Indemnizaciones País Vasco. Elaboran un nuevo decreto para indemnizar a otros 250 represaliados del franquismo
El Correo Digital - 01/02/2006

El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales tiene prácticamente listo un nuevo decreto sobre ayudas a las víctimas del franquismo dirigido a unas 250 personas que fueron rechazadas por haber presentado la documentación fuera de plazo. Esta iniciativa había sido reclamada por el Ararteko en un informe en el que también pidió que el paso por batallones de trabajos forzados se considere igual que la prisión. En su día, el Gobierno vasco lo había interpretado como hacer la mili y por ese motivo denegó las solicitudes de más 800 personas. Ahora les entregará el dinero, aunque, en este grupo, lo hará sin recurrir a una nueva normativa, sino anulando las resoluciones negativas.

Fuentes del Departamento de Vivienda, dirigido por Javier Madrazo, explicaron que el nuevo decreto para quienes quedaron fuera de plazo ya está redactado y ha recibido un informe jurídico favorable. Acaba de pasar a la oficina de control normativo para cumplir el último trámite antes de ser enviado al Consejo de Gobierno y recibir la aprobación definitiva. El texto establece los mismos requisitos que el anterior decreto, promulgado en noviembre de 2002, pero corrige algunos problemas que se han planteado desde entonces.

Los beneficiarios serán las personas que tenían 65 años en 2002 y que pasaron al menos seis meses en la cárcel o realizando trabajos forzados. Sin embargo, esta vez el dinero se entregará a medida que los expedientes se vayan resolviendo, sin esperar a que estén todos terminados. Esto había originado multitud de quejas entre los beneficiarios. Del mismo modo, si la persona que presentó la solicitud hubiera fallecido, los derechos posteriores recaerán en los herederos. Al cabo de más de tres años, las ayudas han alcanzado a 3.180 personas, mientras que unas 5.000 demandas fueron desestimadas.

El asunto de las víctimas del franquismo se va a debatir hoy en una comisión del Parlamento vasco a instancias del grupo socialista. El PSE-EE reclama, precisamente, una nueva regulación para las indemnizaciones que no ponga un tope de seis meses de privación de libertad, sino que se regule también «un periodo de 1 a 179 días». La idea sería establecer un mínimo e indemnizarlo con el principio de proporcionalidad.