El Gobierno inicia los trámites para restaurar el honor de Companys. El Consejo de Ministros decide dar prioridad a la anulación legislativa de las sentencias dictadas durante el franquismo
El Periódico de Catalunya - 15/10/2004

De la Vega afirma que se pretende dar "plena satisfacción moral" a quienes se vieron sometidos a "enjuiciamientos sin las mínimas reglas jurídicas"

agencias

Madrid.-- El Consejo de Ministros ha encomendado hoy a la comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo que dé prioridad en sus trabajos a la elaboración de las medidas legales necesarias para la anulación legislativa de sentencias dictadas durante la dictadura franquista.

Esta medida se ha adoptado tras analizar el informe presentado por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, sobre las solicitudes ya recibidas con esta petición.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha argumentado que la decisión está en línea con el contenido de la proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 28 de septiembre, por la que se instó al Gobierno a anunciar las acciones necesarias que permitan la anulación del consejo de guerra sumarísimo a que fue sometido el presidente de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys y a "rehabilitar públicamente su honor".

Comisión interministerial

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha recordado que el pasado 10 de septiembre se aprobó la constitución de una comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo con el objetivo de proponer las medidas legales que resulten necesarias para ofrecer el adecuado "reconocimiento moral".

Según De la Vega, la "enorme complejidad jurídica" que requieren estas peticiones, unida a la necesidad de "conciliar los valores constitucionales en juego", en especial los "principios de justicia y de seguridad jurídica", han llevado al Consejo de Ministros de hoy a encomendar a esta comisión la necesidad de articular una solución a estas demandas.

La vicepresidenta ha recalcado que la intención de estos trabajos será dar "plena satisfacción moral a quienes se vieron sometidos a procesos de enjuiciamiento claramente enfrentados a las mínimas reglas jurídicas que conforman la idea de un juicio justo".

Posteriormente, De le Vega ha explicado que esta iniciativa se tramitará como proyecto de ley, aunque no ha precisado los plazos para su articulación, debido que existen "dificultades" que impiden su aplicación automática. Lo que sí ha dejado claro la vicepresidenta es que, a la vista del informe de Justicia, existen vías para su tramitación, que se intentarán llevar a cabo dentro de "plazos razonables".