Malos tiempos para la justicia
24 de Juliio de 2003. Esteban Beltrán - Director de la Sección Española de Amnistía Internacional

Malos tiempos para la justicia (Esteban Beltrán *)

24.julio/2003 - España - Los Convenios de Ginebra de 1949 recogen en uno de sus artículos comunes: 'cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las disposiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes'. Los países firmantes deben facilitar la investigación de delitos como los crímenes de guerra, los de lesa humanidad y genocidio cometidos en el extranjero, incluso no hallándose la persona sospechosa de haberlos cometido en el territorio en el que se inicia el proceso judicial.

Los ejemplos para poner en marcha la justicia universal han sido diversos, incluso con la creación de tribunales especiales como fue el caso de la ex Yugoslavia, o el más reciente de Sierra Leona, para hacer justicia para las personas de este país. Luego, cada país ha ido poniendo en marcha leyes al respecto. Bélgica, desde 1993, cuenta con la ley de competencia universal, una de las más amplias de todo el mundo, que permite a sus tribunales juzgar crímenes de guerra, contra la humanidad o genocidio que se hayan cometido en cualquier lugar del mundo. En los banquillos belgas se han procesado a ruandeses por genocidio; el primer ministro israelí, Ariel Sharon, estuvo pendiente de un contencioso por las matanzas en los campos de refugiados palestinos en el Líbano en 1982, aunque el caso haya sido desestimado por los tribunales. En los últimos meses se denunció también a altos cargos de la administración Bush, incluido el presidente. Las presiones a Bélgica por parte de EE.UU. no se han hecho esperar, la administración estadounidense anunció que se opondría a la construcción de la sede de la OTAN en Bruselas prevista para dentro de dos años para evitar que sus ciudadanos tengan que comparecer ante la justicia belga. Los principales partidos políticos belgas modificaron la ley para que no afectase a los responsables de países donde se pueda desarrollar un proceso justo y disponga de legislación que castigue los delitos en cuestión. Para Amnistía Internacional (AI) se trata de un grave retroceso en la aplicación del principio de justicia universal.

Mientras esto pasaba en Bélgica, a España llegaba extraditado desde México, Ricardo Cavallo, ex capitán de la Armada argentina, acusado de genocidio tal y como se recoge en nuestro Código Penal. Tras una larga espera, ya que la extradición se solicitó a México en el año 2000, Cavallo llega a España, acusado junto a otros 90 ex agentes de las fuerzas de seguridad argentinas que está investigando el juez Baltasar Garzón. Para AI es una buena noticia en la lucha contra la impunidad. Pero una noticia enturbiada, por el proyecto de ley orgánica de cooperación con la Corte Penal Internacional presentado por el gobierno español, y que se debatirá en breve en el Congreso. El proyecto de ley pretende eliminar el principio de justicia universal. Y señala: 'cuando se presente una denuncia o querella ante un órgano judicial, en relación con hechos sucedidos en otros Estados, cuyos presuntos autores no sean de nacionalidad española y para cuyo enjuiciamiento pudiera ser competente la Corte, dichos órganos se abstendrán de todo procedimiento'. Un proyecto de ley que en caso de aprobarse puede hacer que Cavallo y los militares argentinos no puedan llegar a juzgarse, o que la muerte del cámara José Couso, muerto en Irak quede sin investigar y sin aclararse responsabilidades.

Desde la puesta en marcha del Tribunal Penal Internacional, hace casi un año, el gobierno de EE.UU. ha desarrollado una campaña de presión para conseguir mediante acuerdos bilaterales la impunidad de sus ciudadanos y evitar que sean juzgados por delitos como crímenes de guerra, o tortura cometidos en terceros países. Pese a los acuerdos bilaterales firmados, AI quiere recordar a los gobiernos que en ningún momento, la Corte Penal Internacional es un sustituto de los procesamientos nacionales que tengan competencia en jurisdicción universal. Para la organización es imprescindible que se den las garantías suficientes para que se puedan juzgar en el mundo los delitos de genocidio, crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales y 'desapariciones'. Si no se juzga, la impunidad de la que gozarían los autores de este tipo de delitos fomentaría que se sigan cometiendo en todo el mundo.

*Director de la Sección Española de Amnistía Internacional
Agencia de Información Solidaria