INTRODUCCION A LA ANTROPOLOGIA FORENSE
ANALISIS E IDENTIFICACION DE RESTOS OSEOS HUMANOS
JOSE VICENTE RODRIGUEZ CUENCA, Ph.D.
Departamento de Antropología
Universidad Nacional de Colombia
Santafé de Bogotá, 1994
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4. Colombia
En países como la Argentina la identificación de las víctimas y la denuncia de los victimarios ofrece cierto riesgo para la seguridad de los investigadores, a pesar de que los mismos gobiernos contemporáneos hayan promovido y auspiciado en parte la denuncia de los vejámenes dictatoriales. La situación para Colombia es diferente ya que los autores de las desapariciones no son fácilmente identificables; los victimarios bien pueden pertenecer a organismos de seguridad del Estado, narcoterroris-tas, grupos guerrilleros o a delincuentes comunes. Los restos óseos de las fosas comunes de Hoyo Malo y Hoyo Mamayo, Santander, Tacueyó, Cauca y otras localidades costeras pueden corresponder a víctimas de cualquiera de los protagonistas de la violencia en el país. En la misma capital cualquier persona puede ser víctima de atraco o abuso sexual, ser despojado de sus documentos de identi-dad y su cadáver arrojado a una alcantarilla, un canal, un botadero de basura o en pleno bosque, apareciendo al cabo de un tiempo su cuerpo completamente descompuesto por la acción del medio ambiente y depredadores, formando así parte de esa fatal masa de tumbas anónimas.
Un informe oficial de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal sintetiza algunas características de los desaparecidos en Colombia (El Tiempo, 24 de febrero de 1991).
"Desde comienzos de 1970 -dice el informe-, la desaparición de personas en Colombia dejó de ser un problema de índole perso-nal o familiar para convertirse en un fenómeno que trascendió las fronteras del Estado. La desaparición forzada como un método de ejecución de un hecho con fines de intimidación, es uno de los más graves problemas que afronta el Estado de derecho colombiano y por el cual las Cortes Internacionales demandan la aplicación de los correctivos necesarios que hagan posible atacar este fenómeno.
De acuerdo con la experiencia vivida en Colombia -continúa el Informe-, se reconocen por lo menos tres tipos genéricos de detención -secuestro- desaparición de personas. 1- El que pudié-ramos denominar de los desaparecidos absolutos, aquellos de quienes nunca más se vuelve a tener noticia de su paradero y resulta imposible encontrarlos, pese a los esfuerzos de los familiares y a las investigaciones judiciales. 2- Aquellos que al cabo de cierto tiempo,- a veces corto, a veces prolongado, son encontrados muertos y cuyos cadáveres pueden ser identificados. Generalmente, a las víctimas se les quita la vida, previa una fase de desaparición y tortura. 3- Los desaparecidos a quienes se logra recuperar vivos, bien porque se legalizan sus condiciones de presos y son encontrados en algún establecimiento carcelario, bien porque consiguen escapar de sus captores, bien porque los fines delictivos particulares o de delincuencia común se consi-guen sin necesidad de recurrir al asesinato".
Continuando con las estadísticas de este Informe, actualmen-te el Estado reactiva más de 4 000 casos de violación de los Derechos Humanos, entre ellos 439 desaparecidos, 1 007 homicidas, 80 casos de tortura y 47 matanzas. Ante esta situación la Direc-ción Nacional de Instrucción Criminal y unidades técnicas de Policía Judicial integradas por médicos, odontólogos, morfólogos, balísticos y fotógrafos asumieran esta clase de investigaciones, con el fin de obtener indicios sobre los casi 2 000 casos de desaparecidos reportados hasta el momento.
Según cálculos de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) la incidencia de la desaparición forzada ha crecido en los últimos gobiernos, adquiriendo proporciones masivas y sistemáticas "como un aspecto del desarrollo de lo que la opinión llama "la guerra sucia" (ASFADDES, semana por los Detenidos-Desaparecidos, junio 1-8 de 1990). Las cifras brindadas por ASFADDES de casos de detenidos - desaparecidos en gobiernos anteriores es la siguiente: gobierno de Turbay Ayala (1978-1982): 273 casos en cuatro años; gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986): 700 casos en tres años y ocho meses.
Por su parte, el Informe sobre Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación (1991) reporta los siguientes
casos :
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Año\período No. de Víctimas
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1985 - 1988 1012
1989 318
1990- 1991 (hasta abril) 465
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Total . . . . .... . . . 1 795
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Durante el 2? semestre de 1992 en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (información de la Dra. Alejandra Jiménez) se realizaron 4 062 necropsias por motivos violentos (heridas producidas por armas de fuego y blancas), llegando sin identificación 649 cadáveres, de los cuales se lograron identificar 516 y 133 quedaron en calidad de N.N. De otro lado, el Cuerpo Técnico de Investigación (información del Dr. César Carrillo) ha reportado entre el 1 de enero y el 16 de abril de 1993 un número de 323 N.N.
Así, la situación de N.N. y desaparecidos en Colombia constituye un problema nacional en donde la delincuencua común ha superado las estadísticas de carácter político exigiendo una gran demanda en especialistas en identificación de N.N. y restos esqueletizados, como también de unas políticas orientadas a sistematizar la información, a diseñar sitios adecuados que permitan una mejor localización de los innumerables cuerpos de N.N. que llegan a las fosas comunes y a tipificar jurídicamente los delitos relacionados con la desaparición por motivos políti-cos y delincuenciales.
De acuerdo al informe de la Procuraduría General de la Nación (septiembre 11 de 1991: 41-43) las víctimas son en su mayoría campesinos (27,4%), trabajadores independientes (14,1%), trabajadores del sector informal (5,0%), estudiantes (4,2%), miembros de las Fuerzas Armadas (4,5%) y otros. El más alto índice de desapariciones lo presenta el departamento del Valle del Cauca; le siguen Antioquia, Santander y Cundinamarca. En la mayoría de los casos los presuntos victimarios han sido identifi-cados como agentes de los organismos de seguridad del Estado. Los autores de las desapariciones, como bien lo subraya el informe de la Procuraduría (1991:41):
"trazan con premeditación el inter criminis no dejando rastro, huella o evidencia alguna que permitan establecer las circunstan-cias que rodearon el hecho; se ampara calculadamente la impunidad y se aprovecha el temor de los familiares y testigos que les impide denunciar directamente la desaparición, prefiriendo hacerlo a través de terceros; todo lo cual conduce a que la investigación sea ciertamente difícil frente a este tipo de violación de Dere-chos Humanos".
La nueva Constitución de Colombia de 1991 prohibe expresa-mente la "tortura y tratos o penas crueles o degradantes" que violen la integridad personal añadiendo además la norma según la cual "nadie será sometido a desaparición forzada", obligando a generar y fortalecer mecanismos de protección contra las viola-ciones que afecten el derecho a la libertad y el derecho a la vida. No obstante el Informe sobre Derechos Humanos de la Procu-raduría General de la Nación del 11 de septiembre de 1991 señala a las desapariciones forzadas como una "conducta de las más preocupantes y se caracteriza además por ser crónica y permanente ..." (p.41). En este sentido la Antropología forense mediante su proceso de identificación cumple una función social pues aporta las pruebas conducentes a la reconstrucción de la biografía biológica del individuo objeto de la desaparición.
En este contexto surge la reciente vinculación de la Antro-pología forense a las diligencias judiciales en nuestro país. En 1985 en la cueva de la Trementina, corregimiento de Becerril, departamento del Cesar, fueron hallados varios restos humanos que suscitaron una aguda controversia entre los vecinos del lugar y en los medios publicitarios. Se relacionaba su origen con activi-dades de vendettas entre contrabandistas de la frontera con Venezuela, víctimas de guerrilleros, militares, prácticas antro-pofágicas, etc. A solicitud de la Procuraduría General de la Nación, la Universidad Nacional comisionó al antropólogo, Dr. Gonzalo Correal Urrego para que colaborara con el reconocimiento de los restos óseos, dada su experiencia en la excavación y análisis de esqueletos prehispánicos. En las observaciones colaboraron los doctores Luis Alberto Pilonieta R. (Medicina Legal - Procuraduría - y José N. González (juez de Instrucción de Valledupar). Efectuados los análisis morfoscópicos y métricos de los esqueletos, se pudo evidenciar que por sus características encajaban en los parámetros de variación de los grupos indígenas, particularmente de los Yuko de la Sierra de Perijá. Esta
información aunada a los datos culturales, tales como la deforma-ción artificial del cráneo y la presencia de prácticas rituales nativas conllevaron a enfatizar el carácter indígena de estos restos (Correal, 1985). De esta manera, la vinculación por primera vez a un grupo forense de un antropólogo físico con amplia experiencia en la identificación de restos óseos prehispá-nicos, abrió la posibilidad de desarrollar esta disciplina en Colombia.
A partir de esta fecha las asesorías brindadas por antropó-logos físicos a funcionarios judiciales, han enriquecido a su vez, la experiencia forense de estos especialistas. Un caso interesante proveniente de Garzón, Huila, nos demostró en pala-bras del Dr. Egon Lichtenberger, que los huesos hablaban. En una cajita de 10 x 10 x 5 cm. se recibieron unos huesos completamente calcinados y fragmentados, con la solicitud de establecer si su pertenencia era humana o animal. La restauración de algunos fragmentos permitió reconstruir una parte del temporal izquierdo con huellas de incisión producidas por arma cortante; también parte de los parietales unidos por una sutura sagital completa-mente obliterada; la protuberancia occipital externa con huellas de granulosidad y parte de la cabeza y cuello del fémur derecho. El diagnóstico de edad y sexo permitió establecer que pertenecían a un individuo de sexo femenino de aproximadamente 60 años. El caso estaba relacionado con un homicidio cometido por el trabaja-dor de una finca, quien descuartizó a machetazos a su patrona, incinerándola posteriormente en el horno del trapiche. En estado de embriaguez el homicida había alcanzado a relatar algunas confidencias sobre el crimen, retractándose posteriormente confiado en que la acción de las llamas habían borrado cualquier evidencia. No obstante los pocos huesos que quedaron hablaron y contribuyeron al esclarecimiento del crimen.
Expuesta la necesidad de preparar funcionarios judiciales en labores de identificación de restos óseos en virtud de la cre-ciente oleada de cadáveres que aparecían en inmediaciones del río Cauca, y como consecuencia del descubrimiento de fosas comunes en el departamento de Santander, el departamento de Antropología de la Universidad Nacional programó la realización de varios semina-rios-talleres de Antropología forense, solicitados por la Divi-sión Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. En estos cursos recibieron entre-namiento patólogos forenses, odontólogos, morfólogos, balísticos y fotógrafos, contribuyendo a consolidar equipos interdisciplina-rios del CTI, distribuídos en distintas ciudades del país (Bogo-tá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla).
Hoy día la cátedra de Antropología forense se ha institucio-nalizado en la Escuela de Investigación Criminal y Criminalística de la Fiscalía General de la Nación. Allí se han dictado varios cursos en el marco de preparación de fiscales, investigadores profesionales y otros funcionarios judiciales. Sin embargo, los cursos han sido introductorios, básicos, y no reunen las exigen-cias requeridas en la formación de un investigador judicial que aborde la problemática de identificación de N.N. y restos esque-letizados de desaparecidos, a partir de una labor sistemática y óptima que permita recolectar la mayor cantidad de evidencias ante-peri-posmortem asociadas a la víctima que facilite la labor de investigación de las desapariciones accidentales (caso de las víctimas del volcán Galeras) como de los casos delincuenciales.
Conscientes de la necesidad de masificar los conocimientos de esta disciplina entre funcionarios judiciales, miembros de ONGs y la comunidad universitaria, se organizó en la Universidad Nacional en julio de 1993 el primer seminario internacional de Ciencias Forenses y Derechos Humanos, con la participación de colegas de la AAAs (R. Kirshner, D. Salcedo, C. C. Snow), EAAF (L. Fondebrider), de la Universidad de Manchester, Reino Unido (R. Neave) y del país Vasco (F. Etxeberría).
En éste contexto se propuso la apertura de un programa de posgrado en una rama de las Ciencias Forenses con el fin de llenar los vacíos existentes en la capacitación de personal, crear un espacio de discusión sobre los métodos y técnicas de distintas áreas forenses con el fin de consolidar la interdisci-plinariedad, acceder a la experiencia de equipos forenses tanto americanos como europeos, finalmente, capacitar a nuestro propios equipos en el país con el objeto de reducir los respectivos costos que se gastan en el exterior.
Los profesores vinculados al Equipo Colombiano de Antropolo-gía Forense (ECAF) han desarrollado una vasta experiencia docente tanto en la misma Universidad Nacional como en la Escuela de Investigación Criminal y Criminalística de la Fiscalía General de la Nación (antigua Unidad Docente del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial).
A nivel investigativo los estudios de restos óseos prehispá-nicos, incluyendo su osteología, enfermedades buco-dentales, osteopatología y reconstrucción del rostro, a través de los programas "El hombre y el medio ambiente Pleistocénico-Holocéni-co", "Análisis bioantropológico de los esqueletos de Soacha y otras colecciones óseas de Colombia", "Morbilidad oral en comuni-dades prehispánicas", "Estudio auxológico de la población colom-biana", "Patologías óseas prehispánicas" y "Galería de antepasa-dos prehispánicos", han permitido desarrollar la metodología necesaria para la identificación de restos óseos contemporáneos, la adquisición de materiales de referencias, la importación de instrumental osteométrico, la conformación de una infraestructura adecuada a las necesidades crecientes de la investigación, y lo que es más importante, la conformación de un equipo humano interdisciplinario.
El Instituto de Genética de la Universidad Nacional adelanta investigaciones encaminadas a analizar la estructura genética y la composición racial de los grupos mestizos e indígenas de Colombia, con el fin de montar un banco de datos con sus marcado-res genéticos , especialmente de aquellas poblaciones suscepti-bles a desaparición, como el personal militar y carcelario. Así se podrían aplicar procedi-mientos modernos en base a pruebas científi-cas al servicio de la Justi-cia (Ramos et al., 1993).
Por otra parte, el Instituto de Estudios Políticos y de Relaciones Internacionales (IEPRI), adelanta investigaciones en el campo de los derechos humanos (desaparición forzada, desplaza-dos, crímenes políticos, etc). Allí cuenta con una vasta informa-ción sobre las circunstancias de las víctimas de la violencia política del país.
A su vez, la Facultad de Derecho a través de sus programas de posgrado y de las investigaciones realizadas por sus docentes en el área de Derecho Penal, brindan un sólido sustento al componente jurídico del futuro posgrado en Antropología forense.
Otras Instituciones no vinculadas a la Universidad Nacional tales como el Instituto Colombiano de Antropología (ICAN) y FUNCOL han adelantado investigaciones jurídico-culturales en comunidades indígenas permitiendo abordar el tema de la Inimputa-bilidad Cultural. El interés por estos temas se refleja en el simposio organizado en el marco del VII Congreso Nacional de Antropología denominado "Los Derechos Humanos en la construcción de las Américas", en donde participó un miembro del EGAF (D. del Pino).
Actualmente la Fiscalía General de la Nación y la Universidad Nacional de Colombia estudian una propuesta de convenio de apoyo mutuo en asuntos forenses coordinado por la Escuela de Crimimalística e Investigación Criminal y el Departamento de Antropología, orientado a desarrollar el área docente de ambas instituciones mediante el concurso de profesores de distintas disciplinas de la Universidad (Antropología, Genética, Química, Derecho, etc). La Unidad Docente a su vez se compromete a apoyar el posgrado en Antropología forense en el área de Criminalística y Medicina forense.
Finalmente, con el ánimo de apoyar y desarrollar la labor científica forense el Laboratorio de Antropología física de la Universidad Nacional adelanta un programa de investigación en Antropología forense con los siguientes objetivos:
1. Estructurar un banco de datos óseo, tanto forense como prehispánico, con fines investigativos y académicos. El Laborato-rio posee una pequeña colección de restos óseos forenses que se está sistematizando para su estudio y prácticas docentes; sin embargo se considera pertinente la exhumación de tumbas recientes que nos brinden mayor información sobre la biografía biológica de la población contemporánea. Con éste fin se iniciará la excava-ción de algunas tumbas recientes en el Cementerio del Sur, con el apoyo de estudiantes de la Carrera de Antropología y de especia-listas de la Fiscalía General de la Nación.
2. Montar un banco de datos con las características somáti-cas, socioeconómicas y jurídicas de los desaparecidos y N.N. del país. Aquí contaremos con el apoyo del IEPRI, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Fiscalía General de la Nación y tesistas de la Carrera de Antropología.
3. Caracterizar a la población colombiana en cuanto a la variación del grosor del tejido blando y puntos de inserción muscular, investigación que proponemos iniciar con funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
4. Conformar una biblioteca especializada en temas forenses.
5. Incentivar la visita de expertos forenses de otros países para llenar los vacíos existentes, particularmente en radiología y osteopatología, reconstrucción facial forense y en DNA finger-print.
6. Editar un audiovisual y publicar manuales prácticos de Antropología forense.
7. Con base a lo anterior, introducir esta cátedra en Antropología, Medicina, Odontología y Derecho, tanto a nivel de pregrado como de posgrado.
8. Incentivar la investigación a través de programas de posgrado, mediante el apoyo financiero de la Fiscalía y otros organismos nacionales e internacionales.