Madrazo no nos quiere pagar
El Mundo - Crónica - 20/03/2005

http://www.elmundo.es/cronica/2005/492/1111273202.html


DENEGADO. De izq. a dcha., J. Aldecoa-Otalora (90), L. Ortiz (88) y F. A. Uriarte (87 años), tres de los 5.500 represaliados sin indemnizar./ CARLOS GARCIA

INDEMNIZACION / VICTIMAS «INVISIBLES» DEL FRANQUISMO

EL FRANQUISMO les mandó a trabajos forzados. Los que sobrevivieron al hambre y al frío han emprendido otra clase de lucha: convencer al «rojo» Madrazo de que les pague el dinero prometido por el Gobierno vasco a las víctimas de la dictadura

VICTOR RODRIGUEZ

Al principio de esta historia huele a chocolate. Tras haber combatido con el bando republicano en el País Vasco y en la defensa de Santander y haber volado decenas de puentes y kilómetros de carreteras en el Pirineo catalán, también a las órdenes de la bandera tricolor, el teniente Luis Ortiz Alfau pudo escapar a Francia cuando la guerra civil ya estaba decidida. Cuando quiso volver le detuvieron nada más cruzar la frontera y le mandaron a la fábrica de chocolates Elgorriaga, en Irún, a la sazón centro provisional de detención.A sus 88 años, aún recuerda nítidamente el intenso olor del cacao.

«Allí estuve 15 o 20 días», cuenta. «Seríamos unos 50, 100, 200...No sé. De allí , a los que éramos de Bilbao nos enviaron a la Universidad de Deusto».

De Deusto, al campo de concentración de Miranda de Ebro (Burgos) y de allí a Vidángoz, en Navarra, al Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores (BDST) nº 38.

Ortiz tuvo la suerte de saber escribir a máquina, lo que le libró del pico y la pala. Como escribiente, se salvó de los rigores de la nieve, de la violencia de los soldados que les custodiaban y del hambre. «Yo he visto a los cocineros tirar un hueso de ganado después de haberlo deshuesado, llegar un compañero, cogerlo y tener que pelear con un perro hambriento por el hueso». Así vivían los «desafectos» en los BDST.

Ortiz Alfau pasó allí dos años, cinco meses y ocho días. El Gobierno vasco le ha negado una indemnización como víctima de la represión franquista.

Como la propia peripecia de Ortiz Alfau, el asunto de las compensaciones a los presos del franquismo en el País Vasco también empezó teniendo el dulce olor del chocolate.

El 19 de noviembre de 2002 el Departamento de Vivienda y Bienestar Social de Javier Madrazo aprobó el decreto 280/2002. En él se establecían las mayores compensaciones a presos y represaliados del franquismo concedidas en España, con una cuantía mínima de 7.200 euros (en Castilla-La Mancha, por ejemplo, la indemnización mínima es de 600 euros; en Cataluña, de 751 euros).

El problema es que el presupuesto destinado a estas compensaciones era de 3,6 millones de euros. Es decir, para que cobraran un máximo de 500 personas. Con 40.000 detenidos en Euskadi durante el franquismo, según la Sociedad Aranzadi, el Gobierno vasco se encontró 8.680 solicitudes sobre la mesa. Indemnizarlas a todas con los 7.200 euros mínimos saldría por más de 62 millones de euros, cerca de 20 veces lo inicialmente presupuestado. Y el chocolate empezó a agriarse.

En mayo de 2004, cuando se resolvió la convocatoria, se aprobaron 2.529 solicitudes. Hubo que multiplicar el presupuesto casi por siete, hasta los 21 millones de euros. Pero lo que resultaba motivo de escarnio -y formidable munición política para la oposición- es que un Gobierno formado por dos partidos nacionalistas y uno comunista negara una indemnización a más del 70% de los represaliados por el franquismo. Ni siquiera la restrictiva ley del Gobierno central de 1990, que dejó fuera a 38.000 solicitantes (el 37%) había llegado tan lejos.

«El decreto se publica en periodo preelectoral», asegura Mikel Urquijo. «En primavera de 2003 eran las elecciones municipales y forales y el decreto era de noviembre de 2002. Es ya en 2004 cuando se encuentran con que tienen que pasar de 500 indemnizaciones a más de 2.500...».

Urquijo, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco e hijo de un represaliado, es el portavoz de Geureak 1936 (Los nuestros 1936), una asociación constituida a raíz de las numerosas denegaciones. Protestan, llevan a juicio los casos rechazados y se concentran cada martes en las sedes de PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua (Izquierda Unida en el País Vasco).Pero es al consejero Javier Madrazo (EB) a quien han convertido en su bestia negra, presentándose como «Víctimas del madrazismo» o añadiendo la inscripción «El abrazo de Madrazo» a una ikurriña con un lazo negro.

Se quejan de que se está siendo inflexible en la admisión de documentación (una documentación a veces inexistente o muy difícil de recuperar, teniendo en cuenta la arbitrariedad con la que se llevó a cabo la represión durante el franquismo). Pero se quejan más, incluso, de que se considere el paso por los BDST como forma de hacer el servicio militar. Hasta 1.038 solicitantes han sido rechazados por este motivo.

En un informe avalado por historiadores como Paul Preston o Julio Aróstegui, los investigadores Edurne Beaumont y Fernando Mendiola echan por tierra esta hipótesis. Así lo justificaba el franquismo, pero los llamados «soldados trabajadores» no eran sino jóvenes a los que no se había reconocido el servicio militar prestado con la República y calificados como «desafectos» al régimen.

Desarmados, sin uniforme y sin jurar bandera, estos jóvenes realizaban trabajos forzados (generalmente obras públicas) custodiados por soldados, éstos sí armados, y a menudo cercados por alambradas.Escenas como la del hambriento peleando con un perro que describe Alfau no eran extrañas. Beaumont y Mendiola recogen testimonios de gente trabajando descalza en la nieve, royendo los huesos ya antes roídos por otros, golpes de los escoltas, ejecuciones por intentos de fuga...

De hecho, comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña sí que están reconociendo el paso por los BDST como privación de libertad.

El criterio está cambiando, aseguran fuentes del Departamento de Vivienda y Bienestar Social del Gobierno vasco. Tanto que Madrazo acaba de enviar una carta a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. En ella le insta a que el Ejecutivo central reconozca como represaliados a los miembros de BDST. Si Madrid no lo hace, Vitoria asumirá esas indemnizaciones, se añade en la misiva.

Sucede que a lo mejor no hay tiempo. «Es una manera de dilatar el asunto», señala Urquijo. «Madrazo ya dijo algo de eso en diciembre y ha tardado tres meses en escribir esa carta. Ahora el Gobierno de Madrid igual tarda dos meses en contestar».

La mayoría de los afectados tienen más de 88 años. Algunos casos se han llevado a juicio, pero eso supone retrasar el proceso otros tres años «Y eso es mucho tiempo para personas de 90 años», prosigue Urquijo. «No es que todos los días muera alguno, pero decir que todas las semanas hay algún hijo que viene a decirnos que su padre ha muerto y cómo hay que seguir el proceso no estaría lejos de la verdad».

«Eso es algo de lo que no se nos puede responsabilizar», se aduce desde el Departamento de Madrazo. «Nosotros entramos en el Gobierno en 2001». EB propuso estas medidas desde la oposición, en 1998, y las puso como condición para entrar en el Gobierno.

Se insiste en que hay voluntad de pagar más. Tras el varapalo que supuso el martes la publicación de un informe del Ararteko (Defensor del Pueblo Vasco) en favor de las tesis de Geureak 1936, el Departamento acaba de anunciar que enviará investigadores a archivos de El Ferrol y Alcalá de Henares a buscar papeles que permitan cobrar a más gente. Desde mayo de 2004 hasta ahora han cobrado otros 611. Así están las cosas a un mes de las elecciones.