Amnistía pide una fiscalía especial para crímenes de la guerra civil
El Periódico - 19/07/2005

EVA CERVERA
BARCELONA

Amnistía Internacional (AI) solicitó ayer al Gobierno la creación de una fiscalía especializada en resolver casos de desapariciones y asesinatos cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista. Este uno de los puntos de un informe que AI hizo público ayer, 69° aniversario del golpe de estado de Franco, para "recordar la deuda pendiente que España tiene con las víctimas".
Según Guilia Tamayo, responsable de investigación de AI, la ley de amnistía de 1977, que permitió la excarcelación de presos políticos, "tuvo un efecto pernicioso: el perdón de los responsables franquistas y el olvido de crímenes contra la humanidad". El exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que asistió a la presentación del informe, consideró "legítimas las demandas de Aministía". "Los crímenes no han prescrito, porque aún no sabemos qué pasó ni dónde están las víctimas", añadió.


El Mundo
AI pide que se salde 'la deuda' con las víctimas de la Guerra Civil
PROPONE CREAR UNA FISCALÍA ESPECIALIZADA

CAROLINA GRACIA

MADRID.- "Han transcurrido 70 años desde la Guerra Civil, hace 30 que acabó el franquismo, y todos los gobiernos han dejado a las víctimas en el abandono". Esteban Beltrán, director en España de Amnistía Internacional, ha reclamado "poner fin al silencio y a la injusticia".

El elevado número de víctimas de la Guerra Civil convierte a esta contienda en "una de las mayores tragedias del siglo XX", ha manifestado Beltrán, quien ha explicado que es difícil saber el número exacto de personas afectadas porque "nunca ha habido una verdad oficial". Esta o­nG quiere dejar claro que "ni el paso del tiempo, ni actos políticos de perdón y olvido cancelan la responsabilidad del Estado hacia las víctimas y sus familias".

Por este motivo, Amnistía Internacional pide al Gobierno español que adopte medidas para garantizar la memoria colectiva respecto a los crímenes del pasado y para reparar todos los daños causados. "Es tarde para muchos, pero no para todos" ha declarado Beltrán.

"Mi padre y mi hermano fueron fusilados durante la Guerra Civil y mi familia todavía busca los restos", ha revelado Tomasi Redondo, una víctima que ha hablado de su caso durante la presentación del informe. "Nos dejaron en la "miseria total", asegura esta mujer que todavía lleva en su rostro el sello de la rabia y del dolor.

Pero ésta es sólo una de las miles de tragedias que esconden la Guerra Civil y la dictadura franquista, que siempre permanecerán en la mente de las víctimas y con las que Amnistía considera que el Gobierno tiene que saldar "la deuda pendiente".

Beltrán se ha quejado de que, "aunque el año pasado el Ejecutivo creó una comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, ésta aún no ha presentado sus resultados según los plazos inicialmente previstos".

Propuestas al Gobierno

El informe de Amnistía Internacional recoge sugerencias destinadas al Gobierno como "la necesidad de disponer los recursos para la localización de fosas, exhumación de cadáveres, identificación de restos y su restitución a las familias".

Asimismo, esta o­nG considera necesario velar por la preservación de archivos, la accesibilidad a estos por parte de los familiares de las víctimas y la creación de un órgano oficial temporal, de carácter no judicial, para investigar los crímenes cometidos.

El texto del informe también propone la constitución de una fiscalía especializada que, según Amnistía Internacional, "debe impulsar una investigación que esclarezca qué pasó con las víctimas de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales".

Sobre las sentencias dictadas a través de consejos de guerra militares, Esteban Beltrán ha expresado que fueron "procesos injustos" y ha incidido en la necesidad de que se adopten "medidas legislativas dirigidas a su nulidad".

Beltrán ha considerado una paradoja que "el país que pidió la extradición de Pinochet y cuya Audiencia Nacional ha condenado recientemente al ex militar argentino Scilingo por crímenes de lesa humanidad no haya sido capaz de ofrecer verdad, justicia y reparación para sus propias víctimas".

Conclusiones

En las tres últimas décadas, el lugar que debía ocupar la verdad respecto de los crímenes del pasado ha pretendido ser llenado por el silencio y, en algunos casos, la negación, en ausencia de una investigación exhaustiva e imparcial sobre los crímenes cometidos con independencia del bando al que hubieran pertenecido los autores de tales crímenes o sus víctimas. En lugar de una política de reparación, el Estado se limitó a medidas puntuales sometidas a condiciones y términos restrictivos, en donde la causalidad de las compensaciones no derivó de la condición reconocida de víctima de graves abusos contra los derechos humanos, sino como concesión administrativa para dar por satisfechas las necesidades de una reconciliación sin justicia. Las compensaciones económicas apenas respondieron a la extrema vulnerabilidad social en la que, luego de padecer persecución y cárcel por el régimen franquista, quedaron numerosas mujeres, varones y sus dependientes. Tales medidas no tomaron como referencia la obligación de reparar en términos proporcionales de acuerdo a la naturaleza y a la gravedad de los abusos, ni de dirigirse contra quienes hubieran sido sus responsables. Incluso tales respuestas fueron gravemente dilatadas en el tiempo o acabarontrasladadas a la iniciativa de las administraciones autonómicas y locales. Las posibilidades de obtener los pocos y tardíos reconocimientos dispuestos, dependieron de la capacidad de quienes pudieron aportar documentación, cuestión dificultada por las condiciones de los archivos y registros que el propio Estado no se ocupó de conservar. A ello se añade la labor de sustracción y alteración de información relevante que el propio régimen franquista llevó a cabo con la finalidad de encubrimiento. Pese al carácter sistemático de la tortura durante la represión franquista no se reconoció ni se reparó a las víctimas de tales abusos, ni por tanto fueron contempladas garantías de no repetición cuyos alcances generales debían cumplir una función preventiva. Por el contrario, permanecieron en activo señalados autores de haber perpetrado tales abusos. La situación de las personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente, cuyos restos permanecían en fosas comunes y clandestinas, no fue asumida como tarea del Estado: lo que motivó que las familias emprendieran como búsqueda privada lo que era una obligación pública. Las familias y sus asociaciones se vieron obligadas a realizar las tareas de localizar las fosas, identificar los restos y exhumarlos, sin que el Estado comprometiera la acción de las instituciones públicas ni asumiera su elemental responsabilidad de poner fin a las dificultades de la búsqueda. Quienes persiguieron la revisión y anulación de sentencias de personas ejecutadas bajo procesos injustos, se encontraron en los tribunales con una cerrada defensa de la “cosa juzgada" y de la validez de los fallos en aplicación de la “legalidad" entonces vigente. El derecho a la reparación, que comprende indemnización por los daños, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición no fue tutelado por la administración de justicia ni considerado a través de medidas generales o mecanismos no judicial alguno complementario a la labor judicial. El Estado español privó de recursos efectivos para alcanzar verdad justicia y reparación a numerosas víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, lo que constituye una segunda vulneración de derechos internacionalmente reconocidos. Situación que se ha prolongado en el tiempo más allá de la transición llegando hasta la actualidad. Ni la memoria colectiva sobre los crímenes del pasado ni los derechos de las víctimas han sido parte de una respuesta que se corresponda con la responsabilidad unitaria del Estado para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales. No ha existido en España una política de Estado para responder al derecho de las víctimas a una reparación en sus dimensiones individual y colectiva, y conforme a los componentes exigidos por las   normas internacionales. La respuesta del Estado español hacia las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo ha sido bajo categorías que no dan cuenta de la naturaleza y la gravedad de los hechos ilícitos reconocidos como tales por el derecho internacional. Los limitados reconocimientos simbólicos o económicos han sido desarticulados, insuficientes y tardíos.

Informe completo: http://www.es.amnesty.org/esp/docs/victimas_franquismo.pdf