Valle de los Caídos. Una reconversión inevitable
PALOMA AGUILAR - EL PAÍS - Opinión - 08-05-2005

Desde hace unos años, se está produciendo en España una revisión del pasado franquista y una discusión pública sobre qué hacer con sus legados más visibles. Algunas de las estatuas más emblemáticas del dictador han sido retiradas de sus emplazamientos públicos y, desde septiembre del año pasado, existe una Comisión Interministerial -que hará públicas sus conclusiones antes del verano- entre cuyos cometidos figura abordar la difícil tarea de qué hacer con los símbolos heredados de esa época y qué nuevos lugares crear para reconocer y dar satisfacción moral a las víctimas de la dictadura.

Aunque esta comisión ha venido trabajando con gran discreción, en el pasado mes de marzo, Jaume Bosch, senador de ICV, declaró que el Gobierno le había comunicado en unas reuniones "secretas" su voluntad de convertir el más controvertido de todos los monumentos del franquismo, el Valle de los Caídos -concebido al final de la guerra e inaugurado dos décadas después-, en un museo de la historia de la dictadura y de homenaje a sus víctimas.

Estas supuestas filtraciones han suscitado un acalorado debate entre quienes consideran que el Valle de los Caídos, al albergar en su cripta a muertos de ambos bandos, es un monumento de reconciliación y que, por tanto, debería dejarse como está, y los que piensan que el gigantesco mausoleo no simboliza más que el afán de los vencedores por perpetuar la marginación de los vencidos y que, por tanto, debería transformarse.

La inclusión de algunos muertos del bando republicano no figuraba, en absoluto, en los planes originales de la obra. Pero el tango miente, y veinte años es mucho tiempo, así que unos meses antes de la inauguración del monumento, las autoridades decidieron, aparentemente inspiradas por la Iglesia, incluir a algunos muertos del bando vencido, con la condición de que fueran católicos, para adecuarse mejor a unos nuevos tiempos marcados por la necesidad de acabar con el aislamiento internacional. El único gesto supuestamente conciliador de la dictadura fue, pues, con los muertos, y resultó contundentemente desmentido por la belicosa simbología de la basílica, criticada, incluso, por algunos franquistas. Tampoco parece especialmente conciliador que durante los primeros años fueran miles de presos políticos los principales encargados de edificar la obra. Lo cierto es que no hay más monumento oficial que simbolice, de forma inequívoca y manifiesta, la reconciliación entre los dos bandos que el monolito ubicado en la plaza de la Lealtad de Madrid, inaugurado por el Rey en 1985, junto con algunos ex combatientes de ambos bandos, reciclando un monumento de 1840 donde se rendía homenaje a los héroes del 2 de mayo.

La variedad de propuestas trasladadas al Gobierno en los últimos meses es sumamente amplia: desde quienes sugieren destruir el monumento, hasta los que se oponen a cualquier cambio.

Somos muchos los que pensamos que la reconversión es inevitable, aunque no suscite todo el consenso que sería deseable. La basílica, con su poderosa e irreciclable simbología, y albergando los restos de casi 40.000 personas, no tiene mucho remedio, pero no es propio de los gobernantes recurrir a la estrategia del avestruz y hacer como si tamaño despropósito no existiera. El monumento pertenece al Estado, lo que le obliga a su custodia. Sin embargo, deben modificarse determinadas prácticas que han prevalecido hasta la fecha: el cuidado de las tumbas de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera no debería depender del Estado; tampoco parece muy apropiado que la Fundación Nacional Francisco Franco tenga permiso para reponer, semanalmente, las flores que adornan dichas tumbas, ni que los religiosos que ofician la misa en que se conmemora el 20 de noviembre se dediquen a exaltar a ambos personajes históricos y a lanzar diatribas contra la democracia. También deberían subsanarse los lacerantes silencios y eliminarse la información sesgada de las guías turísticas del Valle.

Aunque poco más que lo señalado puede hacerse con la basílica, hay otros edificios del conjunto monumental, muy especialmente la hospedería, donde resultaría más sencillo y apropiado albergar un museo sobre la Guerra Civil, el franquismo, la resistencia democrática e incluso la propia historia del Valle de los Caídos. Es posible que esta propuesta también suscite polémica, pero nadie dijo que la reforma de este monumento fuera a resultar sencilla. Tampoco lo está siendo la conversión de la Escuela Mecánica de la Armada, centro de detención ilegal, torturas y asesinatos bajo la dictadura argentina, en Archivo de la Memoria y Biblioteca de los Derechos Humanos y, sin embargo, se está acometiendo.

Lo insólito es que en España no haya ningún monumento oficial que rinda homenaje a la oposición democrática contra la dictadura. Al final, qué duda cabe, con la solución salomónica que aquí se sugiere el conjunto monumental de Cuelgamuros seguiría siendo un engendro, o, acaso, lo sería más aún, pero al menos dejaría de ofender la memoria de aquellos presos políticos que contribuyeron a levantarlo y de todos aquellos vencidos en la Guerra Civil, y sus herederos ideológicos, que no se sienten en absoluto representados por un monumento que nunca ha suscitado conciliación y sí discordia.

El 20 de noviembre de este año la extrema derecha, minoritaria, pero envalentonada, conmemorará el 30º aniversario de la muerte de Franco. Habría que evitar que volviera a utilizarse un lugar sostenido por Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia, para la exaltación de la dictadura. Sin embargo, mientras los restos de Franco y José Antonio sigan allí es difícil que el Valle deje de ser un lugar de peregrinación de la extrema derecha. No parece descabellada la propuesta de ICV, según la cual los familiares de ambos finados habrían de decidir a qué lugar podrían trasladarse sus restos, ya que resulta insólito que uno de los principales dictadores del pasado siglo disponga de un mausoleo faraónico cuya custodia corra a cargo de las arcas públicas del mismo Estado cuyos poderes usurpó de forma ilegal.