El hispanista Paul Preston avala los recursos de las víctimas del franquismo
El Correo Digital - 8 de marzo de 2005

REPUTADO. Paul Preston dedica uno de sus libros. / VICENS GIMÉNEZ

El prestigioso historiador apoya los informes presentados en el juzgado contra las ayudas del Gobierno vasco

IÑAKI CASTRO/BILBAO

El hispanista Paul Preston encabeza un grupo de reconocidos historiadores que han avalado los recursos presentados por las víctimas del franquismo contra el Gobierno vasco. El reputado especialista británico, autor de varios libros sobre la Guerra Civil y la represión de la dictadura, ha apoyado el contenido de los tres informes que acompañan las denuncias presentadas por los represaliados en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). De momento, más de 300 personas han remitido al juzgado sus demandas contra los criterios de adjudicación del plan de ayudas del Ejecutivo autónomo.

El portavoz de la asociación de víctimas Geureak 1936, Mikel Urquijo, explicó ayer que solicitaron el respaldo de Preston y otros historiadores de fuera de Euskadi para evitar sospechas de «posibles intereses familiares» si acudían a expertos vascos. «Es como si Lance Armstrong avalase la Vuelta al País Vasco», resumió el representante de la agrupación de represaliados, que también cuenta con el apoyo de la Asociación de historiadores contemporáneos.

Preston, autor de una biografía del Rey y otra de Franco, suscribe con una carta los tres informes recopilados por Geureak para rebatir el plan de compensaciones del Gobierno vasco. Según detalló Urquijo, los estudios «desmontan» dos de los principales argumentos utilizados por el Departamento de Asuntos Sociales para denegar la concesión de ayudas.

El primer «disparate» del Gobierno vasco es considerar a los batallones de trabajo como una variante del servicio militar. A juicio de Urquijo, esta tesis coloca a los responsables de Asuntos Sociales en la línea de «las corrientes revisionistas de la extrema derecha europea». Por ello, reclaman que se reconozca que estos represaliados sufrieron penas «privativas de libertad», algo que ya hizo la Junta de Andalucía y que permitiría su acceso a las compensaciones.

Campos de concentración

El segundo argumento que intenta inutilizar Geureak es la petición de documentación para los soldados recluidos en «campos de concentración y trabajos forzados». En este caso, Urquijo asegura que «en muchos centros no se emitía ningún tipo de certificado» cuando los militares eran detenidos. El portavoz de Geureak, sin embargo, sostiene que el Ejecutivo de Vitoria «ha denegado» muchas solicitudes por esta razón.

En cuanto a la evolución del proceso judicial, Urquijo detalló que en las próximas semanas entregarán al tribunal las «pruebas documentales» de 41 expedientes. Aun sí, urgió al Gobierno vasco a «ofrecer una solución» porque buena parte de las víctimas han fallecido desde que se puso en marcha el plan de compensaciones. «No sabemos cuántos van a llegar al final, pero la estrategia de agotamiento de Asuntos Sociales deja mucho que desear», lamentó el portavoz.

Las denuncias

Expedientes: Más de 300 solicitantes a los que les han denegado las ayudas han acudido a los tribunales. Medio centenar de ellos ya han pasado los trámites previos.

Análisis: Según el estudio de Geureak, el 41% de los 48 recursos más avanzados se corresponden a batallones disciplinarios y el 36% fueron rechazados por falta de documentación.

Apuesta por el modelo catalán

El portavoz de Geureak 1936, Mikel Urquijo, indicó ayer que los recursos judiciales incorporan una «vía de solución» para acabar con la cascada de reclamaciones. El representante de la agrupación apuesta por seguir el modelo impulsado en Cataluña para la concesión de ayudas a las víctimas del franquismo. Este sistema deja en manos de historiadores la certificación de la veracidad de una solicitud de compensación cuando no existe documentación.

Urquijo explicó que los encargados de verificar los relatos de los represaliados son los especialistas del Centro de Historia Contemporánea de Cataluña. Tras escuchar a las víctimas, los especialistas analizan la autenticidad de la historia con el cotejo de fechas y lugares. De este modo, concluyen si el solicitante sufrió «privación de libertad».