TOLEDO, 24 Ene 2003. (EUROPA PRESS)

El coordinador regional de IU, Cayo Lara, ha pedido en una carta al presidente autonómico, José Bono, que su Gobierno supere la "desidia" de la que hasta ahora "ha hecho gala" y corrija la normativa del Decreto 31/2002 para conceder indemnizaciones a las personas que sufrieron prisión por "sus inquietudes o posicionamiento político" durante la Guerra Civil y la dictadura.

En la misiva, remitida a los medios de comunicación, Lara considera "imprescindible" que se modifiquen algunos aspectos del decreto para que los afectados "consigan un pleno reconocimiento", algo para lo que es necesario que el Ejecutivo autonómico tenga "verdadera voluntad política de conceder las necesarias y oportunas indemnizaciones".

Así, Lara propone como "imprescindible" que, ante los problemas que han surgido para determinar el tiempo de permanencia de los posibles beneficiarios en establecimientos penitenciarios, "se admita el testimonio de testigos presenciales o las declaraciones juradas de los familiares".

Además, el coordinador de IU recuerda que el Consejo de Gobierno tardó quince meses, y no seis como establecieron las Cortes, para elaborar un censo de castellano-manchegos que podían acogerse a estas indeminizaciones, por lo que exige que aquellos afectados y potenciales beneficiarios que hubieran fallecido a partir de acabarse el plazo inicial "tengan los mismos derechos" que los que sí se han acogido a la normativa.

También sobre los plazos para acogerse al Decreto, en la carta se plantea que se reabra la convocatoria ya que siguen apareciendo nuevos casos de personas "que no han tenido información" alguna al respecto.

MAYOR CUANTÍAS Y MÁS BENEFICIARIOS.

De otro lado, Cayo Lara opina que la distribución de las ayudas "no es la más idónea", y pide que sean proporcionales al período de encarcelamiento, con una cantidad fija por mes, además de aumentarlas por estimarlas "escasas".

En el capítulo de posibles beneficiarios, además de aquellos que contempla el Decreto, se exige la inclusión de cualquier heredero o familiar directo, eliminándose además el requisito de empadronamiento en un municipio de Castilla-La Mancha un año antes de la convocatoria, ya que --a juicio de Lara-- "se impide acceder a las ayudas a personas que se vieron obligados o forzados a abandonar su localidad".

Finalmente, el coordinador de la coalición izquierdista cree que todos los afectados por esta normativa "son merecedores" de que sus nombres y apellidos sean publicados en el Diario Oficial de la región, y propone que les sea concedido el premio "Abogados de Atocha 2003", que en su pasada edición, la primera, recayó en el presidente del Foro de Ermua, Vidal de Nicolás.