España ya no quería ser diferente. En 1974 el gobierno de EE. UU. estudió un informe sobre la política que seguir con España que marcó el final de una época
EDUARDO MARTÍN DE POZUELO - 27/08/2005

"CON ECONOMÍA boyante, en la actualidad, las necesidades españolas se encuentran en los campos político y tecnológico"

En mayo de 1974 Carrero Blanco ya había sido asesinado, Carlos Arias Navarro, su sucesor, era el presidente del gobierno al frente del cual estaría a la muerte de Franco en noviembre de 1975, y Richard Nixon estaba a punto de dimitir a causa del escándalo del Watergate. El 17 mayo de 1974, Nixon, sus secretarios de Defensa y de Estado; sus respectivos Jefes conjuntos de personal y el director de la CIA estudiaron un informe secreto sobre la "Política de Estados Unidos hacia España" que conduciría hacia una nueva relación con el régimen franquista. Este cambio se condensaría en la Declaración de principios firmada en Madrid el 9 de julio por el ministro Pedro Cortina Mauri y por el Secretario de Estado, Henry Kissinger, y ratificada por el príncipe Juan Carlos, en funciones de Jefe de Estado. Poco después, en noviembre, se iniciaron las rondas de conversaciones que dieron paso al Tratado de Amistad y Cooperación con Estados Unidos de 1976; es decir, al primero de la historia sin Franco. Con el dictador en su recta final, el documento secreto estudiado por Nixon y que heredaría Gerald Ford muestra que también en EE. UU. eran conscientes de que estaban ante el final de una época y que España no quería seguir siendo diferente.

"La transición a un nuevo gobierno con posterioridad al asesinato de Carrero Blanco, encabezado por Carlos Arias Navarro, se llevó a cabo en una atmósfera de calma y confianza", escribieron los americanos en el extenso informe, en el que también mencionan, con cierto tono de sorpresa, "la calma y confianza" con que el gobierno había manejado la crisis. Ante la renegociación de los tratados, EE. UU. sentía que estaban ante una España distinta en la que la actitud española estaba cambiando: "Los españoles nos han indicado que, al contrario de lo que sucedía en el período del acuerdo de 1953, cuando la ayuda económica y militar de EE. UU. era importante para España, en la actualidad España es relativamente próspera y no necesita ayuda material sino las ventajas políticas que se deriven de su vínculo con EE. UU.". Ya no era ni dinero, ni exactamente ayuda militar el centro del las negociaciones. "Esta actitud ya quedó clara por parte de los españoles en las negociaciones de 1968, cuando insistieron en que el acuerdo de defensa de 1953, basado en la obtención de ayuda militar como contrapartida a las bases militares, no se podría extender, sino que debía ser sustituido por un nuevo acuerdo que cubriera cooperación en los campos de la educación, ciencia, agricultura, temas económicos y en otros campos civiles, así como el campo militar", se dice en el informe para el gobierno norteamericano.

"Con casi 7 millardos de dólares en reservas monetarias y en una economía boyante, en la actualidad España no tiene necesidad de asistencia material. Las necesidades españolas se encuentran en los campos político y tecnológico. En el campo político, el objetivo de España es ser aceptado en plano de igualdad entre las principales naciones del mundo. Sin embargo, está excluida de pertenecer a la OTAN y a la Comunidad Europea, al menos mientras viva Franco", escribieron con acertada visión de futuro.

Para averiguar cuáles eran las sensaciones españolas, los norteamericanos pulsaron la opinión de interlocutores extraoficiales: "Un oficial español de alto rango ha comentado a EE. UU. que los requisitos de seguridad de su país podrían cumplirse mediante la redacción adecuada de una declaración de principios bilateral entre EE. UU. y España que se emitiría con posterioridad a la firma de la declaración conjunta EE. UU.-OTAN que se está negociando en la actualidad". Era nuevos tiempos y nuevos planteamientos en los que "los líderes españoles" reconocían - según se dice en el dossier- que el desarrollo de España como país industrial se ve entorpecido por el retraso español en ciencia y tecnología. En este sentido, les gustaría comprobar que las relaciones de España con EE. UU. aportarán más ventajas en esas áreas". Sin embargo, pese a la nueva actitud, los gobernantes del final del franquismo no parecían, no obstante, "tener las ideas muy claras de cómo podría llevarse a cabo estas relaciones en un acuerdo entre gobiernos".

Arias y sus ministros estaban conformes con los programas no militares del acuerdo vigente, que suponían unos aproximadamente unos tres millones de dólares por año (1974), pero le resultaba difícil ver cómo podría expandirse este programa "para que fuera una parte importante del quid pro quo de nuestros derechos sobre las bases". En cualquier caso el gobierno español seguía mostrando interés en la asistencia técnica americana para la fabricación de equipos militares en España. A este respecto los analistas norteamericanos señalaron a su presidente que además de ayudar a fabricar habría que ayudar a vender: "las experiencias anteriores sugieren que cualquier acción sustancial que se desarrollara en este área no resultará económicamente viable a menos que se pueda asegurar un mercado de exportación legítimo para dicha producción".

En cualquier caso, Estados Unidos pensaba que España pretendía obtener un compromiso de seguridad de la Casa Blanca, continuar y ampliar los programas de cooperación no militar, eliminar los aviones cisterna de Torrejón, obtener una garantía que cubra accidentes nucleares debido entre otras razones a la experiencia de Palomares y reci-bir asistencia técnica para la producción de equipo militar en España.

Igualmente pensaban que , como siempre, "los españoles intentarán utilizar nuestro deseo de ampliación de los derechos sobre las bases como influencia para intentar obtener nuestra ayuda sobre su reclamación sobre Gibraltar o, al menos, una reducción o el cese de visitas de nuestros barcos a Gibraltar".

Por su parte EE. UU. también tenía sus objetivos, por cierto no muy distintos a los de 1953: "Dada la importancia de las bases en España para nuestros objetivos de seguridad nuestro objetivo debe ser retener el uso de todas las instalaciones que ahora estamos usando, siempre que el precio de la ampliación en tiempo de los derechos sobre las bases sea razonable. Si resultara posible hacerlo sin elevar el precio que tenemos que pagar, podríamos considerar pedir instalaciones adicionales, como puede ser utilizar el campo de tiro de artillería de helicópteros en Colmenar Viejo. Deberemos intentar buscar la mayor ampliación posible de los derechos sobre las bases, con un periodo de cinco años como mínimo, y debemos retener esencialmente el estatus y los privilegios acordados mediante el acuerdo actual. Si bien sería deseable obtener el derecho a utilizar las bases en España en relación con una posible crisis en Oriente Próximo, cualquier acuerdo explícito previo por parte española sobre dicha utilización está fuera de cuestión. Nuestro objetivo, por tanto, debe ser evitar dar cualquier compromiso que limitara nuestra utilización de las bases en dicho caso...".

En sus conclusiones finales, Washington se planteó negociar todos los puntos citados hasta donde fuera posible e incluso a costa de cambiar su legislación en materia de seguridad nuclear. Pero decidieron mantenerse firmes en relación a Gibraltar y mantener su "posición tradicional de que ésta es una disputa entre dos amigos nuestros en la que debemos de permanecer neutrales".

Investigación: Eduardo Martín de Pozuelo Edición: Iñaki Ellakuría Documentación: C. Salmurri, F. Martínez
Mañana: Un karateca para don Juan Carlos / 49

EE. UU. - ESPAÑA
Pros y contras de un nuevo pacto de seguridad
I. ELLAKURÍA - 27/08/2005

La estrategia militar norteamericana veía a la Península Ibérica como el territorio desde donde reagrupar al ejército y lanzar una contraofensiva, ante una hipotética invasión soviética de Europa occidental. En 1974, EE. UU. analizó la coyuntura política para replantearse su política con España. Y, como no, surgió el tema de las bases militares y la posibilidad de firmar un pacto de seguridad bilateral. El problema para la Casa Blanca: no querían verse implicados ante un posible conflicto interior español.

"La garantía de seguridad también podría definirse de forma que fuera operativo sólo en el caso de un ataque externo de una potencia o potencias del Pacto de Varsovia sobre Europa Occidental o América del Norte y, por tanto, excluiría la implicación de EE. UU. en los asuntos domésticos españoles o en posibles conflictos entre España y los estados del Norte de África", afirmaba un informe de 1974 que analizó Nixon. La Casa Blanca estaba muy interesada en este nuevo pacto y buscaba la forma de venderlo sin crear malestar entre sus socios: "el compromiso podría causar preocupación entre algunos de nuestros aliados de la OTAN. Por tanto, si el Comité de Relaciones Exteriores del Senado se inclinara por apoyar un tratado, deberíamos de llevar a cabo consultas selectivas con nuestros aliados. En ese caso, debemos señalar que EE. UU. no pueden financiar indefinidamente el uso de las bases españolas que benefician a todos los aliados. Además, un tratado es el enfoque menos costoso para el uso continuado de las bases".