Indemnizaciones a presos del franquismo
País Vasco - Febrero 2003

El Gobierno vasco buzonea folletos que informan sobre las indemnizaciones a las personas que sufrieron cárcel por el franquismo.
País Vasco, 5 (Europa Press).

El Gobierno vasco ha comenzado a buzonear un folleto en el que informa de la posibilidad de recibir indemnizaciones de hasta 9.600 euros por parte de las personas que estuvieron encarceladas o sufrieron privación de libertad, durante más de seis meses, a consecuencia del franquismo. El plazo de solicitud finalizará el próximo 28 de febrero.

El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, explica en el folleto que el objetivo de estas ayudas es 'recompensar a quienes fueron víctimas de la represión y la reclusión en el periodo franquista', por hacer frente a 'un golpe militar que puso fin a la República'.

Madrazo señala que, de esta manera, el Gobierno vasco 'cubre una herida no cicatrizada en la transición, que no supo o no quiso condenar la dictadura, reconocer la legitimidad de la República, y rendir tributo a quienes lucharon contra el franquismo y el totalitarismo'.

Tal y como recoge el decreto 280/2002, se podrán beneficiar de estas ayudas quienes hayan cumplido 65 años de edad el 29 de noviembre de 2002, y estén empadronados en Euskadi durante un año interrumpido con anterioridad a esa fecha. En caso de fallecimiento, podrán acogerse a estas ayudas los conyuges, parejas de hecho, o hijos que padezcan una minusvalía y perciban pensión de orfandad o de invalidez no contributiva.

Según recoge el folleto, Euskadi ofrece las ayudas más altas del Estado, frente a Navarra, Cataluña, Andalucía o Asturias. Las personas que hayan sufrido de seis a doce meses de privación de libertad podrán recibir 7.200 euros y, por cada seis meses adicionales, 600 euros más, hasta alcanzar la cantidad máxima de 9.600 euros.

Los interesados deberán presentar un original o fotocopia compulsada del certificado expedido por la autoridad competente que acredite el tiempo de privación de libertad. Asimismo, se exigirá una declaración jurada de no haber percibido de otras administraciones públicas indemnización alguna por estos mismos hechos.