Reportajes. El PP entierra el hacha y la guerra
Diario de León - Martes, 6 de Septiembre de 2005

Enviado por Salamaca Memoria y Justicia

Una investigación avalada por la Universidad de León denuncia la «aberración jurídica» de los juicios sumarísimos
Los expedientes que el Gobierno no quiso anular reflejan la crueldad de la represión franquista
Marco Romero león  

« Es un debate cerrado». Con esta aseveración, el grupo popular en el Congreso ha resuelto un asunto que afecta a los descendientes de entre 16.000 y 20.000 leoneses sometidos a juicios sumarísimos durante la represión franquista. La propuesta, secundada por el resto de los partidos del arco parlamentario, era anular los procesos abiertos en tribunales militares y los que surgieron de aplicar la Ley de Responsabilidades Políticas contra los detractores del Régimen. Pero los populares ya han dejado claro que no van a recuperar la memoria histórica de los represaliados. Pese a ello, una tesis doctoral cum laude presentada esta semana en León aporta, entre otras muchas cuestiones, datos reveladores sobre estos expedientes desde su instrucción hasta que eran ejecutados con sus últimas consecuencias, unas veces encarcelando a la víctima y otras aplicando la pena de muerte. La investigación de Javier Rodríguez González León bajo la dictadura franquista (1936-1951) , dirigida por el catedrático Francisco Carantoña, desvela cómo estos consejos de guerra se incrementaron tras la caída del Frente Norte, el 21 de octubre de 1937.

« Se convirtieron en una auténtica aberración jurídica porque los acusados eran quienes habían permanecido fieles a las leyes y los jueces eran los que habían roto con la legalidad». Se aplicaba la legislación militar para juzgar cuestiones de índole político. Por ejemplo, se condenaba por auxilio a la rebelión no sólo a los que defendían la legalidad republicana, sino a los que, sin enfrentarse a los sublevados, simplemente no apoyaban su causa.

El trabajo desvela que el primer condenado leonés en un juicio sumarísimo fue el berciano José Silva, que fue ejecutado el 27 de julio de 1936.

Protocolo de un juicio

No obstante, casi siempre estos consejos de guerra eran colectivos. La interrelación de diversas fuentes ha permitido establecer al autor el protocolo de estos juicios. Explica que cuando los procesados estaban en la sala, amarrados de dos en dos, vigilados por guardias civiles y falangistas, el tribunal ocupaba el estrado y comenzaba el acto formulario. El relator o ponente leía el llamado autoresumen de cada inculpado, donde se incluían los cargos y acusaciones.

Los consejos no desarrollaban labor probatoria alguna y las denuncias o informes negativos se consideraban incuestionables. Además, la posibilidad de revisión de los procesos y sentencias era «casi nula», concluye el investigador, de forma que la ejecución se llevaba a cabo a los pocos días de la condena. No fue hasta el 9 de enero de 1940 cuando se comenzó a contemplar la revisión de las sentencias, un paso similar al que los partidos democráticos, excepto el PP, han querido dar ahora, salvando lógicas distancias. La tesis recoge algunos ejemplos de estos consejos de guerra, como el que tuvo lugar el 4 de noviembre de 1936 en la Diutación de León -la otra sede de los juicios era el cuartel del Cid-, y por el que fueron fusilados dos semanas más tarde en el polígono de tiro de Puente Castro todas las autoridades republicanas más importantes: el gobernador civil, Emilio Francés Ortiz; el presidente de la Diputación, Ramiro Armesto Armesto; el alcalde de León, Miguel Castaño; el presidente del Frente Popular, Félix Sampedro, etcétera. También fueron ejecutados de esta froma los alcaldes de Cármenes, Ponferrada, Astorga, Montejos, Sahagún, Valderas y los cuatro que tuvo Vegacervera en la zona republicana.

En los fondos de la Audiencia

La represión política también fue ejercida a través de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. Esta normativa estableció una estructura jurisdiccional propia que dependía de la Presidencia del Gobierno y, concretamente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas que operaba a través de los tribunales establecidos en algunas capitales de provincia. León dependía de Valladolid. La investigación de Javier Rodríguez cita que en León se incoaron muchos expedientes de este tipo, aunque de momento es imposible conocer el número exacto puesto que el Archivo Histórico Provincial está catalogando toda la documentación procedente de la Audiencia Provincial, de la que este periódico conserva algunos legajos, que se reproducen junto a estas líneas.

Sí está constatado que a fuerzas políticas y sindicales como el PSOE, UGT, CNT y Izquierda Republicana le fue arrebatado mucho patrimonio colectivo, que todavía hoy sigue reclamado. Sólo el sindicato UGT, después de una larga investigación en el Archivo General de la Administración, ha podido demostrar la propiedad de diferentes bienes inmuebles y otros activos financieros en la provincia de León por valor de unos tres millones de euros.

La devolución de este patrimonio fue uno de los primeros compromisos de José María Aznar cuando llegó por primera vez al Gobierno. En el acto de investidura se comprometía a revertir al PNV, entonces su socio de gobierno, los derechos sobre el patrimonio que se le había incautado a través de la Ley de Responsabilidades Políticas durante los años del franquismo. Esta situación dio pie a otros partidos y sindicatos a reclamar infructuosamente sus bienes. La tesis doctoral también recoge cifras, aunque con mucha cautela. Comenta que «es difícil» determinar el número total de muertos por la represión. El historiador Ramón Salas Larrazábal atribuyó a la provincia 1.409 personas muertas, de ellas 624 lo fueron como consecuencia de la aplicación de sentencias judiciales y 785 producto de asesinatos irregulares. Pero Javier Rodríguez deduce por sus datos que el número de muertos en la provincia es mayor, y sustenta esta afirmación en unas cifras parciales que en su momento aportó Secundino Serrano, quien sólo teniendo en cuenta los datos del registro del cementerio de León contó al menos 1.018 fallecidos a causa de fusilamientos y paseos procedentes de San Marcos. Para valorizar estas cifras habría que sumar las de toda la provincia de León y comenzar una nueva investigación que permitiese consultar la documentación procedente del Gobierno Militar de León y de los registros civiles y los de las cárceles. «A través de estos documentos se pueden saber las cifras y características de ese terror, pero hay otras listas, otros nombres que nunca han salido a la luz, son esos nombres que en cada pueblo se conocen, pero que el paso del tiempo y una larga dictadura han logrado ocultar», reflexiona Javier Rodríguez en su obra.

«Quede claro que nos trataban como a animales y en ocasiones peor»

« Después de estos días aciagos llegó la hora de nuestro traslado a San Marcos; fue horrible. A las nueve de la mañana salimos de Riaño en un camión de ganados escoltados por dos autocares de la Policía Armada, uno delante y otro detrás del camión. Quede bien claro que a nosotros nos trataban como a los animales y en ocasiones peor. En todos y cada uno de los pueblos que hay en la carretera, hasta llegar a León, paraban el camión para que todos aquellos que lo desearan nos torturaran a su manera. El personal estaba como loco. Unos, falangistas de verdad y otros deseando parecerlo para redimirse así de los castigos de los asesinos por lo que estaban invitados; nos maltrataron con crueldad. Muchos sangrábamos como corderos en el matadero. Cogían las almadreñas por la pella de atrás y con el resto nos daban con fuerza en la espalda y donde podían. A mí me rompieron una vena en la espalda y estuve algún tiempo echando sangre por la boca».

Este testimonio es una de las principales aportaciones de la investigación de Javier Rodríguez. Se trata de un fragmanto de la entrevista personal que mantuvo con Consuelo Gonzalo Demaría, originaria de Posada de Valdeón, y que en esta parte relata cómo fue su traslado y llegada a San Marcos, uno de los campos de concentración más conocidos de España. Consuelo Gonzalo Demaría, condenada en su día por llevar pantalones, dejó escritas unas memorias que también son recogidas en parte en este libro y que sus familiares también cedieron parcialmente a este periódico como aportación a la obra León, sus pueblos y sus gentes. «Hubiera deseado morir repentinamente para dejar de ver aquellos látigos indeseables, pero como el destino manda, de nada me servía desear cosa alguna».

Sólo entre 1936 y 1937, las ejecuciones en «paseos» superaron a las legitimadas por sentencias militares

Uno de los episodios añadidos a la investigación del historiador leonés Javier Rodríguez es el de los paseos, donde se hace una especial mención al caso del pozo grajero de Lario. La sustitución de la ley por las armas se hizo notoria a partir de 1936. El bienio que seguiría, sólo en esos dos años, el número de ejecuciones llevadas a cabo de forma irregular superó a las que se realizaron a través de sentencias dictadas por los tribunales militares. «Durante esos años fueron muy pocas las víctimas mortales que tuvieron la oportunidad de pasar por consejos de guerra; la mayoría murió en sacas y paseos que, aunque protagonizados po grupos de civiles armados, eran consentidos y fomentados por las autoridades».

El 21 de julio de 1936 apareció a orillas del río Bernesga el primer paseado leonés, un joven dependiente apellidado Cebada. A partir de ahí, los paseos se sucedieron en toda la provincia de León. El mapa dibujado por Rodríguez concentra estos escenarios en Valverde del Camino, Villadangos, Casasola, San Isidro, el Campo de Fresno, Montearenas en Ponferrada, el depósito de máquinas de la azucarera de León y el polígono de tiro de Puente Castro.

Los registros civiles de la ciudad de León, Gradefes, Cuadros, Villadangos y Valverde de la Virgen tienen en su sección de defunciones muchas hojas encabezadas por «sujetos desconocidos» o «varón sin identificar».

Uno de los últimos hechos investigados es el caso de Lario, donde varias personas de la montaña leonesa y del concejo asturiano de Ponga fueron fusilados y arrojados a una profunda sima. La localización de un superviviente permitió reconstruir la historia y poner una cara a los restos óseos que aparecieron en noviembre de 1998 durante una incursión de los guardias civiles de montaña en el interiro de este pozo.

La Iglesia ayudó a enmascarar el totalitarismo que se ocultaba tras el levantamiento

Uno de los capítulos más interesantes de la obra León bajo la dictadura franquista (1936-1951) es el que recoge las conclusiones sobre el papel que jugó la Iglesia en el asentamiento del Régimen. Explica Javier Rodríguez que el discurso ideológico eclesial fue el que proporcionó al Movimiento los argumentos necesarios para construir una teoría apoyada en factores religiosos que enmascarasen las cuestiones que se ocultaban detrás del levantamiento. Pero esta legitimación no podía quedarse ahí. «La Iglesia tenía que participar en la guerra que había creado».

La jerarquía católica, ya con el apoyo de la dictadura, implantó en la sociedad una religión autoritaria. A los leoneses se les impuso desde la prohibición de celebrar el carnaval hasta los modelos de los trajes de baño, también los libros que estaban autorizados a leer y las películas que podían ver. También bajo la cobertura de la legislación franquista, la Iglesia institucionalizó el concepto cristiano de núcleo familiar, que consistía en formar a las familias de forma recta , ejerciendo el padre de máxima autoridad.

Restauración religiosa

Un campo crucial para la Iglesia, en el que obtuvo grandes privilegios, fue la educación. Aquí fue mucho el empeño para llevar a cabo su restauración religiosa. Equiparó educación y cultura a religión, llevando el modelo educativo al medievalismo. Las imágenes religiosas comienzan a formar parte de las aulas y los contenidos religiosos se hacen omnipresentes en la enseñanza. La educación queda pues marcada por unas determinadas orientaciones ideológicas: historia sagrada y catecismo frente al rechazo a las ideas consideradas extranjeras .

« Toda victoria en una guerra suele traer una recompensa para los vencedores, y la Iglesia tuvo como uno de ellos el disfrute de los privilegios más importantes que han existido en la historia contemporánea». 

«Ningún dinero devuelve lo perdido»

El nuevo decreto de Castilla y León reconoce la aportación de las personas encarceladas «a los valores democráticos» Suprime el período mínimo de tres meses y ofrece entre 200 y 150 euros según la edad  A. Gaitero león  
« Desde la conciencia de que ninguna indemnización puede devolverles lo que perdieron como consecuencia de la reclusión», el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó en octubre un nuevo decreto que suprime el período mínimo de tres meses de reclusión por motivos políticos para acceder a una compensación económica de la administración autonómica.

Es la segunda convocatoria de la Junta desde que en el 2001 las Cortes acordaron materializar el resarcimiento a uno de los grupos de represaliados por la Dictadura, los ex presos políticos vivos (o sus cónyuges supérstites). Desde enero del 2003 hasta la fecha, 282 personas fueron indemnizadas con 1,2 millones de euros, lo que supone una indemnización media de 4.409 euros por cada individuo.

León es la provincia donde más peticiones se aprobaron (72), seguida de Valladolid (57), Palencia (52), Zamora (27), Salamanca (20), Soria (20), Segovia (12) y Burgos (9). El primer decreto de la Junta que reguló las compensaciones por tiempos de prisión durante el franquismo excluía a las personas que no pudieran acreditar un mínimo de tres meses de reclusión.

El nuevo decreto -Bocyl 8 de octubre de 2003- pretende hacer frente «a situaciones singulares» para acceder a esta prestación única y sin carácter periódico. El plazo para solicitarlo es indefinido y excluye a aquellas personas que no residan en la comunidad con al menos dos años de antelación a la presentación de la solicitud.

Las cuantías fijadas son de 200 euros por mes de reclusión para los mayores de 65 años y de 150 euros para los que tienen una edad inferior. La Junta argumenta que la iniciativa supone «por una parte el reconocimiento de la Comunidad de Castilla y León a las personas que sufrieron privación de libertad por defender los valores democráticos» y, por otro lado, paliar la exclusión de un colectivo significativo de personas de las indemnizaciones libradas por el Estado entre 1990 y 1998.

En León cobraron una indemnización media de millón de pesetas un total de 1.211 ex presos políticos. Fueron rechazadas otras 427 solicitudes por no acreditar el tiempo mínimo de prisión exigido (tres años) en los decretos del gobierno socialista de 1990 y 1992 y tres por no tener la edad legalmente exigida (65 años o más).

Excluidos los emigrantes

Los no residentes en Castilla y León no tendrán derecho a la indemnización. En esta situación se encuentran algunos de los procesados en el consejo de guerra 68/68 celebrado en el cuartel de San Marcelo de León el 24 de octubre de 1970. Matías Martínez, que trabaja en Barcelona desde hace varios años, dice escéptico: «¿Qué van a indemnizar? Como mucho, nos darán para café. A mí nadie me repara lo que he perdido no sólo durante la cárcel, sino también en los años que estuve en busca y captura y trabajaba clandestino, sin poder darme de alta en la Seguridad Social».

Añade Martínez que «en su día ya lo pagué con toda suerte de dificultades de supervivencia y lo voy a pagar en la jubilación porque me impidieron estar en una situación de normalidad».

Á ngel Villa, ex secretario provincial de Comisiones Obreras y ex preso, anima a todas las personas afectadas a que soliciten la compensación, aunque reconoce que la Transición fue muy «sui generis». Carlos García añade que el no reconocimiento a las víctimas del franquismo fue un «déficit de la Transición. Esto llega demasiado tarde», concluye. 

Presos por «sembrar» Ordoño con papel contra el proceso de Burgos

Las «pintadas» y «siembras de propaganda» fueron los argumentos del juez de orden público de Madrid en 1970 para acusar del delito de propagandas ilegales, del artículo 251 del Código Penal de entonces, a un grupo de leoneses que el 13 de diciembre se echaron a la calle, a Ordoño II, con pasquines elaborados manualmente para protestar «contra la pena de muerte y exigir libertades democráticas». El proceso de Burgos se había saldado con varias condenas a muerte. Las movilizaciones celebradas en todo el país aquel mes de diciembre y la intercesión de Pablo VI aplacó al régimen y se conmutó de la pena capital.

El 9 de enero de 1971 el juez Mariscal de Gante fija en 30.000 pesetas la fianza de Carlos García, para salir de prisión. Algunos estuvieron cerca de tres meses entre el tiempo pasado en la comisaría y la prisión. Se vivía bajo el estado de excepción y «nos tuvieron sin derecho a abogado, como a los de Guantánamo». Gerardo Pertejo, Félix García, Ángel Villa, Carlos García, Joaquín Colín, Rodrigo González y Antonio López Larín, entre otros, fueron detenidos después de la manifestación que remataron con el reparto de los pasquines a la salida de los cines aquella tarde de domingo. Todos, excepto Colín ( Luises) y García (CNT), estaban en la órbita de las comisiones obreras constituidas en reuniones a la orilla del río.

La Brigada Político Social buscó, sin éxito, a un «instructor del Partido Comunista aún no identificado». Las familias promovieron el 24 de diciembre un escrito, que conserva Colín para pedir que pusieran en libertad a los jóvenes o los pasaran a disposición judicial. Algunos tuvieron que esperar a mediados de enero para salir desde el Juzgado a la cárcel. «No han obrado contra la sociedad», clamaban al gobernador civil.

Alrededor de un café, recuerdan la pintada en el césped del Amivilia, el estreno de Brecht en el Padre Isla, gritos de libertad sindical ante el ministro Fernando Suárez...  

El 68 leonés, entre rejas
Matías, Alfaro y Wences, en el patio de la cárcel de León

| Crónica | Los jóvenes resistentes |  Los estudiantes y obreros leoneses procesados en el 68 por el TOP y en consejo de guerra por «subversión», sufrieron más cárcel que la estipulada en 1970 en la sentencia militar  Ana Gaitero león  
Mientras Francia se recuperaba de la reseca de su mayo del 68, León celebraba el XIX centenario de la Legio VII. Y algunos jóvenes leoneses pintaron su rebeldía contra el régimen dictatorial en la columna trajana erigida en la plaza de San Isidoro en homenaje a los orígenes romanos. Subidos a una grúa, remataron el monumento con una bandera roja y retrasaron su inaguración. El grafito era una de las pocas armas de protesta de aquella ciudad «oscura» y «demasiado recogida», como recuerda a León Carlos Alfaro, uno de aquellos desobedientes del statu quo . Pintando las calles se pusieron en conexión los pocos obreros y estudiantes que practicaban, de manera rudimentaria pero con vehemencia, la lucha por la libertad en medio de una balsa de aceite afín al poder. «Éramos unos críos queriendo hacer cosas...» Carlos Pérez Alfaro e Isabel Serrano, Chave , Matías Martínez, José Luis Gavilanes, Wenceslao Benito y Gerardo Gutiérrez se conocieron en abril del 68 y cayeron, uno detrás de otro, entre el 4 y el 10 de noviembre, cuando contaban entre 17 y 24 años. La prisión preventiva (atenuada o en casa, en algún caso) se prolongó durante dos años y diez días, medio año y diez días más que la condena dictada, el 20 de noviembre de 1970, por la sentencia del consejo de guerra del sumario 68/68. En aquella ciudad aún levítica de finales de los 60, como en el resto del territorio del dictador, era delito de rebelión militar asistir a «reuniones periódicas» y a las «asambleas de las comisiones obreras», repartir el Mundo Obrero y Nuestra Bandera , leer e incluso recomendar libros «de doctrina de inspiración comunista», así como la «siembra» de pegatinas antiimperialistas y en pro de la libertad sindical.

«Me cambió la vida...»

Los presos políticos tenían el privilegio de no ser humillados en la cárcel con el miserable traje de tela de saco con que uniformaban a los comunes. Pero vivir detrás de las rejas no fue ninguna anécdota para estos jóvenes: «A mí me cambió la vida, aunque seguí militando y tuve que escapar a Francia en otro momento». Carlos Alfaro reconoce que el paso por la prisión radicalizó sus posiciones políticas -entró en las filas del FRAP- que suavizaría en París durante el tiempo que convivió con Feliciano Fidalgo.

« Después del 23-F tuve miedo por lo que había pasado atrás y decidí afiliarme al PSOE. No me arrepiento de nada», explica en una larga conversación telefónica desde su retiro de prejubilado en un pueblecito de Murcia.

Alfaro decidió poner tierra por medio poco tiempo después de salir de la cárcel. «Me expedientaron y durante cinco años tenía prohibido matricularme en cualquier universidad del país», recuerda.

Carlos y Chave fueron detenidos el 10 de noviembre de 1968 en Valladolid, donde estudiaba ella. Eran novios y el joven estudiante de Filosofía y Letras viajaba con frecuencia desde Salamanca. Era enlace del Sindicato Democrático de Estudiantes de Valladolid y Salamanca y también traía a León ejemplares del mítico Mundo Obrero editado en papel biblia.

Según el auto de procesamiento, Juan Carlos Pérez-Alfaro Calvo fue «captado» en abril de 1968 por Matías Martínez para el Partido Comunista y además de su función de enlace del sindicato estudiantil el capitán Gerona destacó entre sus acciones la intervención en una asamblea de su facultad «en solicitud de ayuda económica a fin de conseguir la caución de para lograr la libertad de un preso político».

Le acusaron también de entregar a su novia «numerosa propaganda comunista al objeto de que la custodiara en el Colegio Mayor de Valladolid (...), la leyera e incluso la entregara para el mismo fin a personas de su confianca».

Asimismo, acusaban a Alfaro, «se dirigió varias veces a León con el fin de alentar a sus compañeros» y en los últimos días de octubre «les entregó una carta por él suscrita con el saludo de «queridos camaradas» en la que dirige frases de notoria irrespetuosidad a la actuación del Gobierno en materia de represión de la delincuencia político social». Se vanagloria del aborto, con la detención, de una reunión en Astorga. Los instructores no dejaron pasaron por alto en las imputaciones la «interesante reunión» celebrada «el día 12 o 13 de octubre en la ciudad de León, a orillas del río Bernesga» para constituir «un comité de Juventudes Comunistas, sin duda para dar un mayor impulso a sus actividades ilícitas».

Madrid y León: doble juicio

La presencia de Matías Martínez -ahora trabaja de taxista en Barcelona- en el congreso de las Juventudes Democráticas de Sofía (Bulgaria) desde finales de junio hasta septiembre del 68 fue otra de las acusaciones del consejo de guerra y del proceso 780/68 seguido de forma paralela por el Tribunal de Orden Público (TOP) de Madrid contra jóvenes de distintos puntos del país. Además de Matías y su hermano Clemente Martínez (éste en rebeldía tras exiliarse en París), fueron procesados por el TOP Carlos Alfaro y Wenceslao Benito. El relato oficial de los hechos prosigue así: «Al marchar éste (Matías) al festival de la Juventud de Sofía», Wenceslao Benito «se hizo cargo de la numerosa literatura marxista y de una maleta con útiles de imprimir», la vietnamita. «Una vez que Matías regresó a España recibió de este numerosos ejemplares de Mundo Obrero y de otras publicaciones comunistas, que guardaba en su casa y devolvía a medida que el citado Matías se los pedía para su distribución». No se probó que el entonces soldado Gerardo Gutiérrez se dedicara a captar afiliados entre la tropa, pero fue acusado como tesorero del comité de las Juventudes Comunistas: la policía le incautó 550 pesetas y «un amplio reperterio de literatura marxista».

José Luis Gavilanes, hoy reputado traductor de portugués y catedrático en la Universidad de Salamanca, también cayó en aquella redada. El delito de estos jóvenes era, según el tribunal militar, promover «actividades que tenían por finalidad el desprestigio sistemático del Gobierno de la Nación, la oposición crítica en los proyectos legislativos más importantes y la consecución de reformas políticas y sociales». El proceso 68/68 fue el segundo consejo de guerra más importante de las dos últimas décadas del Franquismo en León, tras la caída de Manuel Llamazares en 1959. 

«El sentimiento humanitario no altera el respeto a la ley» 

No toda la sociedad leonesa se quedó paralizada frente al proceso 68/68. Antonio Gamoneda, Miguel Cordero, José Castro Ovejero, Andrés Suárez, Justino Burgos, Eduardo Zorita, Luis Saenz de la Calzada, Lucio García Ortega, María Manoja, Alejandro Vargas, Antonio López-Pelaez, Agustín J. Tomé, Belén Martínez, Amalia Trapiello, Marcela Trapiello, Pablo de la Varga, Jesús del Riego, María Isabel Urueña, Manuel Jular, Maribel Pérez Alfaro (hermana de Carlos), Manolo Nicolás, Hernando F. Calleja, José Manuel Gonzalo, Antonio Martínez... entre otros prestaron sus firmas en 1969 para denunciar ante los militares la situación de los procesados Gerardo Gutiérrez, Carlos Alfaro, Wenceslao Rodríguez, Matías Martínez y María Isabel Serrano. Exigían la celebración de juicios -«se les ha instruido un doble proceso: militar y civil» y el TOP les había dado la condicional- apelando al sentimiento humanitario y el respeto a las personas que «no alteran el respeto a la ley. 

Un simulacro de fusilamiento

Permiso para leer en la prisión un libro de Montesquieu
Los recuerdos de la cárcel van desde el anecdotario de la censura que pasaban los libros que leyeron aquellos dos años entre rejas, hasta el miedo y sensaciones indescriptibles ante las situaciones de tortura, que se daban más en las comisarías que en las prisiones. «En Valladolid me hicieron un simulacro de fusilamiento», cuenta Carlos Alfaro. La herida está curada pero la cicatriz permanece en la memoria. «Los militares no nos trataron mal del todo, el que más nos molestaba con sus interrogatorios era el capitán Gerona, que un poco bruto», recuerda.