Decenas de colectivos instarán a Barberá a parar las obras de los nichos
Valencia, manifestación 13 de mayo de 2006 - Hoy Digital

Más de 36 organizaciones de carácter político, social y sindical se manifestarán el próximo sábado en Valencia para "reivindicar la validez de la República como modelo de Estado", al tiempo que darán un "toque de atención" al Ayuntamiento de la ciudad para que desista de llevar a cabo la construcción de 1.020 nichos sobre la última fosa común del Cementerio General en la que fueron enterradas víctimas del franquismo. Estas obras fueron paralizadas este martes cautelarmente por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Valencia tras la denuncia presentada por el Fòrum per la Memòria del País Valencià.

Al respecto, el portavoz de la Coordinadora del País Valencià per la República, entidad organizadora de la convocatoria, César Lledó, explicó que harán "especial énfasis" en la "polémica" suscitada por la decisión del consistorio valenciano de construir un total de 1.020 nichos sobre una fosa en la que fueron enterrados "miles de republicanos".

Así, Lledó apuntó que durante esta manifestación "unitaria", convocada con motivo del 75 aniversario de la proclamación de la II República, transmitirán al Ayuntamiento de Valencia el "sentir mayoritario de la ciudadanía" e instarán a Barberá a que "respete a aquellas personas que en su momento lucharon por la libertad y la democracia", por lo que le pedirán que paralice las obras.

La manifestación, que partirá de la Plaza de San Agustín a las 17.00 horas del próximo sábado 13 de mayo, tiene como objetivo "reivindicar la validez de la República como modelo de Estado que puede garantizar una profundización democrática", así como "la resolución de una serie de problemas que quedan pendientes en el Estado español".

En total, 11 organizaciones en calidad de convocantes, y otras 25 como entidades que respaldan la convocatoria, participarán en el acto del fin de semana, que finalizará en la Plaza del Patriarca, lugar escogido por su carácter simbólico, ya que allí se ubica la sede de la Universitat de València, edificio que albergó el Ministerio de Cultura durante la guerra civil. Como conclusión, se leerá un manifiesto y actuará el cantante Pau Alabajos y el grupo musical 'Verd Cel' entre otros.

Por su parte la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, manifestó que el auto es una "actuación automática" sin "ninguna reflexión sobre el tema". Barberá destacó, al ser preguntada por esta resolución, que "siempre" ha acatado las resoluciones judiciales, por lo que sostuvo que "en esta ocasión, no ha podido ser otra manera".

La primera edil señaló que la actuación judicial responde a lo que "marca la ley" e indicó que el próximo viernes --día en el que el juzgado ha citado a las partes, el Fórum per la Memòria y el Ayuntamiento de Valencia, para comparecer-- se verá "si se mantiene o no se mantiene" la acción cautelar.

Finalmente la ministra de Cultura, Carmen Calvo, aseguró que su departamento no descarta emplear sus competencias constitucionales si lo considera necesario para proteger el cementerio civil de Valencia, donde entre otros restos se encuentra una fosa común de la Guerra Civil, puesto que "se trata del respeto a la memoria que, de paso, es la verdad de la historia de este país" y la cuestión "trasciende" el terreno de lo patrimonial.

Carmen Calvo explicó en primer lugar que la Comunidad tiene transferida la competencia de la tutela efectiva sobre el patrimonio histórico. "Pero hablamos de poder estar delante de una posible fosa común de represaliados de la Guerra Civil y de la memoria histórica de las víctimas. Trasciende a los elementos de protección puramente patrimonial, entramos en el terreno del respeto y de la sensibilidad de las personas, de sus familiares y de la memoria de este país", añadió.

Sobre el pronunciamiento del Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo de Valencia la ministra aseguró que por el momento la justicia "ha colocado las cosas en un sentido de prudencia" y que toca "esperar acontecimientos", pero aclaró que "llegado el caso" el Gobierno central tiene competencias constitucionales para intervenir, "estaríamos dispuestos a aportar nuestra cuota de responsabilidad".