Las últimas víctimas del franquismo. Testigos y familiares exigen la anulación de los juicios y la reparación legal de los ajusticiados
Levante - 01/12/2005
http://www.levante-emv.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=155641&pIdSeccion=19&pNumEjemplar=2990&pFechaEjemplar=2005-12-01%2000:00:00#
CONTRA EL OLVIDO. CARMEN PUIG ANTICH (EN PRIMER TÉRMINO), JUNTO CON IÑAKI MARTÍN Y AMPARO SALVADOR, AYER.
Alfons Garcia, Valencia
Los treinta años de la muerte de Franco profusamente recordados en los últimos días son también los treinta años (mes arriba, mes abajo) de las últimas víctimas de la dictadura. Poco antes del 20-N, el 27 de septiembre de 1975, morían fusilados en Burgos, Cerdanyola y Madrid José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz (los tres del grupo revolucionario FRAP), Ángel Otaegui y Txiki Paredes (de ETA). Meses antes (el 2 de marzo de 1974), el joven Salvador Puig Antich (del Movimiento Ibérico de Liberación, MIL) era ajusticiado en la cárcel Modelo de Barcelona. El 3 de marzo de 1976, cinco trabajadores morían a disparos de la policía (otros cien resultaron heridos) cuando participaban en una asamblea en la iglesia de San Francisco de Vitoria. Para combatir el olvido de estos muertos, el Fòrum per la Memòria del País Valencià organizó ayer un acto en Valencia con testigos directos de aquellos sucesos.
La presidenta de esta entidad, Amparo Salvador, exigió la anulación de aquellos juicios y calificó los casos de «crímenes de Estado». «Fueron juzgados y ejecutados sin pruebas, sólo con la propia declaración sacada bajo tortura», dijo. No vale con la reparación moral de las víctimas, «es imprescindible que también sea jurídica y legal», sentenció. Indemnizaciones no han visto ni una, agregó. Como mucho, el reconocimiento oficial de alguna institución. Pero la familia de Humberto Baena lucha aún, por ejemplo, por tener acceso al expediente.
Carmen Puig Antich (hermana de Salvador) se emociona todavía al recordar la madrugada previa a la ejecución: «¿Lo más fuerte? Cuando Salvador salió para iral lavabo, también mis dos hermanas. Me quedé sola con 4 ó 5 funcionarios y uno me preguntó si sabía cómo lo iban a matar. A garrote vil, dijo, y me lo explicó». Tal vez no, tal vez lo más duro de aquella noche eterna, relata después, fue cuando a las cinco de la mañana entró un policía y les preguntó dónde lo enterraban: «¿En la fosa o tienen un sitio?». Carmen recuerda aún los guantes blancos del uniforme de gala que los militares vestían aquella mañana.
Puig Antich, militante del MIL, había sido apresado en septiembre de 1973. Un compañero había cantado y él y otro antifranquista cayeron en una emboscada en Barcelona. «Le dieron varios golpes de culata y se montó un gran alboroto -explica Carmen-. Al final lo metieron en un patio y allí hubo un tiroteo y murió un policía». Salvador fue acusado y culpado, aunque la hermana recordó ayer, una vez más, que el cuerpo del agente presentaba cinco impactos de bala y de la pistola de Salvador sólo salieron dos disparos. «La prueba de balística de la policía desapareció y la autopsia se hizo en una comisaría y no en un instituto forense. Sólo eso bastaba para invalidar el juicio, peroÉ». «La gente ha de saber lo que pasó», comenta. Amparo Salvador subraya que el gobernador civil de Barcelona era Rodolfo Martín Villa, «premiado» luego con cargos de postín en la democracia.
Treinta años después, la familia -gracias al respaldo de ERC y al apoyo económico de la Generalitat catalana- ha conseguido iniciar la revisión del proceso, que en la actualidad se encuentra en la sala militar del Tribunal Supremo.
Iñaki Martín estaba en la asamblea en Vitoria donde murieron 5 trabajadores y denuncia «el muro de silencio» sobre aquellos hechos. El Parlamento vasco los ha reconocido como víctimas, pero «queremos que se sepa toda la verdad y no se repare sólo con una medalla», afirma.
Familiares de los últimos asesinados por el franquismo critican el "olvido institucional y social"
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20051130144923&tabID=1&ch=73
VALENCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
Familiares y allegados de las últimas personas asesinadas por el franquismo criticaron hoy el "olvido institucional y social" sobre estos casos que, lamentaron, "impide cerrar nuestra historia".
Representantes del Fòrum per la Memòria del País Valencià dieron hoy una rueda de prensa en la sede del Grupo Parlamentario de EU-Entesa en las Cortes con motivo del acto que celebrarán esta tarde en el Salón de Actos del sindicato CCOO en Valencia bajo el título 'Los últimos asesinatos del franquismo, memoria e impunidad'.
En él, recordarán los casos de Salvador Puig Antich, ejecutado en Barcelona a los 26 años, los cinco fusilados el 27 de septiembre en Hoyo de Manzanares (Madrid), y la matanza el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, siendo ministro de Interior Manuel Fraga, con cinco muertos de entre 17 y 30 años y más de cien heridos de bala.
Iñaki Martín, testigo directo de esta masacre, señaló que "hemos sufrido un silencio durante 30 años de lo que sucedió en Vitoria". "Ha habido un muro de silencio sobre aquella matanza de la policía, cuyo máximo responsable era Manuel Fraga, y no se ha querido en ningún momento reconocer a las víctimas ni se han pedido responsabilidades", reprochó.
Del mismo modo, criticó que tampoco se ha compensado a las víctimas. "Eso sí, últimamente el Parlamento Vasco les ha reconocido como víctimas, lo que es un pequeño paso hacia el reconocimiento social estas personas", destacó.
Por su parte, Carmen Puig Antich, hermana de Salvador Puig Antich, señaló que la memoria histórica "se debe recuperar" porque la gente "debe saber todo lo que pasó". "Suerte de la gente que nos ha ayudado a revisar el caso de mi hermano en el Tribunal Supremo, pero por parte de las autoridades y de los sucesivos gobiernos no hemos tenido ningún tipo de ayuda ni reconocimiento", dijo.
Al respecto, Amparo Salvador, presidenta del Fòrum per la Memòria, organizadora del acto, apostó porque "se declaren nulos todos los actos jurídicos y juicios del franquismo" ya que se trata, recalcó, de "un régimen surgido de un golpe de estado contra un gobierno legítimo".
"Y estamos en contra de la impunidad que supone la Ley de Amnistía de 1977 que protege a todos los implicados en todos los crímenes y asesinatos del franquismo --añadió-- ya que nunca nadie ha sido juzgado, pese a saberse el nombre de personas implicadas".
Finalmente, el diputado de Esquerra Unida-Verds-l'Entesa Ramon Cardona hizo un llamamiento para que la sociedad "sea consciente y conozca un período negro de nuestra historia para que no se vuelva a repetir". "Por eso nuestra formación continuará trabajando por el reconocimiento y la compensación económica y moral a las víctimas de la dictadura franquista", subrayó.
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