La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo,a pesar del informe en contra del fiscal, ha aceptado a trámite la revisión del consejo de guerra que condujo al fusilamiento en Paterna (Valencia) de un matrimonio, ambos militantes del POUM durante la guerra civil. Se trataba de Armando Muñiz y Águeda Campos, de 32 y 26 años. Los dos fueron fusilados el 6 de Abril de 1941 tras un consejo de guerra sumarísimo que les condenó a muerte, acusados de asesinato y de incitación y ayuda a la rebelión. Ahora, más de 60 años después, el Supremo ha aceptado por vez primera un recurso de esta naturaleza, algo sin precedentes judiciales. Vicente Muñiz Campos, hijo del matrimonio fusilado en pleno terror franquista,vecino de Puerto de Sagunto, ha logrado lo que se proponía desde hace muchos años.

Según ha informado José Manuel Rambla, en el diario "Levante", al estallar la guerra, Armando y Águeda entraron a trabajar para el POUM -él como chófer y ella de conserje- en un edificio en la calle Pizarro, incautado a una familia de la alta burguesía valenciana. Al ser llamado a filas, Armando marchó voluntario al frente donde conocería las penalidades de la guerra y la persecución estalinista que llevaría al joven poumista a un batallón
disciplinario del que fue liberado para regresar como chófer a Valencia. La victoria de Franco llevó a Valencia, junto a las tropas nacionales, a los antiguos propietarios del edificio incautado, que el 16 de abril de 1939 denunciarían el robo de enseres en la finca. Varios militantes del POUM fueron detenidos, entre ellos Armando, que ingresó en San Miguel de los Reyes, y Águeda que, con sus hijos, será encerrada en el Convento de Santa
Clara. Pero lo que comenzó como un proceso por robo daría un brusco viraje cuando un testigo afirme «haber oído» que Águeda dijo en una ocasión que había matado a tres mujeres. Pero no había ningún testigo de ello, ni se sabía cuándo ni dónde había ocurrido. Ni siquiera, existía algún cadáver por identificar. Pero esta falta de pruebas no impidió su condena a muerte. Vicente Muñiz recuerda aún con dolor cómo les sacaron del convento de Santa Clara, para ver por última vez a su padre: «En la sala donde estaba mi padre había tanta gente que no se podía pasar, así que me llevaron en volandas por encima de las cabezas hasta donde él estaba, luego me sacaron igual y entraron a mi hermano. Nunca más los volvimos a ver». Para ambos hermanos comenzó entonces un calvario en mitad de la dura posguerra que les llevaría finalmente a un hospicio. Desde hace años, Muñiz lleva peleando por que se revise el caso de sus padres. «Se les fusiló por unos crímenes que no cometieron y por una rebelión que, en realidad, habían hecho quienes se alzaron contra la República y les condenaron», comenta. Este afán le llevó a interminables gestiones ante Capitanía General de Valencia y a innumerables cartas al Gobierno. Fruto de ello, el por entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, le indicó en una carta sus peticiones sólo podían abordarse por la vía judicial y eso hizo. A pesar de que hasta ahora ninguna petición de estas características había logrado ser admitida, el abogado Emilio Adán aceptó llevar el caso. «Se les condenó por unos crímenes que nunca se demostraron, generando aquella sentencia un daño moral que merece ser resarcido y sus hijos están legitimados para reclamarlo», comenta. El letrado ha centrado su defensa en que durante el proceso se conculcó la presunción de inocencia reconocida actualmente en la Constitución. Felicitamos a Vicente Muñiz Campos y a su abogado y esperamos que logren lo que se proponen. Nosotros, en particular los que por edad llegaron a conocer a Armando y Águeda, esperamos que se repare el crimen que se cometió con ellos.

Esta decisión del Supremo ha supuesto una inyección de moral para otras iniciativas que reclaman la reapertura de los sumarios de otras víctimas fusiladas en Paterna. Este es el caso de una comisión cívica impulsada desde Mataró para restituir la memoria del dirigente sindical Joan Peiró. que fuera ministro de CNT de uno de los gobiernos republicanos durante la Guerra Civil que fue fusilado en Paterna en 1942. Además de diversos actos de homenaje realizados durante 2002 coincidiendo con el 60 aniversario de su ejecución, la comisión está promoviendo junto a Guillermina Peiró, hija del dirigente anarquista, la petición de revisión de la sentencia. Una
iniciativa que, además, cuenta con el respaldo del Parlamento de Cataluña que el pasado año acordó ayudar económicamente a la familia de Peiró y de otros siete sindicalistas catalanes que fueron ejecutados durante el
franquismo para que se reabran sus casos.