Miles de familias de fusilados en la Guerra Civil abandonan el silencio en busca de la dignidad.
Diari de Tarragona - Enero 2004

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Una asociación ha descubierto ya 40 fosas comunes en tres años

Cuando en el otoño de 2000 Emilio Silva promovió, junto a un reducido grupo de personas, la exhumación de una fosa común donde estaba enterrado su abuelo no podía imaginar el impacto que tendría esta iniciativa en todo el país. A los tres años de inscribir la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en el registro del Ministerio del Interior, se han descubierto 40 fosas comunes donde estaban enterradas 250 personas.

José María Francisco/Valladolid
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Pero quizás sean sólo los primeros balbuceos de un movimiento social imparable que sólo concluirá cuando el Día de Todos los Santos de una fecha no muy lejana todos los españoles puedan acudir a los cementerios a honrar a sus familiares y antepasados. «Lo que pretendemos es que todas las personas que fueron asesinadas y abandonadas en cunetas y lugares desconocidos sean enterradas con dignidad», recalca Ricardo Bedera, responsable de la Asociación en Valladolid.

El objetivo es repetir en todos los casos posibles los pasos que se dieron con «los trece de Priaranza», trece republicanos abandonados en la cuneta junto a un pueblo de la comarca leonesa del Bierzo y que , tras las pruebas del ADN, este año han sido enterrados ante la perplejidad y emoción de los paisanos y descendientes, como uno de los nietos, Emilio Silva, promotor de la Asociación junto a Santiago Macías. Así, las memorias despiertan del olvido y la represión, y las experiencias personales abandonan la clausura impuesta por la régimen dictatorial del general Francisco Franco.

Evitar el olvido

Precisamente, uno de los retos que tiene el colectivo es evitar el olvido y recuperar el mayor número de testimonios de personas que aún viven y que pueden aportar alguna pista sobre los sórdidos asesinatos ocurridos hace más de sesenta años. Como explicó hace tiempo Santiago Macías, el problema es que cada vez será más difícil buscar testimonios.

Cuando surgió la ARMH, Macías ya advirtió que ése «era el momento de rescatar sus vivencias y crear una gran biblioteca urgente de la memoria, algo que creemos muy importante para la historia y la actual democracia española. No podemos dejar que todo ese patrimonio se pierda».

«Emocionalmente -explica Silva- es importante subrayar el miedo que existe todavía a hablar con libertad de este asunto, que se evidencia en tragedias familiares espeluznantes». El presidente nacional de la Asociación considera que las iniciativas promovidas en un sinfín de ciudades y pequeños pueblos de todas las comunidades autónomas han derivado en una «terapia de grupo» porque , de repente, un tema que era tabú entre los vecinos se convierte en un argumento para el comentario general.

Cuando a Emilio Silva le preguntan en actos públicos y conferencias de prensa por los resquemores y odios que puede provocar la reapertura de este tema él contesta contundentemente: «Cuando no se resuelven los problemas del pasado, esos mismos problemas pasan a ser del futuro».

Desaparecidos en la dictadura

Desde la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica se recurre con cierta frecuencia a las resoluciones aprobadas por la ONU sobre desaparecidos. Conviene saber que la legislación acerca de la Desaparición Permanente, asumida por los países miembros de la Organización de Naciones Unidas, permitiría a los familiares la interposición de una demanda, puesto que los delitos de Desaparición Forzosa y Permanente no prescriben.

En ese afán por recuperar la dignidad de todas las familias, la ARMH alterna elogios con reproches. «El presidente del Gobierno, José María Aznar, argumentó en un Debate sobre el Estado de la Nación que España ha decidido mirar al futuro y que había que dejar los fantasmas del pasado», recuerda Emilio Silva para sostener su primera crítica al Gobierno del Partido Popular porque , según sus palabras, existe un «doble rasero más propio de una lectura de bandos que de la igualdad entre todos los ciudadanos».

Entre los aplausos figura, en primer lugar, uno para la Junta de Andalucía, que el pasado 2 de diciembre aprobó un decreto para «la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la posguerra».

El Gobierno andaluz se ampara en los acuerdos de Naciones Unidas y en los siguientes argumentos:«Los fallecidos en la contienda del denominado bando nacional tuvieron durante la dictadura un tratamiento específico de exhumación y traslado de los cadáveres a sus lugares de origen o al Valle de los Caídos; sin embargo, las víctimas de la rebelión militar pertenecientes al bando republicano siguen en la actualidad enterrados en esas fosas comunes que no sólo sirvieron para ocultar cadáveres, sino para intentar imposibilitar el restablecimiento de su memoria con el paso del tiempo».

Restituir la dignidad

Para Emilio Silva «lo importante es que, poco a poco, los políticos van incluyendo este tema en sus agendas». El Gobierno vasco también ha firmado un convenio especial con la Sociedad de Ciencias Aranzadi -integrada por geólogos, geógrafos, forenses, historiadores y otros prestigiosos profesionales- para elaborar un censo sobre las fosas comunes e intentar exhumar los cadáveres de los asesinados.

La Generalitat de Catalunya también está dispuesta a colaborar en la misma dirección, y son numerosos los ayuntamientos que pretenden restituir la dignidad que fue mutilada a través de juicios sumarísimos o simplemente mediante un tiro en la nuca. Así, el Ayuntamiento de Málaga ha expresado recientemente el reconocimiento y ayuda a las familias que buscan los restos de sus antepasados.

Como contrapunto, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica está teniendo problemas para su constitución en Galicia, donde la Xunta ha devuelto por tercera vez los estatutos a dicha asociación alegando un problema de forma, «algo insólito», según Emilio Silva.

En noviembre de 2002 el Parlamento, por primera vez, condenó por unanimidad el franquismo, al tiempo que se admitía una deuda con los familiares de las víctimas de ambos bandos. «El Congreso de los Diputados reafirma una vez más el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron mas tarde la represión de la dictadura franquista. Instamos a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones, evitando que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil».