Ante la aprobación de la ley de devolución documentos catalanes de Salamanca
Comunicado de la Comissió de la Dignitat - Madrid 15.9.2005

Hoy, 15 de septiembre de 2005, es un día importante en la larga lucha por la devolución, 67 años después, de los documentos expoliados por Franco, con fines represivos, al final de la Guerra Civil, a entidades, instituciones, partidos, sindicatos, gobiernos y personas físicas. Como catalanes, sentimos una especial satisfacción al ver que recina hoy luz verdre una reclamación histórica formulada ya desde hace muchas décadas por personas como Josep Benet, Anscari Mundó, Josep Maria Sants Travé, Teresa Rovira, Borja de Riquer, Joan B. Culla, Antoni de Senillosa, Carles Fontserè, Joaquim Ferrer y Teresa Pàmies. Al citar estos nombres, y al considerar la gama de sensibilidades políticas que reflejan, creemos que todo el mundo se puede dar cuenta que es toda la sociedad catalana la que está exigiendo esta restitución. La labor de la Comissió de la Dignitat ha sido simplemente la de recoger esta inquietud y canalizarla con el apoyo masivo de instituciones, más de 600 ayuntamientos, tanto en el Principado como en el País Valenciano y las Islas Baleares, el Parlamento de Catalunya, la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya –que ha tenido un papel destacado en el proceso– las Cortes Valencianas–que dio su apoyo por unanimidad al retorno– y los diversos gobiernos de la Generalitat de Catalunya.

Esta ley ha recogido la mayor parte de los objetivos que nos habíamos planteado cómo son el regreso inmediato de los documentos de la Generalitat y el regreso de los documentos, libros y otros objetos requisados en Catalunya después de un proceso de selección y digitalización que comenzará enseguida, haciéndose efectivo la devolución el año que viene. La Generalitat será quien reciba todos estos documentos de los particulares y, tras clasificarlos, los pondrá a disposición de los afectados que los reclamen.

La Comissió de la Dignitat, en el proceso de negociación por el retorno, ha insistido desde el primer día, que si bien nuestra prioridad por razones de pertinencia nacional eran los documentos expoliados a los territorios de Cataluña, País Valenciano y las Islas Baleares, nos enorgullecemos de haber colaborado con aragoneses, vascos, asturianos y andaluces en sus demandas de regreso. Igualmente estamos muy satisfechos con el apoyo que hemos recibido de tantos puntos diferentes del Estado y del mundo entero, apoyo en el primer caso que a menudo ha tenido que superar un clima de intoxicación creado por ciertos medios de comunicación y ciertos intereses políticos que sólo buscaban desde el primer momento el enfrentamiento entre territorios. Si tenemos que destacar por su valentía algún sector por su apoyo a la devolución y a la Comissión de la Dignitat, debemos mencionar a los sectores políticos, sindicales, culturales, académicos y de recuperación de la Memoria Histórica de la misma ciudad de Salamanca y de Castilla y León, que siempre nos han apoyado, algunos con su presencia aquí hoy. También nos enorgullecemos de haber conseguido que el Gobierno del Estado abra un proceso de devolución de los documentos requisados a toda suerte de entidades y particulares del País Valenciano y el resto del Estado. Con respecto al País Valenciano, ahora tiene que ser la Generalitat Valenciana, como prevé la ley, que esté a la altura de las circunstancias y asuma y lidere el proceso de devolución de todos los documentos valencianos, tal y como aprobaron por unanimidad las Cortes Valencianas ahora hace más de un año. La nueva Ley de la Memoria tiene que recoger la devolución de los documentos del Gobierno Vasco y el resto de ayuntamientos del Estado. No se entendería que a estas instituciones democráticas represaliadas por el franquismo no les fuera restituido su patrimonio.

Si bien nuestra actitud hoy es de satisfacción, no es menos cierto que nos vemos obligados a subrayar algunos aspectos que no nos han dejado de preocupar y que tendrán que servir como reflexión de todo esta larga lucha. En primer lugar cabe decir que si hoy el Congreso de los Diputados ha hecho una ley para el retorno, este paso se da casi treinta años después de la muerte de Franco. Esto demuestra que, a lo largo de los años, el Estado ha actuado con una lentitud inadmisible en un tema que afecta tan directamente la sensibilidad democrática. Aquí no se ha hecho más que rectificar los efecos de un robo documental en cuya génesis se sabe que tuvo un papel importante la propia Gestapo. Lamentablemente no es el único caso en que se producen esta clase de inercias puesto que ha pasado igual en casos como el de las fosas comunes, la no eliminación de los símbolos fascistas y la no anulación de tantas sentencias de muerte. También han proliferado fenómenos tan poco edificantes como es la falta de una más plena rehabilitación y restitución de las personas represaliadas y los valores democráticos republicanos. En este sentido, queremos hacernos eco de la posición defendida recientemente por Amnistía Internacional en qué se critica la Transición española y se la compara con procesos más transparentes, reconciliadores y democráticos que se han podido producir en otras países que también salieron de regímenes antidemocráticos durante el siglo XX, como por ejemplo Chile, Argentina y África del Sur. Allá, en contraste con lo acontecido en el Estado español, la verdadera dignificación de las víctimas ha sido el gran logro conseguido.

Otro elemento inquietante del caso español es el hecho que, quizás a resultas de este proceso, todavía disfruten de una considerable cobertura mediática y política los sectores hostiles a esta devolución, sectores que a menudo hay que asociar con el tardofranquismo y con posiciones de escasa credibilidad democrática. En este sentido hace falta recordar que quien insultó el pueblo de Salamanca al grito de son “vuestros (los documentos) por derecho de conquista" había estado, 53 años antes, colaborador entusiasta de los proyectos propagandísticos de Goebbels.

Una última reflexión querríamos hacer. Durante los últimos tiempos hemos tenido que sentir como algunos sectores políticos y mediáticos presentaban la Ley que ha aprobado hoy el Congreso de los Diputados como “un chantaje" que supuestamente habrían efectuado los catalanes. Encontramos totalmente grotesco e insultante esta interpretación del paso dado. Sólo la podemos entender como un intento de ningunear nuestro legítimo derecho a la identidad política como pueblo y una manera de ejercer un uniformismo excluyente y la negación de la historia. Pensamos que quien defiende una visión así sufre, a la fuerza, un grave déficit democrático. Queremos pensar que con el paso que significa esta Ley, se irá facilitando una progresiva apertura de las puertas a la libertad, a la comprensión y al respeto mutuos entre pueblos así como a la plena restitución de la dignidad de todas las personas.