capital y exige la paz social. También las reivindicaciones nacionales deben sujetarse a una Constitución tan democrática, que niega el derecho de autodeterminación y confía a la Fuerza Armada el mantenimiento de la unidad de España. La dinámica que se abre a continuación, produce la derrota material y moral en la que se mueve hoy la causa popular. También tiene su explicación en esta dinámica, el grado de crueldad y la cronificación del conflicto que el Nacionalismo Español ha creado y mantiene vivo en Euskadi.

La defensa de la democracia frente a la amenaza de golpe militar fue un argumento fuerte para legitimar estas políticas. Este argumento, cierto, no constituye la única explicación. También operan de manera intensa muchas de las concepciones de la izquierda: identificación de democracia con capitalismo, separación entre intereses e ideología, entre organizaciones que gestionan los intereses (sindicatos) y partidos que se ocupan de lo político, confianza en que el desarrollo tecnológico y económico, nos conducirán a una sociedad igualitaria, productivismo, consumismo, etc..

De esta forma la transición, como paso de la dictadura a la democracia, se convertirá en un proceso funcional a las necesidades de modernización del capitalismo y de las relaciones laborales. La democracia será el marco en el que se opere la recomposición del modelo de acumulación. Las características de la transición explican como el régimen resultante legitima en primer lugar la reestructuración neoliberal de las relaciones entre el trabajo y el capital.

En este proceso, la monarquía ha sido una pieza clave en la configuración de la democracia como la nueva cobertura política del capitalismo, al ser el punto fijo que enlaza el régimen viejo con el nuevo.

Los sindicatos emergen de la clandestinidad con una enorme fuerza social y un prestigio que les convierte en señas de identidad de la democracia española. Sin embargo, al asumir la estrategia de sus partidos patrocinadores, confundieron la democracia con su propia legalización y entraron en una senda de desmovilización y despolitización. (3)

A pesar de que los sindicatos adoptaron el punto de vista del crecimiento económico y la competitividad, la reestructuración de las relaciones laborales fue convirtiendoles poco a poco en elementos irracionales desde el punto de vista de la modernización, al no acceder al cien por cien de la flexibilización del mercado de trabajo que dicha modernización requería. Su resistencia a la reducción de salarios y prestaciones y a la precarización del empleo, les han hecho merecedores de la acusación de corporativos.

La desregulación laboral y la fragmentación de la clase obrera han ido erosionando su base social al aumentar vertiginosamente las diferencias internas entre los trabajadores/as, de la mano del aumento del paro y la precariedad.

Ante estos fenómenos, los sindicatos respondieron de forma defensiva, profundizando en su despolitización y enrocándose en una representación de alta intensidad de los sectores fijos de la mediana y gran empresa que constituyen su base afiliativa. Al mismo tiempo, han permanecido pasivos ante la acelerada disminución de su base social y el aumento de los sectores asalariados impermeables al tipo de sindicalismo que practican.

Esta despolitización sindical ha sido decisiva en la eliminación de la posibilidad de que los ciudadanos/as se cuestionen las claves del orden político vigente. Así, dicho orden se convierte en intocable al estar fuera de discusión y las minorías que lo cuestionan quedan condenadas a la marginalidad política.

LA UTILIDAD DEL RECUERDO

La valoración de los actos de las personas y de los grupos sociales debe tener como principal referencia los resultados de dichos actos. Los resultados de la transición en España contrastan con las grandes esperanzas que concitó en amplios sectores sociales.

El desencanto y la automarginación de la actividad política son, hoy por hoy, la respuesta a la pérdida de legitimidad de las instituciones políticas y la creciente inseguridad para millones de personas. El progreso que se predica desde las corporaciones de poder tiene como condición el aumento de las diferencias sociales y la degradación de sectores crecientes de la población. El desempleo y la exclusión rompen la sociedad, arrasan la tradición y enfrentan a la gente a un porvenir de riesgo.

Las actividades criminales de los padres de la patria sumen a la sociedad en un caos moral. El régimen político no suscita adhesión, pero sí consentimiento. La pérdida de legitimidad es simétrica a la disolución de cualquier alternativa política al orden vigente.

Esto no es el fascismo, sino el desarrollo lógico de la transición tal como se hizo Es el desarrollo de la socialdemocracia de Felipe González a través de la modernización del capitalismo en España.

Las interrogantes que nos formulamos sobre este proceso de la transición política son intencionales. Pretenden obtener respuestas válidas para la revitalización de un movimiento crítico que se oponga al despliegue de la lógica que nos empuja desde hace más de 30 años y que pasó la crisis del régimen franquista sobre el puente de la transición política, de la mano de Juan Carlos I. Esta lógica es la de la incorporación de la economía española a la economía mundo, o, dicho de otra manera, la lógica del progreso identificado con la modernización capitalista.

La transición constituyó un ejercicio de amnesia colectiva sobre los fundamentos del régimen que se clausuraba. La vorágine del cambio, compartida por la mayoría de la sociedad, nos ha llevado a borrar de nuestra memoria el pasado y a constituir el futuro como la principal referencia temporal. Así estamos en un presente vacío, en una nada subjetivizada, inermes ante las propuestas irracionales del poder.

El pasado no debe ser olvidado, sino negado en el presente. Sin esa negación, el presente no construirá el futuro sino que será un tiempo vacío, uniforme, en el que el pasado se soldará con el futuro.

El presente no sólo se explica por el pasado, sino también por el futuro. Debido a que las decisiones que hoy tomamos prefiguran el futuro, sólo contando con la realidades de ese futuro podremos tener elementos para calificar las decisiones del presente.

Las circunstancias en las que se desarrolló la transición, que bien podríamos llamar "la transacción ", explican sus consecuencias políticas y sociales de hoy. Estas consecuencias permiten valorar las decisiones que hicieron que la transición fuese tal como fue.

La abrumadora hegemonía de los elementos de continuidad sobre los de ruptura entre el régimen franquista y la democracia parlamentaria, la suavidad con que la transición trató a los poderes fácticos que sostuvieron la dictadura, han dejado un cauce abierto para volver, con la misma suavidad, a las formas políticas anteriores. Un ejemplo del carácter reversible de la democracia española, lo constituye el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, donde los mismos que fueron gozne para el viaje de ida del franquismo a la democracia, se aprestaron a protagonizar el frenazo y marcha atrás impulsado por autoridades, militares por supuesto, nostálgicas del antiguo régimen.

A diferencia de los años de la transición, hoy no hay fuerzas que se opongan decididamente a la involución política y social que sufre la sociedad española. Es más, esa involución autoritaria y antisocial se hace en nombre de la democracia, es su contenido verdadero.

El sindicalismo está inerme ante ese proceso y aumenta su fuerza institucional a costa de su papel de movimiento social, convirtiéndose cada vez más en un aparato para el disciplinamiento de la fuerza de trabajo.

El radicalismo, huérfano de un proyecto propio y en fase terminal, languidece o se incorpora a la única vía posible de transitar hoy en día, la burocracia sindical.

En medio de esta situación, los jóvenes menores de 20 años al ser interrogados por las encuestas de opinión pública, colocan a los sindicatos como las instituciones con menos prestigio social, muy por debajo del ejército y la monarquía y dicen no saber si Franco era bueno o malo. Algunos saben que hizo muchos pantanos y que con él no había libertad. Por otro lado el PP, heredero legítimo de los poderes fácticos del franquismo, prepara una nueva transición. ¿Hacia dónde?.

NOTAS

(1) Desde 1976 a 1979, participan en la movilización entre un tercio y dos tercios de los trabajadores asalariados.

(2) Esta política de consolidar las instituciones a costa de desactivar el movimiento, tiene como momentos más significativos los siguientes:

- Cté ejecutivo del PCE de Mayo/76. En él se aprueba la ruptura pactada mediante la negociación con el ejército, la banca y la iglesia, apoyándose esta negociación en el vértice inamovible de Juan Carlos de Borbón.

- Asamblea de CC.OO. de Barcelona. Julio/1.976. Celebrada entre la clandestinidad y la tolerancia. El PCE copa casi todos los puestos de la dirección y se decide la conversión de CC.OO. desde un movimiento sociopolítico con aspiraciones unitarias a un sindicato de federaciones de rama cuya actividad central se desarrolle en el terreno de las reivindicaciones laborales.

- Pactos de la Moncloa. Octubre/77. Firmado por los partidos políticos parlamentarios. Pone, en su parte económica, como primeros objetivos la lucha contra la inflación, el déficit exterior y el paro. En su parte política (que no firmó AP), se establece un calendario legislativo a corto plazo. Estos pactos suponen que las fuerzas instaladas en el nuevo poder constituído frenan el proceso innovador y democrático de la movilización popular. Se pone de manifiesto la dependencia política de CC.OO. respecto del PCE al aplicar la dirección de dicha organización la contención salarial en los convenios, enfrentándose incluso con los sectores más combativos. La continuidad de esta política se da en el Plan de Solidaridad Nacional contra el Paro y la Crisis, estrategia implementada por CC.OO en 1.978, en la que se continúa interiorizando que para defender las condiciones laborales es necesario defender primero el beneficio empresarial.

- Enfrentamiento con el radicalismo vasco. El 10/11/1978, CC.OO., UGT y los partidos parlamentarios convocan una jornada de manifestaciones y asambleas en las empresas contra los atentados de ETA.

- Constitución española 6/12/78. Apoyada por CC.OO.,UGT, SU y CSUT. Lo relevante no es tanto su aprobación sino la creación de las condiciones políticas y sociales que harán posible una lectura jerarquizada de los derechos contenidos en ella. Esta lectura nos conduce a la siguiente paradoja actual: Todos los españoles tienen derecho al trabajo (art. 35.1 de la Constitución) y 3.647.580 españoles están en desempleo forzoso (EPA 1er. trimestre/95).

- Estatuto del trabajador, Marzo/1980. Se debate a lo largo de 1979. Contempla, entre otras cosas, la contratación no indefinida. Abre la puerta a la precarización del mercado de trabajo. Apoyado por UGT.. A pesar de estar en contra, CC.OO. no se decide a convocar una huelga general demandada por los sectores radicales.

(3) Al hablar de "los sindicatos", lo hacemos desde el punto de vista de su actividad como movimiento social. En este sentido, nos referimos fundamentalmente a CC.OO. y a otras organizaciones y corrientes radicales minoritarias. UGT queda al margen de este proceso porque pasó de ser mucho más marginal que cualquiera de las corrientes minoritarias a ser la 2º fuerza en las primeras elecciones sindicales de 1978 gracias a su enfrentamiento con los elementos más democráticos y participativos del movimiento sindical. Consentida por el franquismo en su última etapa e intensamente apoyada por la socialdemocracia alemana, se opuso desde el principio a la unidad sindical, a las asambleas, a la acción sindical basada en la movilización y a los comités de empresa. Desde el primer momento actuó como un aparato cuyo papel fue luchar por la burocratización e institucionalización del movimiento sindical, dentro de una línea de apoyo a la modernización capitalista. La UGT rompió la C.O.S. en Marzo/77, la Constitución en diciembre de 78, apoyó el E.T. en marzo/80, el Acuerdo Económico y Social, que facilitó la avalancha de contratos precarios, en 1984. Solamente se enfrentó con su partido mentor, el PSOE, cuando la burocracia dirigente comprendió que no podían prolongar por más tiempo su papel de correa de transmisión de la política neoliberal del gobierno. La pérdida en las elecciones sindicales de 1986 de su hegemonía en las grandes empresas públicas y de sectores estratégicos fue el detonante que les hizo apartarse de los dictados del gobierno de PSOE.